PODER JUDICIAL DE LA NACION
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 18952
EXPEDIENTE Nº23.582/10 SALA IX JUZGADO Nº 4
En la ciudad de Buenos Aires, el 30-9-13 para dictar sentencia en los autos caratulados: “BORDON REINA C/DUBOVITSKY DIEGO PABLO Y OTROS S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR ROBERTO C. POMPA dijo:
I- Contra la sentencia de primera instancia de fs. 271/274 que hizo lugar al reclamo en lo principal, se alza el codemandado Diego Pablo Dubovitsky, según el escrito de fs. 277/279vta. contestado a fs. 285/287.
II- Adelanto que la queja introducida, de compartirse mi voto, no tendrá favorable recepción en la Alzada.
Se agravia el codemandado porque la Sra. Jueza de primera instancia lo condenó solidariamente como socio gerente de la empresa demandada. Sostiene que de las constancias de la causa surgiría acreditado que la relación laboral fue debidamente registrada desde marzo de 2002 y que la clausura del local de la demandada no transformó la relación laboral en un contrato sin registro. Finalmente señala que desde aquel momento no habría tenido más injerencia en la administración societaria que quedó a cargo del codemandado Juan José Di Riso.
Ahora bien, precisamente de la prueba instrumental que refiere el codemandado en su memorial recursivo (Afip fs. 130/137 y 262) surgen incumplimientos con los organismos de seguridad social y obra social, así como falta de registro de la relación laboral desde abril de 2007 hasta el distracto (arts. 53, 55 L.C.T. y 386 C.P.C.C.N), circunstancia que se presenta como significativa y permite inferir una actuación encuadrable en los supuestos que contemplan los arts. 54 y 274, primer párrafo, de la ley 19.550 para responsabilizar a Diego Pablo Dubovitsky como socio gerente de la sociedad demandada, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y u omisión. Ello es así, porque los reproches que se verifican en el sub lite hacen suponer el incumplimiento por parte de aquél de deberes a su cargo en los términos de las normas citadas, sin haberse
demostrado su oportuna participación contraria a la decisión de la sociedad (cf. art. 274, segundo párrafo, ley 19.550).
Esta conclusión no soslaya las implicancias que tiene la diferenciación entre la personalidad de la sociedad y la de sus socios y administradores; diferenciación en la cual asienta el régimen especial de la ley 19.550, y que ha sido aludida en varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero estimo que ello debe ser conjugado con la necesidad de indagar en cada caso, en sana crítica y a la vista de lo afirmado y probado durante el desarrollo del pleito, la configuración de alguno de los supuestos excepcionales –previstos por el mismo régimen de la ley 19.550- que permita resguardar el derecho de quienes –como ocurre en autos, con la trabajadora reclamante- se ha visto perjudicada por el abuso de la personalidad jurídica de la sociedad o por la actuación de sus administradores o representantes.
Destaco que la posibilidad del escudo societario sólo puede funcionar o ser tolerada mientras se respete lo que Galgano denomina “las condiciones de uso” (Galgano Francesco, “Delle associazioni”, Págs. 15 y 18, y “Delle persone juridici”, Roma-Bologna, 1969, págs. 20 y ss), que son aquellas para las cuales el legislador le ha otorgado a los socios de un sujeto colectivo el derecho de actuar con imputabilidad diferenciada. Pero si esta se viola, se debe “imputar” y “responsabilizar” a quienes se encuentran detrás de la “escenografía societaria” (cfe. Martorell, Ernesto Eduardo, “Los directores de sociedades anónimas”, Depalma, Buenos Aires, 1990, pág. 16). Es decir, no se discute la personalidad diferenciada de la sociedad de la persona de sus integrantes, pero no debe perderse de vista que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcance fijado en la ley (cfe. art. 2 de la ley 19550), por lo que es lógico que las consecuencias del abuso o la violación de la ley deban recaer sobre las personas de sus socios, controladores y o directores que la hicieron posible como expresamente lo determinan los arts. 54 y 274 de la ley de sociedades, sin que resulten aplicables los precedentes “Palomeque” o “Kanmar” del Máximo Tribunal, en tanto en las presentes actuaciones se ha demostrado el fraude a la ley cometido de modo sistemático.
En el caso de autos, el codemandado integraba la gerencia de la sociedad demandada, en virtud de lo informado por la Inspección General de Justicia (fs.
197/208 y 213/216), por lo que es dable admitir que aquél hizo posible o al menos permitió la actuación de la sociedad mediante la cual se produjo la violación aludida (tanto a la ley, al orden público y a la buena fue como para frustrar derechos de terceros), al mantener una relación laboral con los incumplimientos reseñados y que no fue registrada al menos en el período precedentemente indicado.
Ahora bien, la renuncia plasmada en la carta documento de fs. 76 no resulta oponible al actor, toda vez que tal modificación no fue inscripta, por lo que no encuentro justificada la exoneración de responsabilidad peticionada.
En base a todo lo expuesto, considero que la sentencia recurrida debe ser confirmada.
III- En cuanto a las costas de Alzada, en atención a que el codemandado resultó vencido, sugiero imponerle dicho accesorio (conf. art. 68, primer párrafo del C.P.C.C.N.). Regúlense los honorarios de la representación letrada de la parte actora y del demandado en el 25% de lo que le correspondió por lo actuado en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa precedentemente expuestas.
EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).
A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la anterior en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 2) Costas de la Alzada a cargo del codemandado Diego Pablo Dubovitsky. 3) Regular los honorarios de los representantes letrados de la parte actora y del demandado en el 25% de lo que a cada uno le correspondió por lo actuado en la anterior instancia
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Dr. Alvaro E. Balestrini Dr. Roberto C. Pompa
Juez de Cámara Juez de Cámara
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lunes, 18 de noviembre de 2013
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