Les hago saber que si se comunican con este profesional y luego de una charla se comprometen a enviar el mail con los datos pertinentes para el seguimiento del caso y USTED no lo hace, EL PROFESIONAL NO PUEDE DAR CUMPLIMIENTO CON LO PEDIDO POR EL CLIENTE.
ES SU RESPONSABILIDAD SI ES QUE QUIERE CONTRATAR AL PROFESIONAL ENVIAR EL MAIL QUE SE LE SOLICITA.
SE REITERAN LOS MAILS: estudiocigorraga@fibertel.com.ar; estudiocigorraga@ovi.com; estudiocigorraga2010@gmail.com; estudiocigorraga@gmail.com; consulteporsudespido@yahoo.com; consulteporsudespido@outlook.com.ar.
lunes, 20 de mayo de 2013
CAMARA DE APELACIONES DE CONCORDIA ENTRE RIOS DESESTIMA DEFENSA DE FIRMA EN ENDOSO
| CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL de CONCORDIA - ENTRE RIOS | ||
| Falsedad de la firma del endosante. Procedencia de la ejecución cambiaria. Se desestima la excepción de inhabilidad de título opuesta por el librador fundada en que el tenedor del cheque no se encuentra legitimado por resultar falsa la firma de uno de los endosantes. Considera que, en virtud del carácter autónomo de las obligaciones de cada uno de los suscriptores, la invalidez de una firma inserta en el instrumento cambiario sólo puede ser opuesta a quien le es atribuida, solución que también surge, de la solidaridad prevista en el art. 11 de la ley de cheque 24.452. |
FALLO EN FAVOR DEL TRABAJADOR SANCIONA A EMPRESA POR LA FALTA DE APORTES
TS07D45178
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 45178
CAUSA Nº 45.817/2009 -SALA VII- JUZGADO Nº 36
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en los autos: “AGUILAR LUIS GUSTAVO c/ VICUMOCO S.A. Y OTROS s/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
"... el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el decisorio de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Disponer que las costas de Alzada sean solidariamente a cargo de las demandadas. 3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos de fs. 582/598 y 608/616 en el 25% (veinticinco por ciento) para cada uno de ellos que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en origen.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
sábado, 18 de mayo de 2013
REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE LA NACION (CREACION DE LAS CAMARAS DE CASACION)
Ley 26.853
Sancionada: Abril 24 de 2013
Promulgada: Mayo 9 de 2013
Fecha de Publicación: B.O. 17/05/2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1° — Créanse la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, todas ellas con sede en la Capital Federal, las que se regirán conforme la organización y competencias que se establecen en la presente ley.
ARTICULO 2° — La Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y por las demás Cámaras Federales de Apelación del país en causas contencioso-administrativas federales.
ARTICULO 3° — La Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
ARTICULO 4° — La Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por las Cámaras Federales y la Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
ARTICULO 5° — Las Cámaras creadas por esta ley se integran con siete (7) miembros y funcionarán divididas en dos (2) Salas de tres (3) miembros. La presidencia del tribunal será ejercida por el miembro restante.
Las Salas de la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social distribuirán sus funciones según la materia concierna al derecho del trabajo o al de la Seguridad Social.
ARTICULO 6° — Créanse, en cada una de las Cámaras de Casación instituidas por esta ley, siete (7) cargos de Juez de Cámara de Casación, un (1) cargo de Secretario General, dos (2) cargos de Secretario de Cámara, cuatro (4) cargos de Prosecretario de Cámara y los cargos del personal administrativo y de servicios que se detallan en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 7° — Los miembros de las Cámaras creadas por la presente ley serán designados de conformidad a lo prescripto en la normativa vigente en la materia.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas.
Hasta tanto las Cámaras de Casación creadas por el artículo 1° de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.
ARTICULO 8° — Los miembros de las Cámaras contempladas en esta ley designarán a su Presidente, el cual tendrá mandato por un período de dos (2) años.
ARTICULO 9° — Las decisiones de las Salas creadas por esta ley, se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los jueces que la integran.
ARTICULO 10. — Créanse un (1) cargo de Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, un (1) cargo de Fiscal General ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, un (1) cargo de Fiscal General ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, un (1) cargo de Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, un (1) cargo de Defensor Público de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, un (1) cargo de Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, un (1) cargo de Defensor Público de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, un (1) cargo de Defensor Público Oficial ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, y un (1) cargo de Defensor Público de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, y los demás cargos de personal y servicio que se detallan en el Anexo II de la presente.
A los efectos de aplicación de la ley 24.946, los magistrados del Ministerio Público que se desempeñen ante las Cámaras Federales de Casación se entenderán comprendidos en todas
las disposiciones de la misma referidas a los representantes del Ministerio Público ante Tribunales Colegiados de Casación.
ARTICULO 11. — Sustitúyense los artículos 288 al 301 de la Sección 8ª, del Capítulo correspondiente al Título IV del Libro Primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por los siguientes:
Sección 8ª - Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión.
Recurso de Casación.
Artículo 288: Las sentencias definitivas, o equiparables, dictadas por la Cámara de Apelación, serán susceptibles de recurso de casación.
El recurso de casación será admisible contra las resoluciones que decidan la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las decisiones que declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso-administrativa.
Artículo 289: El recurso de casación se podrá fundar en alguna de estas causales:
1. Inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva.
2. Inobservancia de las formas procesales esenciales.
3. Unificación de la doctrina cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes.
4. Arbitrariedad.
Artículo 290: El recurso de casación se deberá interponer por escrito, fundado con arreglo a las causales previstas en el artículo anterior, ante el tribunal que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de la misma. El escrito indicará concretamente la causal en la que se funda el recurso. Se citarán las previsiones normativas que se consideran violadas, inaplicadas o erróneamente interpretadas y se expresará cuál es la aplicación o interpretación que se considera adecuada.
De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por diez (10) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso.
Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Cámara de Casación respectiva dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la última notificación. Si el tribunal de la causa tuviera su asiento fuera de la Capital Federal, la remisión se efectuará por correo, a costa del recurrente.
La parte que no hubiera constituido domicilio en la Capital Federal quedará notificada de las providencias de la Cámara Federal de Casación de que se trate, por ministerio de la ley.
La concesión del recurso de casación suspende la ejecución de la sentencia.
Artículo 291: Recibido el expediente en la Cámara de Casación pertinente, previa vista al Ministerio Público por diez (10) días, se dictará la providencia de autos, que será notificada en el domicilio constituido por los interesados. Las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley, en la medida que la misma no requiera notificación por cédula conforme las previsiones de este Código.
Artículo 292: Si el tribunal denegare el recurso de casación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara de Casación pertinente, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
El trámite de la queja será el previsto en los artículos 282 y siguientes.
Artículo 293: Las sentencias de la Cámara de Casación se pronunciarán dentro de los ochenta (80) días, contados a partir del llamado de autos. Este plazo podrá reducirse a la mitad si la cuestión es objetivamente urgente. Vencido el término, las partes podrán solicitar pronto despacho y el tribunal deberá resolver dentro de los diez (10) días subsiguientes.
Artículo 294: Si la sentencia o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare.
Si hubiera inobservancia de las formas procesales esenciales, la Cámara de Casación interviniente anulará lo actuado y remitirá las actuaciones al tribunal que corresponda para su sustanciación.
Recurso de Inconstitucionalidad.
Artículo 295: El recurso de inconstitucionalidad podrá interponerse contra las sentencias y resoluciones a las que hace referencia el artículo 288 en los siguientes casos:
1. Cuando se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una ley o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución Nacional, y la sentencia, o la resolución que se le equipare, fuere contrario a las pretensiones del recurrente.
2. Cuando en el proceso se haya puesto en cuestión la interpretación de alguna cláusula de la Constitución Nacional y la decisión haya sido contraria a la validez del título, derecho, garantía o exención que sea materia del caso y que se funde en esa cláusula.
Artículo 296: El recurso de inconstitucionalidad se sustanciará con arreglo a lo previsto por los artículos 290, 291, 292 y 293.
Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casación interviniente declarará, para el caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada y confirmará o revocará el pronunciamiento recurrido.
Recurso de Revisión.
Artículo 297: El recurso de revisión procederá contra las sentencias y resoluciones a las que hace referencia el artículo 288, cuando las mismas hubiesen quedado firmes, si la sentencia hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta cuya existencia se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable.
Artículo 298: El recurso de revisión se deberá interponer por escrito, fundado con arreglo a las causales previstas en el artículo 297, ante la Cámara de Casación correspondiente, dentro del plazo de treinta (30) días contados desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho o desde que se conoció el fallo posterior irrevocable.
En ningún caso se admitirá el recurso pasados tres (3) años desde la fecha de la sentencia definitiva.
En los casos previstos en el artículo 297 deberá acompañarse copia de la sentencia pertinente.
Artículo 299: La admisión del recurso de revisión no tiene efecto suspensivo, no obstante ello, a petición del recurrente, y en consideración a las circunstancias del caso, la Cámara de Casación interviniente podrá ordenar la suspensión de la ejecución, previa caución, que a juicio del tribunal sea suficiente para responder por las costas y por los daños y perjuicios que pudieren causarse al ejecutante si el recurso fuere rechazado. Del ofrecimiento de caución se correrá vista a la contraparte.
Artículo 300: Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara de Casación interviniente podrá anular la sentencia recurrida, remitiendo a nuevo juicio cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia definitiva.
Artículo 301: El recurso de revisión se sustanciará con arreglo a lo establecido por los artículos 290, 291 y 293, en todo aquello que no se contraponga con lo normado en los artículos 298, 299 y 300.
ARTICULO 12. — Deróganse los artículos 302 y 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTICULO 13. — Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley 1285/58 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces. Ante ella actuarán el Procurador General de la Nación y los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Defensor General de la Nación y los Defensores Oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la ley 24.946 y demás legislación complementaria.
ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 32 del decreto ley 1285/58 y modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
5. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
6. Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) Del Trabajo;
g) En lo Criminal y Correccional;
h) Federal de la Seguridad Social;
i) Electoral;
j) En lo Penal Económico.
7. Tribunales Orales:
a) En lo Criminal;
b) En lo Penal Económico;
c) De Menores;
d) En lo Criminal Federal.
8. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) En lo Criminal de Instrucción;
g) En lo Correccional;
h) De Menores;
i) En lo Penal Económico;
j) Del Trabajo;
k) De Ejecución Penal;
l) En lo Penal de Rogatoria;
m) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social;
n) Juzgados Federales de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias;
o) En lo Penal Tributario.
ARTICULO 15. — La presente ley entrará en vigor a partir de su publicación. Una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite.
ARTICULO 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.853 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.
ANEXO I
I. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Prosecretario Administrativo 4
Oficial Superior 4
Auxiliar Superior (Relator) 9
Auxiliar Superior de 6a. 4
Auxiliar Principal de 5a. 4
PERSONAL DE SERVICIO
Auxiliar Principal de 7a. 7
TOTAL 32
II. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Prosecretario Administrativo 4
Oficial Superior 4
Auxiliar Superior (Relator) 9
Auxiliar Superior de 6a. 4
Auxiliar Principal de 5a. 4
PERSONAL DE SERVICIO
Auxiliar Principal de 7a. 7
TOTAL 32
III. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Prosecretario Administrativo 4
Oficial Superior 4
Auxiliar Superior (Relator) 9
Auxiliar Superior de 6a. 4
Auxiliar Principal de 5a. 4
PERSONAL DE SERVICIO
Auxiliar Principal de 7a. 7
TOTAL 32
ANEXO II
Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Fiscalía General ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal y Nacional en lo Civil y Comercial
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional en lo Civil y Comercial
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Fiscalía General ante la Cámara Federal y Nacional en lo Civil y Comercial
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
Fiscalía General ante la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad Social
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Secretario de Cámara 2
Prosecretario Administrativo 2
Jefe de Despacho 2
Oficial 2
Escribiente 2
Auxiliar 2
PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES
Ayudante 1
TOTAL 13
viernes, 17 de mayo de 2013
FALLO EN PROVINCIA DE CORRIENTES
En la ciudad de Corrientes, a los seis días del mes de mayo de dos mil trece, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Juan Carlos Codello y Guillermo Horacio Semhan, con la Presidencia del Dr. Carlos Rubín, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° L03 - 5488/6, caratulado: "D. M. A. C/ INSTITUTO SUPERIOR SAN JOSE S/ IND.". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Juan Carlos Codello.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE: C U E S T I O N
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:
- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad de Corrientes (fs. 280/289), que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada dejando sin efecto el reclamo indemnizatorio por violación al fuero sindical pretendido por el actor, esta parte interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (art. 102 y cc. de la ley 3540).
- Los recaudos formales previstos para este medio de impugnación extraordinaria fueron satisfechos (art.102 y siguientes de la ley 3540). Por lo tanto, corresponde su análisis sustancial.
III.- En primer lugar la Cámara resaltó que no fue motivo de disenso el trabajo del actor en relación de dependencia para el Instituto Superior San José, en la categoría laboral denunciada (Personal de Maestranza -categoría 1 CCT 275/95), tampoco que el 06.07.06 la reclamada le comunicara a D. el despido directo dispuesto.
Señaló que no estuvo en discusión el dictado de la Resolución N° 10/2006 de fecha 31/05/06 emitida por el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (S.O.E.M.E.), por la cual se designó al Sr. D. como "delegado" por el servicio de maestranza del Instituto Superior San José, como su comunicación por nota de fecha 02.06.06 a la Sra. Rectora del Instituto Superior San José.
Respecto a la Resolución N° 20/2006 del 20 de Junio de 2006, por la que se lo designó como Delegado Reorganizador de la Delegación Provincial SOEME de Corrientes por el término de seis meses y a partir de su dictado, enfatizó que no obraba constancia que D. haya anoticiado a su empleador esa designación, esta vez como Delegado Reorganizador de la Delegación Provincial de S.O.E.M.E. Por ello, concluyó que en el caso no estaban satisfechos los recaudos legales a fin de gozar de la protección reclamada, tanto en lo que hace a su pretendida designación "ad hoc" mediante Resolución N° 10/06 como "delegado" del personal del establecimiento, ni en su segunda fallida designación como Delegado Reorganizador por la Resolución N° 20/06.
Explicó que para gozar de tutela gremial se deben observar los requisitos establecidos en el art. 49 de la Ley de Asociaciones Profesionales, entre los que se encuentra: a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo los recaudos legales" lo que no se da en el particular, pues el actor al momento de ser "designado" no cumplía con los requisitos requeridos b) estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde preste servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer, debiendo contar en todos los casos con una antigüedad mínima en la afiliación de un año.
Y señaló que en el caso sometido a juzgamiento no había constancia alguna de los mentados pasos que son de rutina, como ser la convocatoria a elección interna por parte del Sindicato pertinente, presentación y recepción de la lista de candidatos, padrón electoral, acta comicial de apertura y cierre, recaudos que no surgían, dijo, de las constancias del expediente administrativo y del cual solo se extraen los escritos presentados por el Secretario General de S.O.E.M.E. meras afirmaciones de la supuesta investidura del reclamante, que no permitía hablar de protección o tutela sindical de ninguna índole.
Asimismo, entendió que no se cumplimentó otro recaudo de procedencia, la antigüedad mínima en la afiliación a la asociación sindical. Para ello, analizó la instrumental agregada a fs. 116 de la que surgía que el actor realizó la solicitud de afiliación al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) el día 01.08.05, por lo que al momento de su supuesta designación no contaba con un año de afiliación.
Seguidamente enfatizó -en vinculación con la supuesta designación efectuada mediante Resolución N° 20/06/06-, que no había constancia de D. respecto a que hubiera anoticiado a su empleador de la mentada designación.
IV.- Se disconforma el recurrente con la valoración efectuada por la Cámara del caso sometido a juzgamiento. Reprocha que usara como fundamentos la falta de cumplimiento de los recaudos formales respecto a la comunicación de la función sindical ejercida por su parte, asimismo de su designación como Delegado Reorganizador.
Entiende que lo que cambiaba por la Resolución N° 20/06 (de la cual, según la Cámara,la demandada no fue anoticiada), fue una cuestión interna de reorganización del sindicato pero no su calidad de sindicalista antes debidamente anoticiada. Sostiene, en concreto, que no variaba su fuero sindical y, en consecuencia, no existía obligación de comunicar nuevamente su situación, resaltando que quedó perfectamente acreditada la resolución N° 10 de fecha 31/05/2006 emitida por SOEME en nota de fecha 02 de Junio de 2006 dirigida a la Rectora del Instituto San José, que documentaba su designación como delegado del servicio de maestranza del Instituto Superior San José.
También le causa agravio que el a quo incurriera en errónea aplicación de la ley sustantiva, ley 23.551, porque ha desviado el objeto sometido a debate, esto es la aplicación o no del resarcimiento por despido durante el tiempo que su parte fue empleado y sindicalista.
Remarca que su parte tenía el carácter o la función sindical, sea como delegado reorganizador o por el servicio de maestranza del Instituto Superior San José, es decir que el fuero sindical lo tenía igual, razón por la cual sostiene que no influye la confusión del primer sentenciante, porque lo que se pide es una indemnización especial - por el despido- por tener el carácter de delegado sindical.
Reitera que la notificación del 02 de junio de 2006 resultó suficiente para hacer conocer al Instituto San José la calidad de delegado por parte de SOEME y si luego esa calidad de delegado cambió y dejó de ser maestranza para ser reorganizador, ello resulta ser una cuestión interna del SOEME en el cual el demandado no puede inmiscuirse.
En adelante, alega que el a quo ha hecho una aplicación incorrecta de la norma contenida en el art. 49 de la ley 23.551, ya que la comunicación fue cumplida mediante nota de fecha 02 de Junio de 2006.
Igualmente insiste que tanto la Cámara como el Instituto San José pretendieron desvirtuar cuestiones relativas a su elección, materia no sometida a su jurisdicción, por tratarse, según su parecer, de un tema interno que debió ser impugnado, en su momento, por los trabajadores.
Por último, se queja cuando el tribunal a quo, sostuvo que en el caso particular no había constancia alguna que la elección se hubiera realizado en los términos del art. 41 de la ley 23.551, replica diciendo que la exigencia de la notificación según dicha normativa sea a través de carta documento o telegrama colacionado resulta un excesivo ritualismo y, que la nota de fecha 02 de Junio de 2006 dirigida a la empleadora fue recepcionada por ésta y no fue negada, afirmando que estaba perfectamente acreditada la notificación a la empleadora de su calidad de delegado o miembro del Sindicato.
- Examinados los reproches del recurrente en confrontación con las constancias de la causa y la normativa vigente aplicable al caso, el remedio debe prosperar.
- De las probanzas de autos surge que el actor notifica a su empleadora su designación gremial, ocupando el cargo de Delegado por el Servicio de Maestranza del Instituto Superior San José, designado mediante Resolución N° 10 de fecha 31/05/2006. Notificación no cuestionada.
Luego, el Subsecretario Nacional del SOEME, por nota que lleva N°20 de fecha 20/06/2006, designó al señor D. (que trabaja en el Instituto Superior San José) como Delegado Reorganizador de la Delegación Provincial de SOEME de Corrientes, por el término de seis meses.
Para la Cámara la tutela gremial peticionada incumplió ciertos requisitos legales pues, entendió que el alcance de la primer comunicación no resultó válida para poner en funcionamiento el
andamiaje protectorio dispuesto por la Ley N° 23.551, además de reparar en otros incumplimientos formales.
- Sin embargo, considero errada la postura asumida por el inferior y como tal al margen de la protección que brinda la ley 23.551. En efecto, incurrió en desinterpretación de su texto de tal suerte que posibilitó la configuración de uno de los motivos disciplinados en el art. 103 de la ley 3540, violación de la ley.
Sin dudas que la designación del Sr. D. por Resolución N°10 de fecha 31/05/2006 en calidad de Delegado del Servicio de Maestranza del Instituto Superior San José, fue comunicada por la Asociación Sindical a la Sra. Rectora, recepcionada por ésta el día 06/06/06 (vide sello fechador -fs. 175-),de este modo, ingresó a conocimiento de la patronal esa designación antes de la rescisión de la relación laboral dispuesta.
Que posteriormente haya recaído la Resolución N° 20 de fecha 20/06/2006, suscripta por el Subsecretario Nacional del SOEME -fs. 176-, nominando al actor como Delegado Reorganizador de la Delegación Provincial de SOEME de Corrientes, por el término de seis meses, y no se notificara debidamente como estimó el inferior, no releva a la empleadora de las obligaciones para aquél, frente a la primera designación, en la calidad antes mencionada, y debidamente notificada.
El hecho detonante lo constituyó el conocimiento cierto que la empleadora tuvo de la Resolución N°10/2.006. Y jamás cuestionó los alcances de la designación.
Adoctrinan a propósito José Daniel Machado y Raúl Horacio Ojeda (Cfr: Tutela Sindical, Estabilidad del Representante Gremial, Santa Fe, 2006, pág 181) "...que el conocimiento del estatus sindical supone un "mensaje" en sí mismo, que, obliga a extremar la prudencia, obliga también a suplir la eventual insuficiencia mediante una carga de informarse ante la entidad sindical...".
Es que formalizada la comunicación del nombramiento al empleador éste pudo en dicha ocasión formular las objeciones que a su criterio resultaren invalidantes de aquel acto eleccionario o de la notificación cursada mediante las impugnaciones pertinentes o el pedido de aclaraciones que fueran conducentes. Más, en el caso la demandada receptó la comunicación -por Nota del Secretario del Sindicato (vide fs. 176)- y en modo alguno procedió a cuestionarla.
En ese entendimiento, estimo que la omisión de denunciar recaudos reglamentarios no priva a la notificación cursada de su validez en lo que respecta a la eficacia de la estabilidad gremial del actor, en tanto el principal no requirió oportunamente las aclaraciones pertinentes.
Ciertamente, en el caso medió la notificación escrita materializada vigente la relación laboral, por lo que al tiempo en que la empleadora ejerció su poder rescisorio sin justa causa -6/7/2006- tal como lo reconoció al contestar la demanda (fs. 20/24 vta.), no se ilustró debidamente acerca del estatus sindical de su dependiente por lo cual quedó obligada a abonar la indemnización correspondiente a su calidad de delegado gremial.
VIII.- La regla general sobre el punto es que una eventual impugnación del empleador debe ser efectuada en tiempo propio. Quiero significar que un efecto de tipo preclusivo ocurre cuando se ha mantenido silencio frente a la notificación en forma de una candidatura, o de una designación (CFR: Machado-Ojeda, ob. Cit., pág. 194); derivando los autores dicho efecto del principio de la "buena fe" que debe presidir tanto las relaciones individuales como las colectivas del Derecho del Trabajo, entendiendo que cualquier causal de inhabilidad que pudiera existir no puede ser reservada por el empleador cual "as en la manga" para ser traída a cuento sólo en el momento en que, mediando ya conflicto concreto, la tutela del interesado pasa a ser cuestión decisiva (cfr: Torre, Patricio y Morando, Juan Carlos, Régimen Legal de los Sindicatos, Hammurabi, Bs.As., 1980, p- 156; ob cit, pág. 195).
En definitiva, de las constancias de autos surge que la Asociación Sindical comunicó la designación de D. con antelación a la decisión de la patronal de rescindir el contrato sin justa causa dispuesto en fecha 06/07/2006. Y el silencio supuso una forma de consentimiento tácito contra el cual no pudo válidamente volverse después, incongruentemente, cuando la investidura aceptada impidió el ejercicio del poder rescisorio en la forma dispuesta. Siendo por lo tanto extemporáneos los vicios o causales que, tardíamente, luego se invocaron no guardando una relación de razonable contemporaneidad con el primer conocimiento que la demandada tuvo de la misma.
IX.- A mayor abundamiento, memoro que las condiciones relativas a la elección en sí pertenecen al ámbito de la autonomía sindical y no autorizan a interferir al empleador, desde que la estabilidad o tutela sindical resulta ser una garantía "amplia" como lo explica abundante doctrina y jurisprudencia, apreciada a la luz del principio protectorio constitucional según el cual los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión y las relaciones con la estabilidad de su empleo, gozando de garantía supranacional (art. 14 bis, 75 inc. 22 C.N., Conv. 135 OIT ratificada por ley 25.081).
Resulta lógico que así sea, toda vez que, la designación de un trabajador en cargo gremial, o simplemente su postulación, interfieren en el plexo de derechos y obligaciones de la relación laboral y, se reconozca al empleador la posibilidad de control del cumplimiento de los requisitos impuestos por la norma para constituir aquellos derechos. En ese marco, sin embargo resulta indispensable destacar que el control al que aludo no alcanza, como es obvio, a aquellos temas que están reservados al desenvolvimiento de la vida interna de la asociación sindical y en todo caso a la defensa de los derechos sindicales de trabajadores, afiliados o no a aquella entidad a la cual la ley reconoce la facultad de representación. Pues, la interferencia del empleador sobre cuestiones vedadas, (vgr. el acto eleccionario) implicaría una conducta reñida con el principio de autonomía colectiva. Sin embargo, aquél estaba legitimado para controlar ciertos recaudos en tiempo oportuno, el deber de objetar o impugnar; si no lo hizo, convalidó aquella designación, estándole vedado planteos posteriores.
Lo expuesto me releva de mayores consideraciones y conduce a declarar procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el trabajador, en su mérito, dejar sin efecto -en lo que fue
materia de recurso- el pronunciamiento de Cámara y confirmar la sentencia de primera instancia. Y atendiendo al éxito obtenido por el actor, corresponderá también dejar sin efecto el punto 2° de la parte dispositiva del decisorio de Cámara, imponiéndose las costas en ambas instancias ordinarias y en ésta a la demandada vencida (art. 87 y 88 de la ley 3540). Regular los honorarios del profesional interviniente Dr. Carlos A. Menises (h), por la demandada como vencida y los pertenecientes al Dr. Mario Enzo Cabral en calidad de vencedor, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). Todos en la calidad de Monotributistas frente al IVA.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR JUAN CARLOS CODELLO, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.
En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:
SENTENCIA N° 24
1°) Hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el trabajador, en su mérito, dejar sin efecto -en lo que fue materia de recurso- el pronunciamiento de Cámara y confirmar la sentencia de primera instancia. 2°) Dejar sin efecto el punto 2° de la parte dispositiva del decisorio de Cámara, imponiéndose las costas en ambas instancias ordinarias y en ésta a la demandada vencida (art. 87 y 88 de la ley 3540). 3°) Regular los honorarios del profesional interviniente Dr. Carlos A. Menises (h), por la demandada como vencida y los pertenecientes al Dr. Mario Enzo Cabral en calidad de vencedor, en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). Todos en la calidad de Monotributistas frente al IVA.. 4°) Insértese y notifíquese.
Fdo: Dres. Fernando Niz-Guillermo Semhan-Juan Carlos Codello-Carlos Rubin.
FUENTE INFOJUS
FALLOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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FALLO AMBITO LABORAL : CERTIFICACIONES DE SERVICIOS CONDENA AL EMPLEADOR
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 29770 SALA V. AUTOS: "TUNNO ROSA LUISA C/ SAN BARTOLO S.A. S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 45).
Buenos Aires, 30 de abril de 2013.
VISTO Y CONSIDERANDO:
1) El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1445/1447, contra la reso-lución de fs. 1444, y que fue concedido por esta Sala por sentencia interlocutoria de fs. 1492 -que hizo lugar a la queja oportunamente deducida por dicha parte contra la denegatoria de fs. 1448-. Se corrió traslado a la contraria, que contestó agravios a fs. 1506/1508.
2) La resolución de grado apelada, tuvo a la demandada por cumplida con su obligación de entregar los certificados del art. 80 LCT sobre la base de considerar suficientes los instru-mentos adjuntados por el empleador a fs. 1403/1416.
Ahora bien, si nos remitimos a los cuestionamientos puntuales que el accionante formu-ló a fs. 1419/1420, contra los instrumentos que se adjuntaron a fs. 1403/1416 son: a) que las remuneraciones consignadas para los períodos 1993 a 1999, no se corresponden con las que efectivamente se le abonaban, toda vez que no se incluyeron las suma pagas “en negro”; b) que el formulario P.S 6.2 omite consignar las remuneraciones anteriores al año 1998, y que además, en el caso de los períodos 2003 a 2008, se consignaron los salarios conforme los topes y no por la totalidad del salario, no incluyéndose el rubro “Ac. Comercio 2007”; c) no se entregó certificación que acredite el pago de los aportes y contribuciones previsionales; y d) no se entregó certificación que acredite el pago de los aportes sindicales.
Todo empleador al finalizar el vínculo laboral que mantenía con un empleado y luego de haber sido fehacientemente intimado por éste a tal efecto, tiene la obligación de hacer entrega de: 1) un certificado de trabajo en el que debe constar lo siguiente:
a) el tiempo de prestación de los servicios, esto es la fecha de ingreso y de egreso.
b) naturaleza de dichos servicios, es decir las labores que cumplía, cargo o categoría profesional, etc.)
c) los sueldos percibidos
d) los aportes y contribuciones realizados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social pero que no debe confundirse con la “constancia documentada” que el art. 80 precitado contempla en su primer párrafo como excepción.
e) la calificación profesional que hubiere obtenido en los puestos de trabajo en que se desempeñó el trabajador.
2) Debe entregársele a su vez, la certificación de servicios y remuneraciones de la
ley 24.241 y que se expide en un formulario de la Anses (PS 6.2.) en el que se vuelcan datos similares aunque no del todo coincidentes con los que exige el art. 80 de la LCT, pues en dicho formulario (PS 6.2.) se deja constancia de la remuneración mensual sujeta a pagos previsionales de los últimos diez años.
Obsérvese que ambas certificaciones tienen una finalidad diferente y no se reemplazan entre sí, pues el “certificado de trabajo” le resulta de utilidad al trabajador para conseguir otro empleo y se confecciona en una hoja membretada del empleador y con la firma y sello del responsable correspondiente, debiendo contener la información que exige el art. 80 de la LCT. Mientras que la “certificación de servicios y remuneraciones” tiene como objeto poder gestionar y obtener un reconocimiento de servicios o un beneficio previsional quedando luego archivada en la Anses y se confecciona en un formulario especial (PS 6.2.) el que también debe llevar la firma de un responsable de la empresa y estar debidamente certificada ante un banco, escribano, etc.).
3) Resta un tercer instrumento legal que debe ser entregado y es la “constancia documentada de aportes” en el que deben constar todos los aportes efectuados por el empleador durante la vigencia del vínculo laboral de conformidad con lo exigido por el art. 80 LCT.
No se encuentra instrumentado en formulario alguno y puede considerarse cumplimen-tado con la entrega de las boletas de pago de cargas sociales certificadas por banco, escribano, etc., es por ello que no resulta suficiente la sola entrega del precitado formulario PS 6.2. de la Anses.
El cotejo de los instrumentos adjuntados de acuerdo con los parámetros señalados, po-ne de manifiesto, efectivamente, que no se encuentran cumplimentados en forma adecuada los requisitos señalados precedentemente, por lo que resultan procedentes las objeciones que formula la parte actora, inclusive en lo atinente a la legitimación para perseguir del empleador el ingreso de los fondos adeudados, ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 504 C. Civil.
Es por todo ello, que la resolución apelada debe revocarse, y en consecuencia, ordenar a la demandada que haga entrega a la actora de nuevas certificaciones con las rectificaciones formuladas en el escrito de fs. 1419/1420, dentro del plazo de 20 días, bajo apercibimiento de astreintes que serán fijadas en su caso, por la jueza de grado.
4) Diferir la decisión sobre costas y honorarios, hasta tanto se fijen las de la instancia anterior.
Por los fundamentos expuestos, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la resolución de fs. 1444, y ordenar a la demandada que haga entrega a la actora de nuevas certificaciones con las rectificaciones formuladas en el escrito de fs. 1419/1420, dentro del plazo de 20 días, bajo
apercibimiento de astreintes que serán fijadas en su caso, por la jueza de grado. 2) Diferir la decisión sobre costas y honorarios, hasta tanto se fijen las de la instancia anterior. 3) Reg., not. y dev.. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).
Enrique N. Arias Gibert Oscar Zas
Juez de Cámara Juez de Cámara
FUENTE INFOJUS
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