domingo, 30 de junio de 2013

PUEBLOS INDIGENAS. DERECHOS POLITICOS Y ELECTORALES. PROGRAMA DE LA PROMOCION Y PARTICIPACION POLITICO ELECTORAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Poder Judicial de la Nación
ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO: En Buenos
Aires a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, se reúnen en acuerdo extraordinario en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Alberto Ricardo Dalla Via, Rodolfo Emilio Munné y Santiago Hernán Corcuera, actuando los señores Secretarios de la Cámara doctores Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel. Abierto el acto por el señor Presidente doctor Alberto Ricardo Dalla Via,
CONSIDERARON:
1º) Que el artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce en su inciso 17 la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y en consecuencia, garantiza “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. A su vez, reconoce “la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y encomienda “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Agrega que “ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. Asimismo, asegura “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.-
En ese marco, la tutela constitucional de la participación de los pueblos originarios en la gestión referida a los intereses que los afecten, es un aspecto que indudablemente incluye el pleno ejercicio de la ciudadanía y las diversas formas de participación político-electoral, mediante los instrumentos de democracia directa y representativa previstos en la legislación vigente en los distintos órdenes institucionales.-
Por otra parte, mediante la ley 24.071, nuestro país aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “Pueblos indígenas y tribales en países independientes”. Este instrumento prevé, entre otras cuestiones, que los Estados deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6º, ap. 1, inc. “a”); y que deben establecerse “los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan” (ap. 1, inc “b”).-
Complementariamente, establece que el reconocimiento de sus costumbres y derecho consuetudinario, así como también el derecho de conservar sus instituciones propias, “no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes” (art. 8º, inc 3).-
2°) Que, asimismo, este Tribunal ha puesto reiteradamente de relieve la importancia del ejercicio del sufragio activo en el sistema democrático, “en tanto constituye la función constitucional a través de la cual el cuerpo electoral expresa la voluntad soberana de la Nación (cf. Fallos 312:2192) y determina el carácter representativo de las autoridades (cf. Fallos 319:1645)” (cf. Fallos CNE 3033/02; 3072/02; 3142/03; 3268/03; 3326/04 y 4026/08, entre otros).-
En análogo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “[e]l derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán” (cf. Caso “YATAMA vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005).-
Ello así pues, “[l]o que determina en última instancia si una elección es ‘libre’ es el grado en que facilita la plena expresión de la voluntad política del pueblo [...], [la que] después de todo, [...] constituye la base de la autoridad legítima del poder público (cf. “Los Derechos Humanos y las Elecciones. Manual sobre los aspectos jurídicos, técnicos y de derechos humanos referentes a las elecciones”, Serie de Capacitación Nº 2, Centro de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 1994, párr. 62, pág. 10).-
3°) Que, en diversas circunstancias este Tribunal ha abordado, tanto en su actuación jurisdiccional como administrativa, la participación política de los miembros de los pueblos originarios.-
A modo de ejemplo, en el precedente que se registra en Fallos CNE 4283/09, se resolvió una causa vinculada con la denuncia de actos de clientelismo y manipulación electoral, poniendo particularmente de relieve la gravedad derivada de que “los hechos denunciados en la presente causa involucr[e]n a un gran número de integrantes de pueblos originarios [...]”.-
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia que involucraba los derechos de participación política de los miembros de comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua, caso YATAMA vs. Nicaragua –ya aludido-, destacó que “[e]s indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación” (cf. párr. 195).-
En el que añadió que “[d]icha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales” (cf. párr. 201), dado que “se debe tomar en consideración que se trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas [...], quienes se diferencian de la mayoría de la población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, y enfrentan serias dificultades que los mantienen en una situación de vulnerabilidad y marginalidad” (cf. párr. 202).-
Asimismo, el mencionado Tribunal internacional, ha enfatizado que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta [las] particularidades propias [de los pueblos indígenas], sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres” (cf. caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 63). Ello implica, como se expresó en el precedente registrado en Fallos CNE 4283/09, ya citado, el establecimiento de determinadas medidas con el fin de procurar en la práctica la igualdad de oportunidades que permitan corregir las situaciones que son el resultado de conductas discriminatorias”.-
4°) Que, por otro lado, cabe recordar que mediante la Acordada 128/09, relativa a la capacitación cívico electoral, esta Cámara ha expresado que “todo programa educativo que oriente sus acciones hacia el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de los valores democráticos, debe considerar los rasgos culturales como un elemento esencial para su planificación. En este sentido, el respeto a las culturas originarias ha de ser el factor que determine un segmento particular de instrucción electoral, los pueblos originarios. A tal fin, resulta idóneo diseñar nuevas herramientas de capacitación que propendan a preservar su identidad”.-
5°) Que, sin perjuicio de lo anterior, en esta instancia resulta conveniente encaminar de modo más integral y orgánico el abordaje de la participación política de los pueblos originarios, promoviendo -en el marco de la competencia de la justicia nacional electoral- las acciones que resulten conducentes para favorecer el pleno ejercicio del derecho al sufragio y de las demás prerrogativas político-electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas.-
6°) Que, en función de lo expuesto, resulta conveniente crear el “Programa de Promoción de la participación político electoral de los pueblos indígenas”, orientado a la evaluación, proposición y adopción de medidas que favorezcan el ejercicio de los derechos político-electorales por parte de los miembros de las comunidades indígenas.-
A tal fin, sin perjuicio de las diversas acciones que puedan implementarse en lo sucesivo, tales medidas comprenderán la identificación geográfica de las comunidades indígenas en la cartografía electoral vigente, a fin de promover la conformación de circuitos electorales que contemplen la individualidad de cada comunidad. En cuanto sea posible, la designación de autoridades de mesa bilingües o seleccionadas entre miembros de la propia comunidad y la elaboración de material electoral complementario en la lengua del respectivo pueblo originario. Finalmente, la selección de establecimientos de votación adecuados para así –en miras del espíritu y voluntad del Programa- favorecer la concurrencia por parte de los integrantes de todas las comunidades.-
7°) Que, todo lo expuesto precedentemente evidencia a su vez la necesidad de articular la cooperación interinstitucional con organismos o entidades competentes en la implementación de políticas públicas orientadas a los pueblos originarios, tales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas -a cuyo cargo se encuentran el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I.) y el Registro
Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI)-, el Ministerio de Educación -en el marco del programa de Educación Intercultural Bilingüe (ley 26.206)-; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en relación con la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI); el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), entre otros; así como también con los organismos provinciales pertinentes y, naturalmente, con las propias comunidades interesadas.-
8°) Que, finalmente, no puede dejar de mencionarse que la presente iniciativa constituye también, de modo secundario y accesorio, un modo de rendir homenaje al centenario de la ley Sáenz Peña, que promovió la consagración del sufragio universal -aun cuando esa “universalidad” se entendiera en el restringido sentido propio de su época-, pues aquella centenaria ley constituyó el punto de partida en la evolución de los derechos político-electorales en nuestro país.-
En efecto, al implementar el carácter universal del sufragio, la ley Sáenz Peña ha inspirado otras normas que extendieron luego la composición del cuerpo electoral (cf. Acordada 23/12 CNE), como ocurrió -por ejemplo- con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones del año 1951 (ley 13.010); la inclusión al cuerpo electoral de los habitantes de los territorios nacionales; el voto de los argentinos residentes en el exterior (ley 24.007), el voto de los detenidos sin condena (ley 25.858); y el voto a los 16 años (ley 26.774), entre otras acciones menos relevantes o visibles tendientes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo -dentro de lo previsto por nuestra Constitución Nacional- la participación electoral.-
Por ello,
ACORDARON:
1º) Crear el Programa de Promoción de la participación político electoral de los pueblos indígenas; el que comprende las actitudes, acciones y procedimientos mencionados en el considerando 7º y las que en lo sucesivo se dispusiere.-
2°) Poner en conocimiento de los señores jueces con competencia electoral, solicitándoles que -sin perjuicio de las medidas que se adoptaren con alcance general- arbitren en sus respectivas jurisdicciones las medidas que estimen pertinentes en el marco del Programa y provean al Tribunal toda aquella información que resulte relevante en relación con ello.-
Ofíciese a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y, por su intermedio, póngase en conocimiento de las comunidades indígenas inscriptas. Oportunamente, comuníquese a las Juntas Electorales Nacionales a través de los señores jueces federales electorales. Con lo que se dio por terminado el acto.
Fdo.: DR. ALBERTO RICARDO DALLA VIA, Presidente - DR. RODOLFO EMILIO MUNNÉ, Vicepresidente - DR. SANTIAGO HERNÁN CORCUERA, Juez de Cámara.
Ante nos, HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación Judicial - SEBASTIÁN SCHIMMEL, Secretario de Actuación Electoral.

PARA LOS TRABAJADORES AGRARIOS Y EMPLEADORES AGRARIOS!!!

Resolución Nº 187/2013
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
Bs. As., 19/06/2013
Fecha de Publicación: B.O. 28/06/2013
VISTO el Expte. Nº 4135/13, las Leyes Nº 25.191 modificada por la Ley Nº 26.727, los Decretos Nº 300 y Nº 301, ambos de fecha 21 de marzo de 2013 reglamentarios de las citadas Leyes, el Decreto Nº 1478 de fecha 24 de agosto de 2012, Resolución DG RENATEA Nº 110 de fecha 7 de febrero de 2013, y..." 

jueves, 27 de junio de 2013

FALLO DE FAMILIA JUZGADO 86 PUBLICADO EN INFOJUS

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NAC. DE 1RA. INST. CIVIL Nº 86
38316/2012 38316/2012 38316/2012
NN O D NN O D G MG M B M S/ INSCRIPCION DE NACIMIENTO
 Buenos Aires, 18 de junio 2013.
Vistos y Considerando:
 RESUELVO: Acceder a la demanda.   Proceder a la Inscripción del nacimiento de niña B M D G M, nacida el 19 de abril 2012 en Instituto Argentino del G M, Diagnóstico, en esta Ciudad  como hija de  J L D G D G y M S MS MS M.  A tales efectos, líbrese oficio al Registro del estado civil cumpliendo los recaudos señalados a fs. 54. Notifíquese  a los a los a los a los Ministerios Públicos en sus despachos. Oportunamente,  archívese.  María Bacigalupo de Girard. Juez Nacional en lo  Civil.
Secretaria: Mariana Julieta Fortuna

CEDIN : REGLAMENTACION publicado en el BO

Resolución General 620/2013
Comisión Nacional de Valores
Bs. As., 26/06/2013
Fecha de Publicación: B.O. 27/06/2013
VISTO el expediente Nº 1551/13 caratulado “PROYECTO DE RESOLUCION GENERAL s/REGLAMENTACION NEGOCIACION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO PARA INVERSION (CEDIN)”, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.860 autoriza al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA a emitir el “CERTIFICADO DE DEPOSITO PARA INVERSION” (en adelante “CEDIN”) en dólares estadounidenses.
Que de acuerdo con los objetivos y principios fundamentales indicados en el artículo 1° de la Ley Nº 26.831, es función principal de la COMISION NACIONAL DE VALORES promover el desarrollo del mercado de capitales, favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional con canales adecuados de información, transparencia y protección del inversor.
Que la Ley Nº 26.831 establece el régimen de oferta pública de valores negociables, definiendo a los mismos en su artículo 2° como títulos valores emitidos tanto en forma cartular, así como aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las acciones, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros.
Que el CEDIN, según define la Ley Nº 26.860 en su artículo 2°, es un título nominativo y endosable, constituyendo por sí mismo un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses.
Que de acuerdo a ello, es un título transmisible, y dadas sus características se encuentra comprendido dentro de la definición indicada por el artículo 2° de la Ley Nº 26.831, pues la nominatividad no excluye la posibilidad de negociación del instrumento, ni el carácter impersonal de su negociación en el mercado financiero.
Que el CEDIN es un valor negociable por la función económico-social que de él deriva, y en ese carácter, es un instrumento de inversión susceptible de negociación.
Que dicho valor negociable es causal en el sentido que el contenido de la obligación que supone y representa, se halla permanentemente conectada al negocio de financiación básico del que surge, lo que no importa restarle autonomía a las posiciones jurídicas documentadas, por el carácter circulatorio del instrumento que deriva del artículo 2° de la Ley Nº 26.860.
Que el CEDIN se encuentra dirigido a sujetos indeterminados que encuadren en la Ley Nº 26.860, que actuarán como suscriptores.
Que el artículo 83 de la Ley Nº 26.831 establece que los valores negociables emitidos por entes autárquicos, entre los que se encuentra el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, gozan de oferta pública por ministerio de la ley.
Que sin perjuicio de ello, la misma norma deja a salvo las facultades de la COMISION NACIONAL DE VALORES para reglamentar y fiscalizar la negociación de esos valores negociables.
Que en este marco, con el fin de asegurar la plena vigencia de los derechos consagrados en el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL, corresponde a la COMISION, en su calidad de autoridad de aplicación y contralor de la Ley Nº 26.831, con las facultades conferidas por su artículo 19, reglamentar la negociación del CEDIN requiriendo la implementación de acciones por parte de los mercados y demás entidades participantes.
Que la negociación del CEDIN constituye un medio idóneo para dotar de liquidez y transparencia a la transmisión entre sus tenedores.
Que, en virtud de ello, y a fin de que los inversores cuenten con mayores instrumentos para sus posibilidades de inversión, la COMISION NACIONAL DE VALORES dicta, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2°, 19 y 83 de la Ley Nº 26.831 la presente reglamentación para la negociación del CEDIN.
Por ello,
LA COMISION NACIONAL
DE VALORES
RESUELVE:
Artículo 1° —Incorporar al CAPITULO XVII —OFERTA PUBLICA SECUNDARIA— de las NORMAS (N.T. 2001 y mods.) el siguiente título:
“XVII.8. NEGOCIACION DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE INVERSION (CEDIN).
ARTICULO 20.- El Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN), goza de autorización de oferta pública en los términos de la Ley Nº 26.831, y podrá ser negociado en mercados bajo competencia de la COMISION NACIONAL DE VALORES, en las entidades financieras autorizadas comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, y en las casas y agencias de cambio autorizadas a funcionar como tales.
ARTICULO 21.- La COMISION NACIONAL DE VALORES será el organismo competente respecto de la negociación del Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN).
ARTICULO 22.- Los mercados bajo competencia de la COMISION NACIONAL DE VALORES podrán reglamentar la negociación del Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN), incluyendo como mínimo los siguientes aspectos:
a) Controles de convalidación por defectos formales, de legitimación de los firmantes y de autenticidad del instrumento y de las firmas asentadas en el Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN).
b) Negociación bajo sistemas de concurrencia de ofertas que aseguren la prioridad precio-tiempo.
c) Custodia y conservación del Certificado de Depósito de Inversión (CEDIN) contemplando que la custodia no transmite la propiedad ni el uso, debiendo la entidad a su cargo únicamente conservarlos y custodiarlos, efectuando las registraciones que deriven de su negociación.
ARTICULO 23.- Las entidades financieras autorizadas comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, y las casas y agencias de cambio autorizadas a funcionar como tales, deberán cumplir con el régimen informativo, remitiendo por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACION FINANCIERA (AIF) la información especificada en el formulario habilitado a estos efectos”.
Art. 2° — La presente entra en vigencia a partir de su publicación.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, incorpórese a la página web del Organismo y archívese. —
Alejandro Vanoli. — Hernán Fardi. — Héctor O. Helman.

lunes, 24 de junio de 2013

FALLO LABORAL EN FAVOR DE TRABAJADOR SALA VI

SENTENCIA DEFINITIVA N° 65029
SALA VI
Expediente Nro.:20.900/2010
(Juzg. N° 48)
AUTOS: “NAVARRO NORA NOEMI C/ OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES S/ DESPIDO”
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:...

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
Que adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1-Confirmar la sentencia de primera instancia respecto de todo aquello que fue materia de recursos y agravios. 2- Costas de alzada a cargo de la parte demandada, a cuyo efecto regúlanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
GRACIELA L.CRAIG
JUEZ DE CAMARA
LUIS A. RAFFAGHELLI
JUEZ DE CAMARA

miércoles, 19 de junio de 2013

LEY N° 4531 Fecha de sanción: Buenos Aires, 9/05/2013. Fecha de publicación: B.O. 14/06/2013. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

LEY N° 4531
Fecha de sanción: Buenos Aires, 9/05/2013.
Fecha de publicación: B.O. 14/06/2013.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 3° de la Ley 2697 (BOCBA Nº 2953 del 18/06/2008) el que quedará redactado de la siguiente forma:
El certificado de baja, deberá ser enviado sin cargo al domicilio del consumidor o usuario dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del pedido de rescisión. Si la solicitud de cancelación del servicio se realizara en forma personal, el certificado de baja deberá ser entregado en el mismo momento en que se efectúa el trámite correspondiente.
La rescisión o baja del servicio solicitada por el consumidor o usuario, interrumpe los plazos de facturación del mismo a partir de la fecha de su solicitud, y en el caso que el pago sea por adelantado, el servicio se interrumpirá cuando finalice el período abonado.
Si el proveedor continuara proveyéndole servicio pese a la solicitud de rescisión o baja realizada por el usuario, no podrá facturar cargo alguno por los períodos posteriores a la misma. Si a la fecha de baja, ya se hubieran facturado sumas correspondientes a períodos posteriores -aún no abonados por el usuario- se deberá realizar la correspondiente nota de crédito automáticamente. La rescisión o baja del servicio es válida aunque el consumidor o usuario adeude sumas al proveedor, y se considera abusiva en los términos del art. 37 de la ley 24240 cualquier cláusula que supedite el ejercicio de la facultad de resolución contractual por parte del consumidor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

martes, 18 de junio de 2013

ABL EN LA CABA LEER!!

LEY N.° 4508
Fecha de sanción: Ciudad de Buenos Aires; 11/04/2013.
Fecha de publicación: B.O. 14/06/2013.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 12° bis de la Ley 106, el siguiente texto:
"Artículo 12 bis.- En ambos sectores de la zona destinada a uso residencial, incluyendo los pasillos internos que comunican las casas del Sector 1, la prestación de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza y de mantenimiento y limpieza de sumideros, es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Art. 2°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Rechaza la demanda por diferencias salariales intentada por el trabajador contra las demandadas. Considera que sin perjuicio de considerar nulo el acuerdo celebrado en el SECOSE entre el trabajador y las demandadas, al haberse acreditado que el actor dejó de trabajar por haber sido despedido sin causa, que tuvo que ir a firmar dicho acuerdo sin tener ninguna posibilidad de negociar los términos del mismo y que el abogado que lo representó fue contratado por la demandada, y que se trató en apariencia de un acuerdo de rescisión en los términos del art.241, L.C.T., que encubrió un despido incausado; la relación del actor con sus empleadores no fue de pluriempleo, sino de un solo empleo; es decir, una relación jurídica con la característica que no tuvo un solo empleador sino varios, o sea, hubo pluralidad de empleadores (art.26, L.C.T.). Agrega que debe considerarse la retribución de la demandante como una sola, que era la sumatoria de la que abonaba cada una de ellas y, a cambio de ello, la actora prestaba sus servicios indistintamente en beneficio de todos sus empleadores.

SENTENCIA DEFINITIVA N° 65018
SALA VI
Expediente Nro.: 22.699/2010
(Juzg. N° 11)
AUTOS: BOCCHIO MARIA ELENA C/ ORIGENES SEGURO DE RETIRO S.A. S/ DESPIDO
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
LA DRA. GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

EL DR. JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:
Que adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1- Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide, con excepción de las costas las que se imponen en el orden causado en ambas instancias. 2- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda por su labor en la anterior etapa.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
GRACIELA L.CRAIG
JUEZ DE CAMARA
JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID
JUEZ DE CAMARA

viernes, 14 de junio de 2013

Admite el reclamo por daño moral deducido por un trabajador que fue despedido injustificadamente bajo la causal de pérdida de confianza. Señala que el empleador ha causado un perjuicio distinto del originado normalmente en esas condiciones, ya que ha imputado al dependiente la desaparición de dos teléfonos celulares que transportaba en una encomienda, lo cual implicó la insinuación de la comisión de un delito y, en definitiva, un daño no resarcido mediante la tarifa legal.

SENTENCIA DEFINITIVA N° 65012
SALA VI
Expediente Nro.: 4.663/10
(Juzg. N° 41)
AUTOS: “PODESTA CARLOS RUBEN C/ EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L. S/ DESPIDO”
Buenos Aires, 9 de abril de 2013.
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
La demandada apela la sentencia de primera instancia que hizo parcialmente lugar a la demanda entablada según el memorial de fs. 249/251 que mereció réplica de la contraria a fs. 257.
Por su parte, la perito contadora cuestiona los honorarios que le fueron regulados por su labor por considerarlos reducidos (fs. 245).
La accionada inicia su presentación recursiva solicitando que se ordene la producción de la prueba testimonial (a producirse en extraña jurisdicción) y que se complete la pericial caligráfica que considera pendientes, con la cual pretende justificar el despido decidido por su parte, fundado en “pérdida de confianza” (ver telegrama de fs. 43).
Sin embargo, lo que no tiene en cuenta la apelante es que llega firme a esta instancia la resolución de fs. 125 por la cual el magistrado de grado, hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el auto de apertura a prueba (ver fs. 96 pto. 1.-) y tuvo por desistida a esa parte de la producción de la prueba testimonial, lo que impide el tratamiento de la cuestión en esta alzada.
En el caso de la pericia caligráfica, la demandada insiste en que el perito se pronuncie sobre la autenticidad de la documentación suscripta por Sergio Olivero, Daniel Di Bartolo y Gustavo Raúl Luján Santoro, pero no advierto de qué modo incidiría ello en el fondo de la cuestión que aquí se debate.
En segundo término, la recurrente cuestiona que se haya admitido el reclamo por daño moral, pero adelanto que en mi opinión, la queja no puede prosperar.
En el caso, estamos en presencia de un despido injustificado que, en principio, resulta resarcido por la indemnización tarifada. Ahora bien, advierto que la empleadora ha causado un perjuicio distinto del originado normalmente en esas condiciones ya que le ha imputado al actor –y no ha acreditado- la desaparición de dos teléfonos celulares que transportaba en una encomienda y que según investigaciones realizadas por un inspector de la demandada habrían sido entregados por el actor para su desbloqueo, cuyo reclamo ha integrado la litis.
Esta circunstancia, a mi entender, implicó la insinuación de la comisión de un delito y, en definitiva, un daño no resarcido mediante la tarifa legal, motivo por el cual propongo confirmar también en este aspecto el fallo recurrido, incluso en lo que hace al monto allí establecido que me parece adecuado y proporcionado en relación al agravio sufrido.
Asimismo, propongo desestimar el agravio dirigido a cuestionar el cálculo de la indemnización sustitutiva del preaviso, pues conforme surge del cuadro de remuneraciones percibidas por el actor, durante toda la relación Podestá efectuó normal y habitualmente horas extras (ver pericia contable; fs. 158), y aunque difiera la cuantía del rubro mes a mes, ello no implica considerar, como pretende el apelante, que percibía remuneraciones variables.
Por último, en cuanto a los honorarios cuestionados a fs. 251vta. y fs. 245, estimo que los regulados al letrado de la parte actor, perito contador y perito calígrafo, resultan equitativos tenido en consideración el mérito y naturaleza la labor profesional desarrollada en autos, el resultado final del pleito y las pauta arancelarias vigentes, por lo que propiciaré que sean confirmados (art. 38 L.O., Dto. 16638/57).
La cuestión relativa a la aplicación de la Ley 24432, a la que se refiere la demandada en sus agravios, deberá en todo caso, ser planteada en la etapa de ejecución de sentencia, ya que constituye una limitación de la responsabilidad del condenado en costas, no un impedimento para la regulación de honorarios por sobre el porcentaje indicado en la norma.
Atento la suerte del recurso deducido, propicio imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.), a cuyo fin sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 Ley 21839, mod. por la Ley 24432).
En caso de prosperar mi voto, propongo: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.). 3) Regular los honorarios de
la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14, Ley 21839 mod. por Ley 24432).
LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:
Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18345), el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. II) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada. III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese y vuelvan.
LUIS A. RAFFAGHELLI
JUEZ DE CAMARA
GRACIELA L. CRAIG
JUEZ DE CAMARA
(fuente infoleg)

Derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.

Ley 26.858
Sancionada: Mayo 22 de 2013.
Promulgada: Junio 10 de 2013.
Fecha de Publicación: B.O. 14/06/2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
Capítulo I
Disposiciones generales
ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia.
ARTICULO 2° — Ejercicio. El ejercicio del derecho de acceso, deambulación y permanencia consiste en la constante presencia del perro guía o de asistencia acompañando a la persona con discapacidad.
ARTICULO 3° — Gratuidad. El acceso, deambulación y permanencia del perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no ocasiona para su usuario ningún gasto adicional.
Capítulo II
Perro de asistencia
ARTICULO 4° — Definición de perro guía o de asistencia. Se considera perro guía o de asistencia a aquel que tras superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución nacional o internacional oficialmente reconocida u homologada por la autoridad de aplicación.
ARTICULO 5° — Habilitación. Para ejercer los derechos establecidos en el capítulo I el usuario/a deberá contar con una credencial y un distintivo expedidos por la autoridad de aplicación para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que se refiere el artículo 4°.
b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se refiere el artículo 8°.
c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro guía o de asistencia.
En los supuestos de personas usuarias de perros guías o de asistencia no residentes en nuestro país, sólo será necesario exhibir certificado y distintivo concedidos por su país de origen y autenticados por representación consular.
ARTICULO 6° — Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado, mediante la colocación en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la persona titular por la autoridad competente o por el responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
ARTICULO 7° — Obligaciones. El perro guía o de asistencia debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera de metal u otro elemento de similar función, no siendo obligatorio el uso del bozal.
La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro guía o de asistencia para aquellas funciones para las que ha sido adiestrado.
La persona usuaria habilitada será responsable por los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
ARTICULO 8° — Condiciones higiénicas y sanitarias. Los perros guía o de asistencia deben cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los animales domésticos en general y en particular para su función de perro guía o de asistencia, además de las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente en cada momento.
b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los tratamientos periódicos y las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias previstas en este artículo, deben acreditarse anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.
ARTICULO 9° — Pérdida de la habilitación. La persona usuaria de perro guía o de asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de higiene y sanitarias establecidas en el artículo 5º, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el perro guía o de asistencia según las pautas que para ellos establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada por el mismo órgano que la otorgó.
ARTICULO 10. — Modalidad del ejercicio. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente ley con relación al transporte de uso público o privado de pasajeros está sujeto a las siguientes características de accesibilidad y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de perro guía o de asistencia tiene preferencia en la reserva del asiento más adecuado, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un pasillo, según el medio de transporte de que se trate.
b) En los servicios de transporte de pasajeros, en sus diversas modalidades, el perro guía o de asistencia deberá viajar junto a su usuario o usuaria en la forma más adecuada y según lo establezca la reglamentación de la presente ley, sin que su presencia se tenga en consideración en el cómputo de las plazas máximas autorizadas.
Capítulo III
Lugares públicos
ARTICULO 11. — A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se entenderá por lugares públicos y privados de acceso público, los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oficinas del sector público y privado, lugares de ocio y tiempo libre, centros deportivos y culturales, establecimientos de enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros sanitarios y asistenciales.
b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que utilicen los diferentes medios de transportes mencionados.
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios, campings y establecimientos en general destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, así cómo cualesquiera otros lugares abiertos al público en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo.
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso público.
Capítulo IV
Sanciones
ARTICULO 12. — Penalidad. Quien de algún modo impida, obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de conformidad con lo previsto en la ley 23592 y sus modificatorias.
Capítulo V
Disposiciones finales
ARTICULO 13. — Organo de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 14. — Centros de entrenamiento. La autoridad de aplicación promoverá la creación de centros de entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con adiestramiento canino.
ARTICULO 15. — Los usuarios y usuarias de perros guía o de asistencia existentes en la actualidad deberán cumplir con los requisitos de reconocimiento e identificación previstos en la presente ley.
ARTICULO 16. — Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.
ARTICULO 17. — Adhesión. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.858 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

martes, 11 de junio de 2013

OBLIGACION DE ABONAR LA RETENCION: ESCRIBANO: PRESCRIPCION COMPUTO DEL PLAZO

Expte. N°: 41738 FISCO DE LA PCIA DE BS AS C/ ZARLENGA RICARDO A S/ APREMIO
N° Orden: I 75
Libro de Sentencia N°: 54
Folio:
/NIN, a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa N° 41738 caratulada: "FISCO DE LA PCIA DE BS AS C/ ZARLENGA RICARDO A S/ APREMIO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones: 1a.- ¿ Es procedente el recurso de apelación concedido con efecto diferido a fojas 935vta.?
2 a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
3 a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo:
En la resolución obrante a fs. 932/933 la Sra. Jueza de primera instancia, en lo que aquí interesa, desestimó la prueba informativa ofrecida por la parte demandada, consistente en el libramiento de oficio a la Dirección Provincial de Rentas a fin de que informe el importe anual del impuesto inmobiliario de cada una de las partidas que originan los títulos y la fecha de vencimiento de todas las cuotas.
Para así resolver, la Dra. Laura S. Morando explicó que el título ejecutivo agregado por la actora debe bastarse a si mismo, por lo que considera la prueba improcedente y dilatoria, implicando una "ordinarización" inadmisible para este tipo de procesos.
Este pronunciamiento fue apelado por el ejecutado, siendo concedido el recurso con efecto diferido a fs. 935 vta.
A fs. 997/999 se agregó la fundamentación del recurso, en donde el deudor sostuvo que la prueba ofrecida es la única capaz de demostrar la necesidad de aplicación de la desindexación, de conformidad a lo normado por la ley 24.283.
En tarea decisoria, se impone recordar que conforme al criterio del Superior Tribunal el planteo desindexatorio no incide en la habilidad del título y es extraño al ámbito del apremio, por lo que ha hecho bien en el sentenciante de grado al desestimar la prueba ofrecida.
En este sentido, la S.C.B.A. ha resuelto que: "El crédito a favor del demandante existe, aunque al resultar aplicable la ley 24.283, ello haya de incidir en el monto en el momento del pago, y el título no resulta inhábil por sus formas extrínsecas como lo requiere el art. 6 del dec. ley 9122/78, sino que de lo que aquí se trata es del planteo desindexatorio, el que, como lo señala el recurrente, es totalmente extraño al ámbito del apremio y tiene dicho esta Corte que el artículo de marras -inc. g in fine- de la citada ley veda cualquier controversia sobre el origen (el subrayado me pertenece) del crédito ejecutado, restricción que se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su índole y naturaleza, acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad general (Ac. 62.908, del 10/11/1998).
En consecuencia, voto por la NEGATIVA.
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo:
I. La sentencia
A fs. 973/987 y ampliatorias de fs. 1001 y 1004, la jueza de grado resolvió: 1°) Rechazar la excepción de prescripción interpuesta contra los títulos obrantes a fs. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 6, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, y 129; 2°) Rechazar la excepción de inhabilidad de titulo interpuesta contra los títulos ejecutivos obrantes a fs: 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 58, 61, 70, 76, 101, 104, 107, 108,
109, 110, 112, 127, y 128; 3°) Rechazar la excepción de pago interpuesta contra los títulos obrantes a fs 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 59, 60, 65, 68, 74, 75, 77, 78,. 80, 89, 91, 92, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 118, 121, 122, y 129; 4°) Hacer lugar a la excepción de pago interpuesta contra los títulos obrantes a fs 6, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 88, 90, 93, 94, 102, 103, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 125, y 126; y en consecuencia, 5°) Mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado Ricardo Zarlenga haga a la acreedora Fisco de la Provincia de Buenos Aires, íntegro pago del capital reclamado de $ 896.995,67 con más los intereses y costas.
Asimismo, dispuso que en oportunidad de practicarse la liquidación deben descontarse los pagos parciales efectuados.
Para así resolver, la sentenciante desestimó la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado, al entender que la obligación del escribano como agente de percepción no es la misma que la del contribuyente, por lo que el plazo varía entre uno y otro, atento a que comienzan a correr en tiempos distintos. Asimismo, aclaró que el plazo de prescripción vigente en el momento en que se generaron las deudas era de diez años y que la intimación administrativa interrumpe la prescripción, por lo que considerando la fecha de celebración de las escrituras consignadas en los títulos, dicho plazo no había transcurrido al momento de la promoción del juicio.
En cuanto a la excepción de inhabilidad señaló que únicamente puede fundarse en vicios de las formas extrínsecas del documento, estando vedado remontarse al origen del crédito, controvirtiendo por vía del apremio el procedimiento antecedente o la causa fuente de la obligación. Por ello, encontrando reunidos todos los elementos exigidos para la habilidad del título, concluyó que el cuestionamiento efectuado por el demandado implica una incursión en la causa de la obligación, prohibida en este proceso.
Por último, respecto a la excepción de pago dijo que sólo es admisible el pago documentado, y que normalmente se acredita el cumplimiento con las boletas expedidas por la administración con el sello de las entidades bancarias habilitadas para tal efecto. Seguidamente, analiza cada uno de los pagos alegados, señalando
luego, que los pagos parciales deben ser deducidos al momento de efectuar la liquidación.
II. Los agravios
Dicha resolución, motivó el recurso de apelación de fs. 995, el cual es debidamente fundado por el excepcionante en la memoria recursiva de fs. 1011/1024, reiterada a fs. 1026/1039.
La crítica puede dividirse de la siguiente forma:
a) Prescripción: los títulos incluyen períodos prescriptos y si ninguna deuda tenía el contribuyente tampoco pudo ser trasladada al agente de percepción. Afirmó que los certificados de deuda no incluían períodos que ahora se reclaman y subsidiariamente, sostuvo que tomando el plazo de prescripción de cinco años, a la fecha de inicio de las actuaciones su responsabilidad como agente de recaudación ya había prescripto.
b) Inhabilidad de título: recordó con cita de precedentes del superior tribunal que cuando la inexistencia de la deuda aparece manifiesta, el rechazo de la inhabilidad por motivos formales constituye un exceso ritual que menoscaba las garantías constitucionales. Situación que a su criterio acontece con los títulos que incluyen períodos posteriores al certificado de deuda, certificados referidos a escrituras no celebradas, escrituras donde no existe obligación de retener -vgr. Cancelación de hipoteca-y aquellas que contienen error en las partidas o que no fueron realizadas por el escribano ejecutado.
c) Excepción de pago parcial: resulta admisible cuando el título incluye varios períodos, por lo que la integralidad o totalidad a los efectos del pago debió ser determinada en relación a cada una de las cuotas involucradas.
d) Seguidamente, realizó un análisis de cada título en particular.
e) Finalmente, se agravió de la imposición de costas en relación a las excepciones de pago total que fueran receptadas, solicitando que se apliquen al Fisco.
Corrido el traslado del memorial, el mismo es replicado por la accionante a fs. 1042/1050, quedando las presentes en estado de ser resueltas.
III. Excepción de prescripción
Comenzaré recordando que el Código Fiscal incluye entre los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales, como agentes de recaudación, a los escribanos (arts. 21 incs. 3 y 4, 40).
Por su parte, la Disposición Normativa de la D.G.R. serie B, nro. 6/86 -aplicable al caso- dispone que: "Los escribanos públicos titulares de registro actuarán como agentes de percepción de los tributos provinciales cuya recaudación se encuentre a cargo de la Dirección Provincial de Rentas y que correspondan a inmuebles respecto de los que autoricen actos o escrituras o efectúen la intervención que previenen los Artículos 185 a 187 del decreto-Ley 9020/78 (texto según Ley 10.542) y el decreto 142/89, en tanto tales actos o escrituras tengan por objeto constituir, modificar o transferir derechos reales sobre los mencionados inmuebles." (art. 16).
La ratio legis de este instituto, como explica Larraud se debe a que: "la posición del escribano presidiendo el acuerdo de las partes, colocado en la misma fuente del negocio jurídico, disfrutando de un importante monopolio otorgado por el Estado, y con una moralidad que está en las bases de la institución, configura una situación que no podía pasar inadvertida por al legislador fiscal. En pocos casos, como en éste, podrían presentársele tan excelentes condiciones objetivas para organizar un sistema de fiscalización tributaria; especialmente respecto de aquellos gravámenes que recaen sobre la propiedad inmueble, sus afectaciones y transferencias. La imposición de la carga ha devenido entonces naturalmente, por consecuencia de muy buenas razones de técnica fiscal." (citado por Carlos Nicolás Gattari, en "Manual de Derecho Notarial", Ed. Abeledo Perrot, año 2.008, pág.258).
Entonces, el escribano debe tener los certificados correspondientes a la vista como una obligación formal, y como una obligación sustantiva, percibir y/o retener tributos y proceder a su pago en el plazo que fija la ley (conf. María Eva Guida, "Responsabilidad del escribano de extraña jurisdicción como agente de recaudación" en Revista Notarial 943-969).
Pasando en concreto al tema de la prescripción, como bien señala la jueza "a-quo", la obligación del escribano no se confunde con la del contribuyente, por lo que el plazo de prescripción varía entre una y otra obligación y comienzan a correr en momentos distintos.
La única excepción de prescripción que podría oponer el escribano es la referida a su obligación, originada en el otorgamiento de actos o escrituras tengan por objeto constituir, modificar o transferir derechos reales sobre inmuebles (D.N. B-6/86), que comenzará a correr desde el vencimiento del plazo conferido para ingresar el importe correspondiente (el día 5 o inmediato posterior hábil, del mes calendario subsiguiente a aquél en que se hubiese otorgado el acto o escritura. D.N. B-14/87).
En este sentido, tiene dicho nuestro Superior Tribunal que: "Por último, debo referirme a la alegación de prescripción que la actora efectúa respecto de varios de los períodos adeudados. La respuesta a cada uno de ellos es la misma, y deriva de la aplicación al caso de los parámetros jurisprudenciales ya anotados. Como bien aduce la Fiscalía de Estado, la prescripción de las obligaciones fiscales de cada contribuyente en su relación con el Fisco es de naturaleza distinta y ajena a la prescripción que rige el vínculo entre el escribano y la Administración, atento a sus particulares obligaciones y deberes fiscales como agente de recaudación...", "En este punto, por lo tanto, la actora pretende hacer valer en este pleito una excepción -que además de no encontrarse adecuadamente fundamentada, puesto que no se invoca normativa alguna en aval de su posición- sobre la cual carece de titularidad." (voto del Dr. Pettigiani, SCBA, B 63519 S 18-5-2011, el subrayado es propio).
En relación al plazo, recordemos que: "la legislación provincial ha variado más de una oportunidad en lo que concierne al plazo de prescripción en materia tributaria. En la ley 9204 ese plazo era de cinco años luego con la ley 10.857 (publicada en B.O. 22XII1989) fue duplicado. En la actualidad y desde el año 1996 mediante ley 11.808 (publicada B.O. 10VII1996) el plazo en cuestión es nuevamente quinquenal." (SCBA, A 69251, del 16-12/2009, voto del Dr. Negri).
Paralelamente, la nueva normativa en miras de ".ir reduciendo en forma gradual los plazos de la prescripción, de manera de evitar las consecuencias que acarrearía una brusca modificación en la materia, hasta llegar a compatibilizar los períodos sujetos al antiguo texto del Código Fiscal con el propuesto, que limita el transcurso de los términos al plazo de cinco años, conforme rige en la mayoría de las legislaciones tributarias" (fundamentos de la ley 11.808), estableció una disposición
específica de derecho transitorio para resolver los conflictos de leyes sucesivas referidas al instituto de la prescripción (doct. Art. 4051 del C.C.), consagrando diferentes plazos en forma escalonada para los períodos comprendidos entre los años 1986 y 1995, aplicables al caso de autos (art. 158 del Código Fiscal vigente)
En este caso particular, no corresponde decretar la inconstitucionalidad de dicho precepto (conf. SCBA A 69251 del 1612-2009, entre otros), porque no entra en colisión con el plazo quinquenal previsto por el art. 4027 inc. 3° del Código Civil. Digo esto, puesto que el escribano, a diferencia del deudor del impuesto inmobiliario que debe abonar en cuotas o anticipos, debe abonar el importe retenido en un único acto (D.N. B-14/87), y por tanto, escapa al concepto de obligaciones que deban cumplirse periódicamente, que es el contemplado en el art. 4027 inc. 3° del C.C.
En este mismo sentido, con relación al impuesto de sellos, el Dr. Roncoroni:" El Estado, sea el federal o el provincial, está sujeto a las prescripciones del Código Civil. En el caso de los impuestos, se aplica el art. 4027, pues su último inciso abarca a "todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos", que es el caso de los impuestos inmobiliarios o sobre rentas o ingresos. Hay impuestos, por cierto, que no son periódicos, como los que gravan un contrato, y en general los sellados de diverso tipo. Por supuesto que estos últimos no son abarcados por el art. 4027 citado." (JUBA B29017, SCBA, Ac 81253 S 30-5-2007, Juez RONCORONI (OP), CARATULA: Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo."OBS. DEL FALLO: Modifica doctrina sustentada con anterioridad. En la misma fecha y en igual sentido se dictaron causas C. 82.121, C. 82.282, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.124, el subrayado es propio).
Para finalizar el tema de la prescripción, debo realizar algunas aclaraciones respecto a los efectos de las intimaciones efectuadas en sede administrativa (fs. 442/451 y fs. 467/482 de los expedientes nros. 2306-35701 y 2306-350776, respectivamente).
Sostiene la "a-quo" que el Código Fiscal prevé un efecto interruptivo para la intimación o resolución administrativa debidamente notificada.
Tal conclusión carece de cita legal, pero supongo, se basa en el art. 160 del C.F. que establece: "La prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las deudas se interrumpirá: .3) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación debidamente notificada, o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente, o en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado."
Partiendo de una lectura integral del artículo, interpreto que el inciso 3° se refiere únicamente a la interrupción por el inicio del juicio de apremio o cualquier otro acto judicial y no contempla la intimación administrativa como causal interruptiva. La conjunción disyuntiva "o" antepuesta la frase "en una intimación." está referida a que los impuestos deben estar determinados en una sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación o en una intimación administrativa, y no como una alternativa al inicio del juicio de apremio.
Esta interpretación además, concuerda con lo establecido por el art. 3986 del Código Civil, y por tanto, la postura contraria, importaría la creación por el legislador provincial de un supuesto de interrupción no contemplado en la legislación de fondo, que devendría inaplicable a la luz de la doctrina legal de la S.C.B.A. (sent. del 30-5-2007 recaída en la causa C. 81.253 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo", y sent. del 14-7-2010 en la Causa C.99.094 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fadra S.R.L., López, Osvaldo y Lobato, Emilio Tomás. Apremio") que sigue la línea marcada por la jurisprudencia de la C.S.J.N. en el caso "Filcrosa" (del 30-9-2003).
Es por lo expuesto, que el único efecto que cabe asignarle a las intimaciones realizadas en sede administrativa es la de suspender por un año el curso de la prescripción (Art. 3986 del C.C.).
Bajo estos lineamientos, corresponde computar los plazos conforme al art. 158 del Código Fiscal y luego, descontar el período de un año correspondiente a la
suspensión de la intimación realizada en sede administrativa (fs. y fs. 482, de los expedientes nros. 230635701 y 2306-350776, respectivamente).
Habiéndose iniciado el proceso con fecha 20/12/2000 (ver cargo de fs. 131 vta.), se encuentran prescriptas las obligaciones contenidas en los títulos obrantes a fs. 73/87 correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores al año 1.992, por lo que propongo al acuerdo receptar la excepción de prescripción opuesta respecto de los títulos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1.987 hasta 1.991, y rechazarla en los demás títulos (arg. art. 158 del Código Fiscal).
IV. Excepción de inhabilidad.
Es sabido que en el acotado marco de conocimiento dado al proceso de apremio, el análisis de esta excepción debe limitarse a las formas extrínsecas del título, estando vedado remontarse al origen del crédito documentado (conf. Alberto J. Tessone y María Cecilia Mc Intosh en "Juicio de Apremio", ed. Librería Editora Platense, año 2.009, pág. 89).
Ello no significa pasar por alto, bajo el pretexto de no exceder el límite de conocimiento propio de estos procesos, un evidente error contenido en el título, permitiendo de ese modo la ejecución de una deuda inexistente.
En este sentido, ha dicho nuestro Superior Tribunal que: "La regla que limita el examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados, pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales." (SCBA; B22949, Ac. 90386 S 6-12-2006, entre otros).
Es por lo expuesto, que deberá receptarse la excepción opuesta únicamente en aquellos títulos en los que la inexistencia de toda o parte de la deuda reclamada surja en forma indubitada o manifiesta.
Sentado ello, aclaro que por cuestiones metodológicas, agruparé el análisis de los títulos cuestionados en tres grupos: 1.Títulos que incluyen períodos posteriores a la fecha de celebración de la escritura, 2. Títulos que no corresponderían a escrituras realizadas por el escribano demandado, y 3.Títulos correspondientes a escrituras en donde no existe obligación de retener.
IV.1. Títulos que incluyen períodos posteriores a la fecha de celebración de la escritura.
El Fisco afirma que los títulos "no contienen períodos sino que están originados en resoluciones administrativas de modo que no es posible indagar sobre el origen de tales créditos..." (ver fs. 1044).
Esta afirmación es válida sólo en forma parcial, es cierto que los títulos están originados en resoluciones administrativas, pero no lo es, que no contengan períodos.
En primer lugar, porque en los títulos la deuda está claramente liquidada por períodos.
En segundo lugar, porque del expediente administrativo acollarado surge que lo reclamado se corresponde con la deuda inmobiliaria que el escribano retuvo o debió haber retenido al momento de la celebración de las escrituras, y esa deuda se liquida en períodos (ver fs. 458 y ss., fs. 580 y ss. del expte. nro.2306- 350.776).
Por lo tanto, si el título comprende períodos que la D.G.R. no informó y por tanto, el escribano no tenía la obligación de retener - vgr. posteriores a la fecha de la escritura-, entiendo que se presenta el supuesto de inexistencia manifiesta de la deuda que autoriza a declarar inhábil el instrumento ejecutado.
En este aspecto, teniendo en cuenta la presunción de legitimidad propia del título, salvo que el escribano demuestre con el certificado correspondiente cual fue la deuda informada en cada caso concreto, haré lugar a la ejecución de los períodos en curso al momento de celebración de las escrituras -presumiendo que fueron oportunamente informados-, de conformidad a la Disposición Normativa Serie B-14/87 de la D.G.R.
Con estos lineamientos, receptaré la excepción de inhabilidad en relación a los siguientes títulos y períodos: fs. 26 (todos los períodos liquidados, por ser posteriores a la escritura), fs. 28 (períodos 3 y 4/94, que no fueran informados en el formulario de fs. 201/204), fs. 41 (períodos 3 y 4/94, que no fueron informados en el certificado que en copia obra agregado a fs. 246/249), fs. 46 (todos los períodos reclamados, porque no fueran informados en el certificado de fs. 264/265), fs. 53 (período 4/94, que no fuera informado en el formulario de fs. 290/293), fs. 68 (período 4/94, que no fuera informado en el formulario de fs. 350/351), fs. 104 (período 2/96, que no fue
informado en el formulario obrante a fs. 424/426), 107 (período 2/96, no informado, conforme surge de fs. 440), 108 (período 1/96, no fue informado, conforme surge de fs. 439), 116 (período 3/96, no informado, conforme surge de fs. 451/452), y 129 (período 3/96, no informado, conforme surge de fs. 508/509.
En cambio, corresponde desestimar la inhabilidad opuesta de los títulos de fs. 3, 4, 5, 7, 9, 13, 40, 43, 61, 91, 101, 110 y 112 toda vez que tomando en cuenta la fecha de la escritura, a falta de prueba en contrario, presumo que los períodos liquidados fueron informados y debieron ser retenidos por el escribano (conf. D.N. B- 14/87).
También desestimaré la excepción para el título de fs. 100, porque el período 3/93 reclamado fue oportunamente informado como impago por la D.G.R. (ver fs. 413).
IV.2. Títulos que no corresponderían a escrituras realizadas por el escribano demandado.
La excepción debe prosperar en el caso del título agregado a fs. 12, que correspondería a la escritura nro.62 del 24/03/1994, partida 045-8364. Sin embargo, el deudor acompaña copia de dicha escritura que tiene por objeto una partida diferente -8365- (ver fs. 162/165), y además, del expte. Administrativo consta que la partida 8364 corresponde a otro titular (ver fs. 39/41, expte. nro. 2306- 350.776).
Similar defensa formula el escribano en relación a los títulos de fs. 15 y 18, sin embargo, a diferencia del anterior, la excepción debe rechazarse porque de la prueba documental ofrecida no surge en forma manifiesta el supuesto error en la confección del título (ver fs.173/176 y fs. 177/181, respectivamente).
Una situación particular se presenta con el título de fs. 11, en primera instancia el deudor opuso pago parcial, prescripción e inhabilidad -ver fs. 888 vta.-, y luego, en Alzada, introduce la excepción de inhabilidad por un supuesto error de partida, argumento novedoso planteado tardíamente en esta instancia. Sin perjuicio de ello, dejo sentado que no se acredita el pago ni se aporta ningún elemento que indique el alegado error, por lo que la defensa debe desestimarse.
IV.3. Títulos correspondientes a escrituras en donde no existe obligación de retener.
Recordemos que los escribanos públicos actúan como agente de percepción de los tributos provinciales que correspondan a inmuebles respecto de los que autoricen actos o escrituras que tengan por objeto constituir, modificar o transferir derechos reales sobre los mencionados inmuebles (D.N., serie B, nro. 6/86).
A contrario sensu, en las escrituras que correspondan a inmuebles pero que no tengan por objeto constituir, modificar o transferir derechos reales, no existe obligación de retener.
Ello sucede, por ejemplo, con las escrituras de cancelación de hipoteca y oferta de donación, supuestos en lo que el perito Esc. Alfredo P. Falabella, explicó que es de práctica notarial no retener el importe correspondiente a Impuesto Inmobiliario (ver dictamen de fs. 955).
Es por lo expuesto, que se impone receptar la excepción de inhabilidad por inexistencia manifiesta de la deuda en los títulos de fs. 33, 45, 54 (cancelación de hipoteca, ver fs. 234/235, 262/263, 294/295, respectivamente), fs. 109 (oferta de donación, ver fs. 441/442), y rechazarla respecto del título de fs. 58 toda vez que no aportó prueba al respecto.
Distinta es la suerte del agravio vinculado a las escrituras que se habrían anulado. Digo esto, porque dicha circunstancia no puede tenerse por acreditada con las copias de los "proyectos de escritura" que acompaña el escribano (ver fs. 236/239, 242/243, 260/261, 354/355, 504/505, y 506/507), debiendo destacarse que está a su cargo la prueba de los hechos en que funda su defensa (conf. Art.375 del C.P.C.C.). Por lo expuesto, se desestima la excepción de inhabilidad opuesta a los títulos de fs. 34, 36, 44, 70, 127 y 128.
IV. 4. En conclusión, propongo la desestimación de la excepción de inhabilidad de los títulos obrantes a fs. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 13, 34, 36, 40, 43, 44, 58, 61, 70, 91, 100, 101, 110, 112, 127 y 128; y la recepción de la excepción únicamente en relación a los períodos que se identifican de los siguientes títulos: fs. 12 (íntegro), fs. 26 (todos los períodos liquidados), fs. 28 (períodos 3 y 4/94), fs. 33 (íntegro), fs. 41 (períodos 3 y 4/94), fs. 45 (íntegro), fs. 46 (todos los períodos reclamados), fs. 53 (período 4/94), fs. 54 (íntegro), fs. 68 (período 4/94), fs. 104 (período 2/96), 107
(período 2/96), 108 (período 1/96), 109 (íntegro), 116 (período 3/96), y 129 (período 3/96).
V. Excepción de pago.
V.1 En este aspecto, corresponde dejar sentado que: "Si bien a la luz de lo prescripto por el art. 6 inciso "c" del decreto ley 9122/78 resulta inadmisible la excepción de pago parcial, lo cierto es que ello es así para el supuesto de que el pago efectuado resultare incompleto respecto de algún período de la deuda exigida, pero no cuando se cancela en forma completa períodos fiscales involucrados en el título y unidos a los restantes sólo instrumentalmente, si entrañan obligaciones con individualidad y fecha de vencimiento propias que se pueden ejecutar de manera separada." (SCBA, AC 82248 S 23-4-2003, Ac 85553 S 31-3-2004, Juba B26685, el resaltado es propio).
En el mismo sentido, se ha resuelto que: "La reunión en un solo título ejecutivo de varios períodos no les quita a éstos su individualidad como créditos autónomos, separables. Por lo tanto, la "totalidad" o "integridad" del pago a los efectos de establecer si se configuró o no la excepción de pago debe ser determinada respecto de cada uno de esos créditos independientes ya que cuando en el documento se liquidan dos o más períodos, la integridad está referida a cada una de las cuotas involucradas, razón por la cual la oblación de una de ellas autoriza la excepción."(SCBA, AC 82248 S 23-4-2003, SCBA, Ac 85553 S 31-3-2004, Juba B26686).
De conformidad con la doctrina legal citada, deberá modificarse la sentencia en crisis, receptando la excepción en aquellos supuestos en que los pagos comprendan períodos íntegros del impuesto inmobiliario retenido, independientemente de que el título comprenda varios períodos.
Por otra parte, debo poner de resalto que, en general, los pagos no han sido desestimados por la "a-quo" en su aspecto formal -vgr. muchas de las constancias son copias simples- sino por otros motivos -por ser parciales-, no siendo esta conclusión motivo de agravio por parte del Fisco, consecuentemente en este aspecto formal aclaro, no podré apartarme de lo decidido en la instancia de grado (Arts. 266, 272 y 273 del C.P.C.C.).
V.2 Estudio particular de los títulos:
Título de fs.3: el deudor acompaña constancia de acogimiento a moratoria, pero el pago de las cuotas correspondientes no es íntegro (ver fs. 137/145), siendo la excepción desestimada en forma correcta.
Título de fs. 8: conforme se señala en la sentencia apelada con sólidos argumentos que no son rebatidos en el agravio, la documental ofrecida no es suficiente para tener por acreditado el pago invocado de conformidad a la ley 11.192 (ver fs. 151/154), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs. 13: conforme a la jurisprudencia de la S.C.B.A. citada precedentemente en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción respecto de los períodos 5/86 y 2/89 (ver fs. 166/168).
Título de fs. 14: conforme a la jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción respecto de los períodos 1, 2/86, 1,3,6/88, 2,3/93, y 1/94 (ver fs. 169 y 172).
En relación a los restantes períodos, se impone recordar que en materia impositiva, el mecanismo usual tanto para cancelar impuestos como para acreditar el pago, son las boletas que expide la Administración, con el sello de las entidades bancarias habilitadas (conf. Tessone-Mc Intosh, ob. Cit. Pág. 96/97), y es por ello, que las planillas que no contienen el sello de la repartición, no permiten tener por acreditado el pago (fs. 170/171).
Títulos de fs.16, 17 y 27: la excepción ha sido correctamente desestimada porque no acompaña ningún comprobante que acredite el pago.
Título de fs. 28: conforme a la jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción respecto de los períodos 2 y 4/90, 6/91, 5/92, y 1/93 (ver fs. 201/204).
Título de fs. 31: la excepción se encuentra fundada en la realización de pagos parciales (ver fs. 209/212), realizados de conformidad a la emergencia agropecuaria -Ley 10.390-, sin embargo no agrega los correspondientes certificados de desastre (art. 8), por lo que la excepción ha sido correctamente desestimada.
Título de fs. 32: con la documental adjunta, corresponde hacer lugar a la excepción respecto a la totalidad de los períodos liquidados, que fueran abonados de
conformidad a la ley 10.390, acreditando la exención proporcional con los certificados de desastre agropecuario (ver fs.213/233).
Títulos de fs. 37, 38, 39: la excepción ha sido correctamente desestimada porque no acompaña ningún comprobante que acredite el pago.
Título de fs. 40: conforme a la jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción respecto de los períodos 5/86, 3/88 (ver fs.244).
Título de fs. 41: conforme a la jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción respecto de los períodos 3 y 4/86, 2/93, 1 y 2/94. (ver fs.246/249).
Título de fs. 42: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/86, 2, 3, 4 y 5/87, 1/17, 1, 3 y 4, y 5/88, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/89 (ver fs. 250/256).
Título de fs. 43: de la documental ofrecida no surge el pago invocado (ver fs. 257/259), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs.48: con la documentación obrante a fs. 272/274 - formulario de deuda de la D.G.R.- corresponde hacer lugar a la excepción en relación a todos los períodos.
Título de fs. 49: con la documentación obrante a fs. 275/277 - formulario de deuda de la D.G.R.- corresponde hacer lugar a la excepción en relación a todos los períodos.
Título de fs. 53: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 1, 2, 3/94 (ver fs.290/293).
Título de fs. 59: de la documental ofrecida no surge el pago invocado (ver fs. 301/314), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs. 60: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 4, 5 y 6/89, 6/90, 4/91, 2 y 3/93. Se rechaza respecto al resto de los períodos, toda vez que no se ha acreditado el pago (ver fs.315/333).
Título de fs. 65: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 1/90, 3 y 4/91 (ver fs.345).
Título de fs. 68: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 2/90, 1, 2 y 3/93, 2, 3 y 4/94 (ver fs.350/351).
Título de fs. 89: la excepción ha sido correctamente desestimada porque no acompaña ningún comprobante que acredite el pago.
Título de fs. 92: el deudor acompaña constancia de acogimiento a moratoria, pero el pago de las cuotas correspondientes no es íntegro (ver fs. 393/398), siendo la excepción desestimada en forma correcta.
Título de fs. 100: conforme a lo jurisprudencia de la S.C.B.A. citada en relación al pago parcial, corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 1 y 2/86, 4, 5 y 6/89, 1/92 y 2/93, (ver fs. 412/413).
Título de fs. 104: corresponde hacer lugar a la excepción en relación a la totalidad de los períodos reclamados, con excepción del período 2/96 que no es exigible al escribano (ver fs. 424/426).
Título de fs. 105 y 106: de la documental ofrecida no surgen los pagos invocados (ver fs. 427/432 y fs. 433/438, respectivamente), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs. 107: corresponde hacer lugar a la excepción en relación al período 1/92 (ver fs. 440).
Título de fs. 108: corresponde hacer lugar a la excepción en relación al período 1/92 (ver fs. 439).
Título de fs. 116: corresponde hacer lugar a la excepción en relación a la totalidad de los períodos reclamados, con excepción del período 3/96 que no es exigible al escribano (ver fs. 451/452).
Título de fs.118: de la documental ofrecida no surgen los pagos invocados (ver fs. 427/432 y fs. 433/438, respectivamente), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs. 121: corresponde hacer lugar a la excepción en relación a los períodos 6/89, 3/90, 1, 3, 4 y 6/91, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/92, 1, 2 y 3/93, 1, 2, 3 y 4/94, 2, 3 y 4/95 (ver certificado de fs. 462/463).
Título de fs. 122: de la documental ofrecida no surge el pago invocado (ver fs. 464/466), en consecuencia, se rechaza la excepción.
Título de fs. 129: corresponde hacer lugar a la excepción en relación a la totalidad de los períodos reclamados, con excepción del período 3/96 que no es exigible al escribano (ver fs. 508/509).
V. 3 Por lo hasta aquí expuesto, propongo desestimar las excepciones de pago opuestas en relación a los títulos de fs. 3, 8, 16, 17, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 59, 89, 92, 105, 106, 118 y 122 ; y receptarla en relación a los títulos y períodos siguientes: fs. 13 (períodos 5/86 y 2/89), fs.14 (períodos 1, 2/86, 1, 3, 6/88, 2, 3/93, y 1/94), fs. 28 (períodos 2 y 4/90, 6/91, 5/92, y 1/93), fs. 32 (íntegro), fs.40 (períodos 5/86, 3/88), fs. 41 (3 y 4/86, 2/93, 1 y 2/94), fs. 42 (períodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/86, 2, 3, 4 y 5/87, 1/17, 1, 3 y 4, y 5/88, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/89), fs. 48 (íntegro), fs. 49 (íntegro), fs. 53 (períodos 1, 2, 3/94), fs. 60 (períodos 4, 5 y 6/89, 6/90, 4/91, 2 y 3/93), fs. 65 (períodos 1/90, 3 y 4/91), fs. 68 (períodos 2/90, 1, 2 y 3/93, 2, 3 y 4/94), 100 (períodos 1 y 2/86, 4, 5 y 6/89, 1/92 y 2/93), fs. 104 (íntegro), 107 (período 1/92), 108 (período 1/92), 116 (íntegro), 121 (períodos 6/89, 3/90, 1, 3, 4 y 6/91, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/92, 1, 2 y 3/93, 1, 2, 3 y 4/94, 2, 3 y 4/95), y 129 (íntegro).
VI. Costas
Por aplicación del artículo 556 del C.P.C.C. rige estrictamente el principio objetivo de la derrota (conf. Tessone-Mac Intosh, ob.cit. pág. 167).
Por esta razón, las costas de la ejecución deben ser impuestas al deudor, con excepción de correspondientes a los títulos y períodos rechazados (prescriptos e inhábiles) que deben cargarse al Fisco.
En cuanto a los períodos pagados, el fisco alega que los pagos no fueron informados por el contribuyente en las actuaciones administrativas.
Sin embargo, la mayoría de los pagos están asentados en los informes de deudas expedidos por el ente recaudador (títulos de fs. 13, 14, 20, 23, 25, 28, 35, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 100, 103, 104, 107, 108,
111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 126 y 129) o bien fue solicitada la verificación del pago (títulos de fs. 32, 60, 123, 125), por lo que entiendo que en esos casos no se da el supuesto de pago no comunicado que autoriza la exoneración de costas. Es por ello, que respecto a dichos períodos propongo imponer las costas al Fisco reclamante (Art. 68, 556 del C.P.C.C.).
Así, ha resuelto la SCBA que: "Si el pago fue comunicado al Fisco, es éste quien debe soportar las costas del apremio." (JUBA B25604, SCBA, AC 76129 S 27-12-2000, CARATULA: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Caligari, Juan Carlos y otro s/ Apremio).
En cambio, no se ha acreditado que los pagos correspondientes a los títulos de fs. 6, 10, 21, 22, 24, 30, 40, 42, 65, 71, 88, 90, 93, 94, 102, 119 y 124 hayan sido comunicados a la D.G.R., pese a la intimación cursada en sede administrativa, por lo que deberán cargarse las costas al ejecutado (conf. Art. 168 del Código Fiscal).
En conclusión, las costas deben de ambas instancias deben ser distribuidas de la siguiente forma: al ejecutado las correspondientes a la ejecución que prospera y a los títulos de fs. 6, 10, 21, 22, 24, 30, 40, 42, 65, 71, 88, 90, 93, 94, 102, 119 y 124 (pagos no comunicados); al Fisco reclamante, las correspondientes al resto de los títulos y períodos rechazados. ASI LO VOTO
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas rezones dio su voto en igual sentido.-
A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso, -artículo 168 de la Constitución Provincial, estimo que CORRESPONDE:
I. Rechazar el recurso de apelación que fuera concedido con efecto diferido (Art. 12 de la Ley de 13.406).
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el ejecutado contra la sentencia de fs. 973/987 (Arts. 13 y ccs. de la ley 13.406).
II. Receptar la excepción de prescripción opuesta respecto de los títulos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1.987 hasta 1.991 (fs. 73 a 87), y
rechazarla en los demás títulos (Arg. arts. 9 inc. E de la ley 13.406, 158 y ccs. del Código Fiscal).
III. Desestimar la excepción de inhabilidad de los títulos obrantes a fs. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 34, 36, 40, 43, 44, 58, 61, 70, 91, 100, 101, 110, 112, 127 y 128; y receptarla en relación a los períodos que se identifican de los siguientes títulos: fs. 12 (íntegro), fs. 26 (todos los períodos liquidados), fs. 28 (períodos 3 y 4/94), fs. 33 (íntegro), fs. 41 (períodos 3 y 4/94), fs. 45 (íntegro), fs. 46 (todos los períodos reclamados), fs. 53 (período 4/94), fs. 54 (íntegro), fs. 68 (período 4/94), fs. 104 (período 2/96), 107 (período 2/96), 108 (período 1/96), 109 (íntegro), 116 (período 3/96), y 129 (período 3/96). (art. 9 inc. C de la ley 13.406).
IV. Desestimar las excepciones de pago opuestas en relación a los títulos de fs. 3, 8, 16, 17, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 59, 89, 92, 105, 106, 118 y 122 ; y receptarla en relación a los títulos y períodos siguientes: fs. 13 (períodos 5/86 y 2/89), fs.14 (períodos 1, 2/86, 1, 3, 6/88, 2, 3/93, y 1/94), fs. 28 (períodos 2 y 4/90, 6/91, 5/92, y 1/93), fs. 32 (íntegro), fs.40 (períodos 5/86, 3/88), fs. 41 (3 y 4/86, 2/93, 1 y 2/94), fs. 42 (períodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/86, 2, 3, 4 y 5/87, 1/17, 1, 3 y 4, y 5/88, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/89), fs. 48 (íntegro), fs. 49 (íntegro), fs. 53 (períodos 1, 2, 3/94), fs. 60 (períodos 4, 5 y 6/89, 6/90, 4/91, 2 y 3/93), fs. 65 (períodos 1/90, 3 y 4/91), fs. 68 (períodos 2/90, 1, 2 y 3/93, 2, 3 y 4/94), 100 (períodos 1 y 2/86, 4, 5 y 6/89, 1/92 y 2/93), fs. 104 (íntegro), 107 (período 1/92), 108 (período 1/92), 116 (íntegro), 121 (períodos 6/89, 3/90, 1, 3, 4 y 6/91, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/92, 1, 2 y 3/93, 1, 2, 3 y 4/94, 2, 3 y 4/95), y 129 (íntegro). (conf. Art. 9 inc. D de la ley 13.406).
V. Las costas de ambas instancias se imponen de la siguiente forma: al ejecutado las correspondientes a la ejecución que prospera y a la de los títulos de fs. 6, 10, 21, 22, 24, 30, 40, 42, 65, 71, 88, 90, 93, 94, 102, 119 y 124 (pagos no comunicados); al Fisco reclamante, las correspondientes al resto de los títulos y períodos rechazados (Arts.69, 274, 556 del C.P.C.C., 168 del Cód. Fiscal).
VI. En cuanto a los honorarios por los trabajos efectuados en esta Alzada, se difieren para cuanto se encuentren regulados en primera instancia (conf. arts. 31 y 51 del dec. Ley 8904).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 21 de Mayo de 2013.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve:
I. Rechazar el recurso de apelación que fuera concedido con efecto diferido (Art. 12 de la Ley de 13.406).
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por el ejecutado contra la sentencia de fs. 973/987 (Arts. 13 y ccs. de la ley 13.406).
II. Receptar la excepción de prescripción opuesta respecto de los títulos correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 1.987 hasta 1.991 (fs. 73 a 87), y rechazarla en los demás títulos (Arg. arts. 9 inc. E de la ley 13.406, 158 y ccs. del Código Fiscal).
III. Desestimar la excepción de inhabilidad de los títulos obrantes a fs. 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 34, 36, 40, 43, 44, 58, 61, 70, 91, 100, 101, 110, 112, 127 y 128; y receptarla en relación a los períodos que se identifican de los siguientes títulos: fs. 12 (íntegro), fs. 26 (todos los períodos liquidados), fs. 28 (períodos 3 y 4/94), fs. 33 (íntegro), fs. 41 (períodos 3 y 4/94), fs. 45 (íntegro), fs. 46 (todos los períodos reclamados), fs. 53 (período 4/94), fs. 54 (íntegro), fs. 68 (período 4/94), fs. 104 (período 2/96), 107 (período 2/96), 108 (período 1/96), 109 (íntegro), 116 (período 3/96), y 129 (período 3/96). (art. 9 inc. C de la ley 13.406).
IV. Desestimar las excepciones de pago opuestas en relación a los títulos de fs. 3, 8, 16, 17, 27, 31, 37, 38, 39, 43, 59, 89, 92, 105, 106, 118 y 122 ; y receptarla en relación a los títulos y períodos siguientes: fs. 13 (períodos 5/86 y 2/89), fs.14
(períodos 1, 2/86, 1, 3, 6/88, 2, 3/93, y 1/94), fs. 28 (períodos 2 y 4/90, 6/91, 5/92, y 1/93), fs. 32 (íntegro), fs.40 (períodos 5/86, 3/88), fs. 41 (3 y 4/86, 2/93, 1 y 2/94), fs. 42 (períodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6/86, 2, 3, 4 y 5/87, 1/17, 1, 3 y 4, y 5/88, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/89), fs. 48 (íntegro), fs. 49 (íntegro), fs. 53 (períodos 1, 2, 3/94), fs. 60 (períodos 4, 5 y 6/89, 6/90, 4/91, 2 y 3/93), fs. 65 (períodos 1/90, 3 y 4/91), fs. 68 (períodos 2/90, 1, 2 y 3/93, 2, 3 y 4/94), 100 (períodos 1 y 2/86, 4, 5 y 6/89, 1/92 y 2/93), fs. 104 (íntegro), 107 (período 1/92), 108 (período 1/92), 116 (íntegro), 121 (períodos 6/89, 3/90, 1, 3, 4 y 6/91, 1, 2, 3, 4, 5 y 6/92, 1, 2 y 3/93, 1, 2, 3 y 4/94, 2, 3 y 4/95), y 129 (íntegro). (conf. Art. 9 inc. D de la ley 13.406).
V. Las costas de ambas instancias se imponen de la siguiente forma: al ejecutado las correspondientes a la ejecución que prospera y a la de los títulos de fs. 6, 10, 21, 22, 24, 30, 40, 42, 65, 71, 88, 90, 93, 94, 102, 119 y 124 (pagos no comunicados); al Fisco reclamante, las correspondientes al resto de los títulos y períodos rechazados (Arts.69, 274, 556 del C.P.C.C., 168 del Cód. Fiscal).
VI. En cuanto a los honorarios por los trabajos efectuados en esta Alzada, se difieren para cuanto se encuentren regulados en primera instancia (conf. arts. 31 y 51 del dec. Ley 8904). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ante mí, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION : VALES ALIMENTARIOS DECLARA SU INVALIDEZ

'.
D. 485. XLIV.
RECURSO DE HECHO
Díaz, Paulo Vicente el
Quilmes S.A.
/
Buenos Aires, '" JeJu~¡o cJe,.3e.13.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Diaz, Paulo Vicente c/ Cerveceria y Malteria Quilmes
S.A.H
, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1") Que las circunstancias de la causa han sido adecuadamente
descriptas por la señora Procuradora Fiscal en su
dictamen de fs. 43/45, capitulas 1 y 11, por io que cabe remitirse
a lo alli expuesto, para evitar repeticiones innecesarias.
2") Que, como lo señala la señora Procuradora Fiscal
en el capitulo 111 de su dictamen, el recurso extraordinario ha
sido mal denegado, toda vez que el planteo constitucional formu~
lado por el apelante suscita cuestión federal en los términos
del arto 14 inc. 3" de la ley 48.
3") Que este Tribunal ha señalado en forma reiterada
que sus sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes
al momento de ser dictadas, aunque sean sobrevinientes a la
interposición del recurso extraordinario (Fallos: 310:819;
324:3948; 325:2275, entre muchos otros)
4") Que, con referencia al carácter salarial de los
vales alimentarios, cabe recordar que los incisos b y c del arto
103 bis de la ley 20.744 (texto según ley 24.700), fueron derogados
por la ley 26.341, sancionada el 12 de diciembre de 2007 y
promulgada el 21 del mismo mes.
~l.,
5°) Que, no obstante lo expuesto, esta Corte ha admitido
la virtualidad de dictar pronunciamiento en circunstancias
en que el cambio del marco fáctico o jurídíco determina la ausencia
de utilidad del fallo hacia el futuro, siempre que subsísta
el interés de las partes por los efectos jurídicos producidos
durante el lapso anterior a esa variacíón (entre otros:
causas "Avigo, Lilíana Noemí" Fallos: 325:3243; "Muller, Miguel
Ángel", punto 111 del dictamen del Procurador General, al que
remite el pronunciamiento, Fallos: 326:1138).
6°) Que tal es lo que acontece en el sub lite, ya que
el recurrente mantiene interés en la definíción legal de su situación
en razón de que, durante todo el período por el que formula
el reclamo indemnizatorio, su derecho se encontraba regído
por el inciso c del arto 103 bis de la ley 20.744, actualmente
derogado.
70) Que tal cuestión tiene adecuada respuesta en los
fundamentos y conclusiones expuestos en el fallo de este Tribunal
en la causa "Pérez, Anibal Raúl el Disco S.A.'I, voto de la
mayoría y voto de los jueces Highton de Nolasco, Fayt y Argibay
(Fallos: 332:2043), a los que cabe remitir en razón de brevedad.
Por ende, los agravíos v~rtídos en tal aspecto han de prosperar.
8°) Que, con relación al concepto "Anticipo Acta
Acuerdo Nov. 2005", previsto en el convenio colectívo aplicable
a la actividad de la demandada, asiste razón al recurrente cuando
cuestiona los fundamentos por los que el a qua acepta la validez
de su calificación como no remuneratorio, atribuyéndolo al
libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratan-
-2-
D. 485. XLIV.
RECURSO DE HECHO
Díaz, Paulo Vicente
Quilmes S.A.
y Maltería
tes y, sobre tal razonamiento, desestima la pretensión de que
sean incluidos en la base salarial.
9') Que, conforme lo ha señalado este Tribunal en la
mencionada causa "Pérez el Disco", el trabaj ador constituye un
sujeto de "preferente tutela constitucionalH
, hallándose su salario
protegido por un plexo normativo compuesto por disposiciones
de la Ley Fundamental, asi como de numerosos instrumentos de
origen internacional, leyes de derecho interno y fallos de este
Tribunal (causa citada, Fallos: 332: 2043, en especial considerandos
3°, 4°, 5° del voto de la mayoría y considerandos 7°, 8°,
10 del voto de los jueces Highton de Nolasco, Fayt y Argibay)
10) Que, en tal sentido, hallándose ratificado por la
República Argentina el Convenio n' 95 de la OIT, resulta claro
que el concepto en cuestión reviste naturaleza salarial, a la
luz de lo dispuesto en el arto l' de dicho convenio, en cuanto
establece que: "el término salario signi'fica la remuneración o
ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o
por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador
en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal,
por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o
por servicios que haya prestado o deba prestarH

11) Que, dado que cuando la Nación Argentina ratifica
un tratado "se obliga internacionalmente a que sus órganos administrati
vos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que
ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente
concretas de tales supuestos de hecho que hagan
-3-
posible su aplicación i?mediata" (Fallos: 315:1492, considerando
20; 318:2639, considerando 6°; 331:2663, considerando 7°, entre
otros), el a qua solo pudo obviar su ~plicación al presente caso
sena1ando la necesidad de adoptar medidas internas -si es que
existia alguna- para hacerlo efectivo en las concretas circunstancias
de la causa.
12) Que, por lo expuesto, corresponde declarar la invalidez
del derogado arto 103 bis, inc. c de la Ley de Contrato
de Trabajo en su aplicación al caso, asi como la de la cláusula
.convencional mediante la cual se pactó el "Anticipo Acta Acuerdo
Nov. 2005", en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las
prestaciones que establecen.
Por ello y lo concordantemente dictaminado por la senara
Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario
y se revoca la sentencia apelada en cuanto fue materia
de los agravios examinados, con costas (art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber, acumúlese
-jj-
-4-
D. 485. XLIV.
RECURSO DE HECHO
Díaz, Paulo vicente el Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.
-/ /-la queja al principal y, oportunamente, remitase, a fin de
que, por quien corresponda,
arreglo a la presente.
CARMEN
sea dictada una nueva sentencia con
ENRIQUE S. PETRACCHI
E. RAUL ZAFFARONI
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RECURSO DE HECHO
Diaz, Paulo Vicente el Cervecería y Malteria
Quilmes S.A.
-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS MAQUEDA
y DON E. RAÚL ZAFFARONI
Considerando:
10) Que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo rechazó la inclusión, en la base de cálculo
de las indemnizaciones por despido, de los importes correspondientes
a los "Vales Alimentarios Ley 24.700" y "Vales Alimentarios
Adicionales", asi como también el denominado "Anticipo Acta
Acuerdo Nov. 2005" pactado, con carácter no remuneratorio, en un
acuerdo complementario del convenio colectivo 152/91, aplicable
a la actividad de la demandada. Para asi decidir: a) confirió
una interpretación restrictiva al término "remuneraciónu -por
oposición a la "retribuciónu
, que entendió amplia-, el cual definió
como la "contraprestación debida por la ejecución de la
prestación laboral: la cantidad y/o calidad del trabajo realizado,
estilizada por la norma [arto 103 de la Ley de Contrato de
Trabajo] en la puesta a disposición del empleador, para prestarlo,
de capacidad de trabajo"; b) desestimó la inconstitucionalidad
del citado arto 103 bis, inc. c -que el trabajador apoyó en
el art. 1 del Convenio N° 95 sobre la protección del salario
(1949), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- al
entender que "[1]a ratificación de un convenio no incorpora su
texto al derecho interno del estado miembro. Solo impone a éste
hacerlo, por las vías constitucionales pertinentes. La renuencia
o negativa del estado a adecuar su legislación a las prescripciones
del convenio puede acarrearle, como culminación de un
largo proceso de reclamación, medidas no especificadas de per-
-7-
suasión o coerción tendiente a que cumpla con su obligación de
promover la recepción legislativa interna de dichas prescripciones.
La discordancia de contenido de las leyes nacionales respecto
de convenios ratificados no convierte a aquéllas en inconsti
tucionales", y e) sostuvo que la convención colectiva de
trabajo es un contrato normativo (arts. 1195 y 1199 del Código
Civil) con efecto extensivo solo a quienes fueron parte y, por
ello, no son de incumbencia de los jueces las cláusulas convencionales
que otorgan mayores beneficios a los trabaj adores, con
independencia de que revistan, o no, naturaleza salarial. Contra
ese pronunciamiento, el vencido dedujo el recurso extraordinario,
cuya denegación dio origen a la queja en examen.
2 0) Que la apelación federal ha sido mal denegada,
porque promueve una cuestión constitucional en los términos del
arto 14.3 de la ley 48, y reúne los restantes recaudos de admisibilidad.
3°) Que los agravios enderezados a objetar la constitucionalidad
del citado arto 103 bis, inc. c, de la Ley de Contrato
de Trabajo y la naturaleza no salarial de los vales alimentarios,
encuentran respuesta en las consideraciones y conclusiones
expresadas por el Tribunal en la causa "Pérez, Aníbal
Raúl cl Disco S.A." (Fallos: 332:2043), a las que cabe remitir
en razón de brevedad.
4o) Que, por las razones antedichas, a idéntica conclusión
se arriba respecto de la asignación no remunerativa
ticipo Acta Acuerdo Nov. 2005/1, espe"éialmente cuando~ tal
"Ancomo
lo expresó esta Corte en el caso "rófa-d0rrán"' la Constitución Na-
-8-
. l .. D. 485. XLIV.
RECURSO DE HECHO
Díaz, Paulo Vicente el Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.
cional "es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido
cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo
cual incluye, por ende, a la autonomía colectivall (Fallos:
330: 1989) .
5 o) Que, por cierto, el citado precedente "Pérez",
atento sus fundamentos, descalifica de manera implícita la postura
del a qua en torno de la incorporación de los convenios de
la 01T al derecho interno argentino (en igual sentido: "Fermín,
Mauricio", Fallos: 331:1664, relativo al Convenio N° 169). Mas
aún; en "Milone", el Tribunal juzgó, incluso, que esos instrumentos,
en tanto ratificados, se inscriben entre los tratados a
los que el arto 75 inc. 22, primer párrafo, de la Constitución
Nacional, confiere jerarquía superior a las leyes (Fallos:
327:4607) Con todo, dado que, contrariamente a lo sucedido en
esos litigios, la aludida cuestión ha sido planteada en la decisión
sub examine, conviene esclarecerla en esta oportunidad. Cabe
reiterar, entonces, que la Sala afirmó que dicha incorporación
no la produce la ratificación de los convenios, sino la
"recepción legislativa interna" de éstos. Para ello, se fundó en
los incs. b, d Y e del arto 19.5 de la Constitución de la 01T,
de los cuales, procede advertirlo desde un comienzo, solo podría
tener relevancia el d, por cuanto está en juego un convenio ya
ratificado. Según este inciso, satisfecho el trámite que prevé,
el Estado, además de comunicar la ratificación formal del convenio
al Director General, "adoptará las medidas necesarias para
hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio".
-9-
6°) Que, en tales condiciones, resulta claro que el a
qua ha tornado como causa lo que es consecuencia. La ratificación
de un convenio, con arreglo al recordado arto 19.5.d, implica la
obligación de "hacer efectivasff las disposiciones de aquél (Valticos,
Nicolas, "Nature et porté e juridique de la ratification
des conventions internationales du travail", en International
Law at the Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne
(Dinstein, Y., ed.), M. Nijhoff, Dordrecht, 1989, p. 993).
Por ende, solo en caso de ser "necesarias" para ese fin, el Estado
ratificante deberá adoptar medidas internas. El precepto,
en consecuencia, da cuenta de un "principio evidente" (allant de
soi / self-evident), en palabras de la Corte Permanente de Justicia
Internacional de 1925, según el cual "un Estado que ha
válidamente asumido obligaciones internacionales, está obligado
a introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias
para asegurar la ejecución de dichas obligacionesff IEchange despopulations
grecques et turques / Exchange of Greek and Turkish
Populations, opinión consultiva, 21-2-1925, Serie B, n° 10, p.
20, itálica agregada)
Empero es indudable que la existencia o inexistencia
de dicha necesidad no puede ser establecida a la luz del citado
arto 19.5.d, sino a la del ordenamiento interno. La incorporación
de un convenio, olvida la Sala, depende básicamente de cada
régimen nacional (Von Potobsky, Geraldo, "Eficacia juridica de
los convenios de la 01T en el plano nacional", en Les normes internationales
du travail: un patrimoine por l' avenir. Mélanges
eh l'honneur de Nicolas Valticos, OIT, 2004, p. 290). Por consiguiente,
la cuestión en juego debió haber llevado al sentencian-
-10-
. ,
D. 485. XLIV.
RECURSO DE HECHO
Díaz, Paulo Vicente
Quilmes S.A .
y Maltería
te a dilucidar, con arreglo al derecho nacional, cuáles eran, si
alguna, las medidas internas que resultaban "necesariasN para
hacer efectivas las concretas disposiciones del convenio propias
del litigio. De lo contrario, corresponderia adrnitir, como lo
hace el juzgador, un resultado francamente insostenible: que la
Constitución de la OlT habría impuesto a los Estados, para tornar
aplicable un convenio ratificado, una suerte de régimen de
tipo dualista, mediante el cual, todo convenio, en globo, requeriría
siempre, a modo de "medida necesaria", una "recepción legislativa
interna", a despeCho de que el ordenamiento nacional
previera uno de carácter monista, que volviera "innecesario" tal
proceder.
En suma, los argumentos del a qua incurren en dos
graves errores. Por un lado, tergiversan la Constitución de la
OlT, dándole a ésta, además, una inteligencia del todo opuesta a
sus términos y a su objeto y fin, que no son, precisamente, condicionar
la efectividad interna de los derechos y líbertades
enunciados en los convenios ratificados, a mayores recaudos que
los que pueda exigir el régimen del Estado ratificante. Y, por
el otro, soslayan sin rebozos el régimen nacional, al paso que
terminan contradiciéndolo, puesto que, para éste, cuando la Nación
ratifica un tratado, "se obliga internacionalmente a que
sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los
supuestos que ese tratado contempla" (Ekmekdjian c. Sofovich,
Fallos: 315:1492). A partir de este precedente, bueno es recordarlo,
no cabe reeditar discusiones doctrinarias acerca del dualismo
o monismo para comprender el sistema de fuentes del ordenamiento
jurídico argentino ("Simón", Fallos: 328:2056, voto del
-11-
juez Lorenzetti, considerando 17; v. asimismo: "Dragoevich", Fallos:
331:2663; "Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación
c. Gobierno Nacional", Fallos: 326:3882; "Méndez Valles
c. A.M. Pescio SeA"., Fallos: 318:2639, entre otros)
Es del caso advertir, desde otro ángulo pero en un
orden afín de ideas, que el fallo apelado también muestra una
marcada indiferencia hacia una eventual responsabilidad internacional
del Estado por incumplimiento de un compromiso internacional,
cuando ocurre que los órganos judiciales, integrantes
esenciales de aquél, tienen, por lo contrario, el irrenunciable
papel, dentro de los alcances de su competencia, de evitar que
se produzca dicha responsabilidad ("Giroldi", Fallos: 318: 514) .
Más aún; ello se corresponde con el hecho de que las sentencias
judiciales integran, en los términos indicados, el abanico de
"medidas" destinadas a satisfacer la efectividad de los derechos
("Wilner c/ Osswald", Fallos: 318:1269).
7°) Que, en conclusión, el arto 103 bis, inc. c, de
la Ley de Contrato de Trabajo, y la cláusula convencional mediante
la cual se pactó el "Anticipo Acta Acuerdo Nov. 2005",
son inconstitucionales, en cuanto desconocen la naturaleza salarial
de las prestaciones que establecen.
-//-
-12-
. .
D. 485. XLIV.
RECURSO_ DE HECHO
Díaz, Paulo Vicente el Cervecería y Maltería
Quilmes S.A .
Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora
Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario,
y se revoca la sentencia apelada en cuanto fue materia
de los agravios examinados, con costas (art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber, acumúlese
la queja al principal y, oportunamente, remitase, a fin de que,
por quien corresponda, sea dictada una nueva sentencia con arreglo
a la presente.
JUAN e RLOS MAQUEDA
E. RAUL ZAFFARONI
-13-
Recurso de hecho deducido por Paulo vicente Díaz, actor en autos, representado
por el doctor Guillermo Pajoni.
Tribunal de origen: Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo nO 53.
-14-
Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/MBeiro/octubre/Diaz_Paulo_Vicente_D_485_L_XLIV.pdf
-1-
1/5
22 de I CN), ni su inclusión en la, mención genérica de tratados con organismos
internacionales, ni a la forma de adherirse a la OIT, ni a la calidad que corresponde atribuir
la discordancia con el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Para así decidir, respecto al planteo referido al arto 103bis de la LCT y
23:912).
(ratificada por la ley '11.722, sucesivas enmiendas y últimas ratificadas por leyes 20.683 y
convenio y citó' para ello el artículo 19 de la Constitución del organismo internacional
responder cuál seria la obligación que adquiere un estado frente a la OIT cuando ratifica un
cuando los convenios suprailacionales están ratif;cados. Puntualizó que limitaba su análisis a
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII, fs.
463/466), confirmó el fallo de primera instancia (v. fs. 434/440) en cuanto rechazó el planteo
de inconstitucionalidad del arto 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y la nulidadd'el
s u p rema C or te:
actividad de la demandada lIamado"Anticipo acta. Acuerdo Nov. 2005".
carácter no remunerativo de, la asignación prevista en el acuerdo colectivo aplicable a la
Señaló que la ratificación de un convenio internacional no incorpora
su texto al derecho interno del estado miembro. Sólo impone a éste hacerlo, por las vías
protección del salario advirtió, en primerlugar, que para resolver el caso no ingresaríaeri la
discusión acerca de la jerarquía normativa de los tratados internacionales (artículo 75, inciso
constitucionales pertinentes. La renuencia o negativa del estado a adecuar su legislación a
, S,C. D. 485, XLIV
reclamaciones, medidas no especificadas de persuasión o coerción tendientes a que cumpla,
con su obligación de promover la recepción legislativa interna de dichas prescripciones. La
discordancia de contenido de las leyes nacionales respecto de convenios ratificados no
Diaz PauIo Vicente el Cervecería y Malteria QuiImes S.A.
" las prescripciones del convenio puede acarrearle, como culminación de un largo proceso de ' ,
convierte a aquéllas en inconstitucionales (v.fs, 465, párrafo primero).
Por último, se refirió al "Anticipo acta. Acuerdo Nov, 2005" por el cual
. .
se había fijado un concepto no remuneratorioque,pasó a integrar las retribuciones de Io's
trabajadores mediante un convenio colectivo que para el juzgador "... su calidad'normativo de
contrato explica la no incpmbencia de los jueces en las cláusulas que lo integran, en cuanto
constituyan mayores beneficios para los trabajadores allí representados,
independientemente que revistan carácter remunerativo o no ... " ( v. fs. 465, punto 111.).
Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo la apelación federal,
que fue contestada por la contraria y cuya denegación dio origen ala presente queja (v. fs.
471/481; fs. 484/486; fs. 488/489, respectivamente y fs. 33/39 de la presentación directa).
-11-
La recurrente se agravia, en síntesis, porque la decisión fue contraria
al derecho fundado en el arto 10 del Convenio 95. de laOIT sobre protección del salario en
cuanto al concepto jurídico de remuneración allí contenido que comprende a los tickets
canasta previstos en el arto 103bis y el adicional estabiecido en el Acuerdo Colectivo a fin de
integrarlos en la base salarial para .el cálculo de las indemnizaciones por falta de preaviso y
despido sin causa. Puntualiza que se ve afectado el derecho de propiedad, el debido
proceso, la protección constitucional del salario y contra el despido arbitrario, la igualdad
ante la ley y la jerarquía superiora las leyes tanto de la Constitución Nacional como la de los
Tratados Internacionales (arts. 14bis, 16, 17, 18,31,75.22 de la CN). Agrega que constituye
gravedad institucional la. sentencia recurrida en cuanto expresa que la ratificación del
convenio internacional de la OIT ratificado no se incorpora al derecho interno del estado
miembro. Asimismo plantea arbitrariédddporque no se tuvo en cuenta el planteo referido a la
naturaleza remuneratoria de los conceptos reclamados en relación a la definición legal y
supralegal y que con apoyo en las normas laborales de orden público laboral las partes
colectivas se encuentran limitadas en la negociación, por cuanto los convenios colectivos de
!
2/5
-11i-
-
95) cuya aplicación al sub lite reclamó la actora. Al respecto, en el dictamen de' este
situación del Convenio ratifk:ado como es el cas,) del referido a la protección del salarie (n°
14.324, 4460/63, 16.838, 20683, 23.912) se refiere' al proceso de ratificación y no a la
OIT (ratificada por ley n° 11,722 Y enmiendas posteriores mediante leyes nros. 13.559,
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leyes (ver apartado IV, con' cita de Fallos 321:4607, considerando 5°, párrafo 4° del voto
Ministerio Público, del 10 de noviembre de 2008, en los autos citados en el párrafo anterior,
Fiscal, encuentran ,suficiente respuesta en la sentencia del 1° septiembre de 2009, en los
se puntualizó que los Convenios de laOIT, una vez ratificados, son de rango superior a las
En segundo término, en relación a las cuestiones de fondo materia de
federal en juego (Fallos 330:3758, entre muchos otros)
consideraciones corresponde remitir, en lo pertinente, por razoneS de brevedad.
de fojas 465, cabe puntualizar que la cita allí efectuada del arto 19 de la Constitución de la
En primer término, cabe señalar que el recurso extraordinario
Sin perjuicio del aspecto señalado, y dadas las afirmaciones del a quo
autos S. C. P.1911, L. XLII, "Pérez, Aníbal cl Disco S.A.", a cuyos términos y
debate, decisión y recurso por las que se ha dado intervención a este Ministerio Público
S.C. 0.485, XLIV
disputado según la interpretación que, rectamente le otorgue a las normas de naturaleza
un tema federal en los términos del arto 14 inciso 3° de la ley 48. Reúne asimismo requisitos
que hacen a su admisibilidad. A tal fin, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones
trabajo no pueden imponer condiciones perjudiciales para, el trabajador
de las partes ni de la Cámara, puesto que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto
adecuada protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis de la CN).
resulta contrario al principio protectorio constitucional, a una retribución justa y a una
interpuesto;ha sido mal denegado, toda vez que la cuestión promovida conduce al estudio de
. diferentes de las establecidas por la ley (citó los arts. 7, 8, 9 Y 103 de la LCT). Todo ello
Diaz Paulo Vicente el Cervecería y Malteria Quilmes S.A.
concurrente de los jueces Highton de Nolasco, Fayty Argibay) y que la noción de
remuneración en manera alguna podría entender$e de alcances menores que la,acuñada en
el arto 1° del referido Convenio n095 (v. Considerando 8°, del voto concurrente de los jUéces . '
Lorenzetti, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, en el caso "Pérez", citado).
En elpresente caso, el conflicto radica en que no se puede cambiar la
naturaleza jurídica, propia de la contraprestación. Así se encuentra definido por el
mencionado Convenio 95 de la OIT en su artículo 1° Y que es coincidente con el arto 103 de
la LCT En tal sentido los votos concurrentes de los jueces Highton de Nolasco, Fayt y
Argibay se remitieron a los fundamentos del dictamen en cuanto' la indemnización salarial
debe guardar razonable proporción con los elementos que componen la remuneración, es
decir con la contraprestación que el trabajador percibe como con~ecuencia del contrato de'
trabajo. 'La indebida exclusión de conceptos que, como el sub' examine, se encuentran
comprendidos dentro de la noción de salario que brindan tanto las normas internacionales
ratificadas por la República Argentina, como la propia legislación nacional, afecta el principio
constitucional de retribución justa, que se encuentra en correlación con la base
remuneratoria que compone el derecho, también constitucional, a la protección contra el
despido arbitrario (v. in re: "Pérez", Considerado 11° del voto citado; asimismo Considerando
3° del voto de la mayoría).
El! criterio apuntado no sólo da respuesta éll planteo referido a 'los
importes correspondientes a los vales alimentarios sinotambién al concepto "Anticipo acta.
Acuerdo Nov. 2005", objeto de reclamo en este caso. No obstante, que el a quo ubicó el
concepto en un,a supuesta disponibilidad de las partes, que no surge de texto laboral alguno
(". fs, 465, párrafo 2°), porque en tales casos aquéllas no pueden pactar condiciones menos
favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales (art. 7 de la LCT). Las
disposiciones de las convenciones colectivas deben ajustarse a los preceptos que rigen las
instituciones del' derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención
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S.C. D. 485, XLIV
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cuanto, la mayoría del Tribunal señalÓque la naturaleza jurídica de una institución debe ser.
definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, .con independencia del
relacionadas con cada una de aquellas instituciones resulten más favorables a los
trabajadores (art. 7° de la Ley de Convenciones Colectiva de Trabajo, n° 14250). En tal
sentido, cobra relevancia para el sub lite el criterio sentado en el caso "Pén3z", ya citado, en
Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja,
nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyen (doctrina Fallos 303: 1812 y su cita),
sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el
ropaje del nomen iuris sería inconstitucional (v. Considerando 5°, párrafo 4° del voto
concurrente de la mayoría én el caso "Pérez").L1amar las cosas por su nombre, esto es, por
el nombre que el ordenamiento constitUcional les da, resulta, en el caso, un tributo ala
ajena la empresa contemporánea" (v. Considerando 9° y sus citas, del voto concurrente de la
"justicia dela organización del trabajo subordinado, principio rector a cuya observancia no es
mayoría en el caso "Pérez").
autos al Tribunal de origen a fin de que, por quien proceda, se dicte huevo pronunciamiento
declarar. procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y devolver los
con el alcance indicado.
DiazPaulo Vicente 'cl Cervecería y Malteria Quilmes S.A.

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