SUSPENSION DE METROBUS

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “DI FILIPPO, FACUNDO y otro C/GCBA S/AMPARO (ART. 14 CCABA)” ///dad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. Que a fs. 1/29 se presentan FACUNDO MARTÍN DI FILIPPO y MARCOS ZELAYA (en adelante, los actores), con el patrocinio letrado de JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO, e inician la presente acción de amparo colectivo contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, la demandada) con el objeto de que: a) se ordene a la demandada a paralizar los trabajos constructivos de la obra pública “Metrobus Corredor 9 de Julio”, que se localizará en el tramo de esta Avenida, entre la Av. San Juan y la calle Arroyo; b) se declare la nulidad del decreto 555-GCBA-2012 que aprueba los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública vinculada con la obra de referencia, y c) se ordene la recomposición del ambiente dañado y el restablecimiento al estado anterior de la Avenida 9 de Julio. Aducen que el presente constituye un amparo de carácter colectivo, en cuanto existe una afectación al derecho de todos los habitantes de la Ciudad, en especial el derecho a gozar de un ambiente urbano sano y equilibrado. Según la argumentación que desarrollan, el proyecto de “Metrobus Corredor 9 de Julio” requiere la aprobación de la Legislatura de la Ciudad en virtud de las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de la ley 2992. Explican que tal intervención no es un requisito meramente formal, sino que afecta las facultades legislativas establecidas por la ley 2992 en referencia al Sistema Integrado de Transporte. Señalan, en este marco, que la falta de planificación involucra el mal uso de recursos, ya que, a modo de ejemplo, estos fondos podrían utilizarse para la inversión y mejoras sobre la línea C de Subterráneos, que tiene un recorrido similar al del Metrobus. Asimismo, destacan que en forma previa a la licitación y ejecución de las obras era necesario firmar un convenio con el Estado Nacional, en virtud de lo previsto por el decreto 656-PEN-94, que luego debería ser refrendado por la Legislatura de la Ciudad. Ello en razón de que el Estado Nacional ejerce jurisdicción en materia de regulación del transporte público automotor de pasajeros. A su vez, entre otros argumentos señalan que la obra del Metrobus implica una vulneración del derecho al ambiente sano y equilibrado (art. 41 CN, art. 26 y 27 Constitución de la Ciudad). En este sentido, sostienen que la obra destruye el paisaje cultural urbano de la Avenida 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como la Avenida “más ancha del mundo”, que sobresale por su fisonomía y construcciones emblemáticas como el Obelisco. Por otra parte, aducen que la obra implicará el recorte y achicamiento de espacios verdes (plazoletas laterales, plazoletas centrales y la Plaza de la República). A su vez, el proyecto involucra la afectación de más de 200 árboles (jacarandás, tipas, y otros), que serán “descopados” en una época del año no adecuada para la poda. Afirman que esto generará una gravísima afectación del arbolado público y la pérdida o lesión de numerosos ejemplares arbóreos, lo que implica un grave impacto sobre el patrimonio urbanístico, cultural y paisajístico de la Ciudad. En este contexto, los actores solicitan en forma urgente el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se ordene al GCBA a paralizar los trabajos constructivos de la obra “Metrobus Corredor 9 de Julio”. 2. [LEGITIMACIÓN] Que corresponde a continuación analizar somera y provisoriamente la legitimación de los actores para realizar el planteo incoado. Al respecto invocan, en el marco de una acción de amparo, su condición de habitantes de la Ciudad. Sobre el punto, ha de tenerse presente que el artículo 14 de la CCABA en su párrafo segundo, dispone que cualquier habitante de la Ciudad puede interponer acción de amparo “cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia, ha señalado que “el art. 14 CCBA posibilita legitimaciones de personas no afectadas singularmente por el obrar arbitrario o con ilegalidad manifiesta” que lo cuestionen por vía de amparo en supuestos en que se invoque la vulneración de un derecho de incidencia colectiva (en autos “Dr. Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA] s/recurso de inconstitucionalidad concedido” y acumulado, Expte. 4809/06, resueltos el 6 de octubre de 2006, considerando 3 del voto de la mayoría). Se ha resuelto que en el amparo si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva no importa que quien lo alegue sea o no titular de un interés personal; por el contrario, resulta suficiente la afectación de un derecho colectivo consagrado por la Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante de la Ciudad (Cámara CAyT, Sala 2, autos “Barila, Santiago c/GCBA s/amparo”, del 5 de febrero de 2007; también autos“Ibarra, Aníbal y otros c/ GCBA s/amparo”, Expte. EXP 31.131/0 resueltos el 31 de marzo de 2009). En este sentido, el TSJ ha advertido que más allá de que tanto la Constitución nacional como la porteña utilizan el término “causa” para delimitar la función de sus respectivos poderes judiciales, lo cierto es que la Ciudad, como cualquier provincia, puede escoger un criterio más amplio que la Nación para delimitar el universo de asuntos susceptibles de ser resueltos por sus jueces. No, en cambio, uno más estrecho (voto del Dr. Luis F. LOZANO, en autos “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Asociación Argentina de Agencias de Publicidad c/GCBA s/impugnación de actos administrativos’ “, Expte. N° 4889/06”, del 12 de junio de 2007). De allí que no quepa aplicar, sin un análisis detallado de las características del caso, la tradicional jurisprudencia de la CSJN por la cual se ha resuelto que el de ciudadano es un concepto de notable generalidad, y que su comprobación no basta en la mayoría de los casos para demostrar la existencia de un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado el “caso contencioso”. Como se expuso, en el ámbito de la Ciudad el constituyente y el legislador han optado —en determinados supuestos como el que se presenta en el sub lite— por un diseño más amplio del “caso judicial”. En el caso, las obras cuestionadas por los actores, involucran derechos de incidencia colectiva como ser —entre otros— la alegada afectación al ambiente —arbolado público, patrimonio cultural e histórico de la Ciudad— y su protección. La Cámara del fuero ha señalado que “cabe concluir que el objeto de la litis concierne a la categoría de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, en los términos del artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional y 14, segundo párrafo, de la Constitución de la Ciudad. Otros aspectos de la pretensión por caso, [en tal supuesto] la preservación de la Av. 9 de Julio como patrimonio cultural; así como los cuestionamientos formulados con respecto a la presunta inobservancia de los mecanismos de información y participación ciudadana, también remiten, de manera indudable, a la categoría de derechos mencionada precedentemente”. De este modo, continúa, el carácter de habitantes de la Ciudad de los actores, así como de “entidad defensora de derechos o intereses colectivos” de la Asociación actuante “es cualidad suficiente para tener por configurado el requisito en examen cuando la controversia judicial trata sobre derechos o intereses colectivos (cfr. art. 14, segundo párrafo, CCBA). En otros términos, cuando el objeto del juicio se refiere a derechos o intereses de tal carácter, la existencia de un nexo Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires jurídico suficiente entre el status afirmado por el litigante y la pretensión cuya satisfacción procura ya ha sido definida por el constituyente de manera expresa. Es decir, el constituyente ha establecido que, tratándose de derechos o intereses colectivos, todo habitante se halla en situación de resultar beneficiado o perjudicado por el pronunciamiento judicial por cuanto la conducta estatal impugnada lo afecta de forma suficientemente directa en función de la especial índole de los intereses en conflicto y, por tanto, es parte legitimada. En consecuencia el agravio en examen debe ser desestimado” (Sala 1 de la Cámara del Fuero, resolución del 8 de julio de 2010 en autos “Lubertino, María José y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales”; Expte. EXP 34.409/1). Por último, y en la misma inteligencia, corresponde recordar que el artículo 30, in fine, de la ley 25.675, prevé que “toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”. 3. [MEDIDAS CAUTELARES] Que cabe señalar que las medidas cautelares tienden a impedir que durante el lapso que transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento definitivo sobrevenga cualquier circunstancia que haga imposible o dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución (cfme. Sala II del fuero, en autos “La Rueca Porteña SACIFIA c/GCBA s/otros procesos incidentales”, Expte: EXP 4073/1). Su procedencia, conforme surge del artículo 15 de la ley 2145, se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita y el peligro en la demora, que exige evidenciar que la tutela jurídica que el actor aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del tiempo. Se exige, asimismo, que su dictado no frustre el interés público y que se fije una contracautela. Sentado ello, y previo a analizar la presencia en el caso de los requisitos habilitantes para el dictado de las medidas solicitadas, ha de recordarse que la Corte Suprema ha resuelto que “la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica” (Fallos: 314:711, cons. 2º; 306:2060, cons. 6 y 7) y que en ciertas ocasiones, tal como ocurre con las medidas de no innovar y en las cautelares innovativas, existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al Tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, sin que quepa desentenderse del tratamiento de tales alegaciones so color de incurrir en prejuzgamiento (Fallos: 320:1633, considerando 91, citado por la Sala 2 de la Cámara del fuero al resolver en autos “Asociación Civil Casa Amarilla 2005 contra GCBA y otros sobre recusación [ART. 16 CCAYT], Expte. 29.564/1, el 13 de junio de 2008). 4. [VEROSIMILITUD EN EL DERECHO] Que sentado lo expuesto, corresponde analizar la presencia en el caso del requisito de verosimilitud en el derecho, para lo cual ha de delimitarse provisional y someramente el marco normativo aplicable al sub lite. En primer lugar, resulta necesario señalar que el medio ambiente que la presente acción pretende resguardar se encuentra protegido tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de esta Ciudad. En efecto, el derecho a un ambiente sano se encuentra expresamente postulado y reconocido tanto en el artículo 41 de la Constitución Nacional como en el artículo 26 y siguientes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CCABA). Más específicamente, el inciso 4° del artículo 27 de la CCABA impone como uno de los fines de la política ambiental de la Ciudad “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica”. Asimismo, cabe referirse al Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA) que respecto de los espacios públicos dispone la necesidad del “mejoramiento funcional y ambiental de los parques, plazas y paseos existentes y ampliación de la oferta a escala urbana y barrial” a través de, entre otras acciones, “la creación de nuevas plazas, plazoletas y patios de juego en relación adecuada a la densidad poblacional de las diversas zonas” (art. 9°, ley 2930). La misma norma destaca la “defensa, regulación y control de niveles de calidad ambiental y paisajística del espacio público, a través de (…) parquizar y forestar las avenidas de intenso tránsito vehicular” (art. 9°, inciso f, 2). Respecto del área puntual que nos ocupa, prescribe la necesidad de articular los corredores verdes del Norte y del Sur por el área central a través de, entre otras medidas, “reforzar la forestación de la Av. 9 de Julio entre Retiro y Constitución” (art. 9|, inc.d, 4, a1, ley 2930). Por otro lado, la ley de arbolado público porteña 3263 del año 2009, tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustarán las tareas de intervención. En ese sentido, entiende por arbolado público urbano a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación y de los espacios verdes así como los implantados en bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfme. arts. 1º y 2º de la ley citada). A los efectos de proteger e incrementar el arbolado público urbano, establece determinadas obligaciones a la Autoridad de Aplicación, entre las que se encuentra la de precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía (cfme. art. 3º, inc. c). Asimismo, determina que previo a cada intervención en el arbolado público, la Autoridad de Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo (cfme. art. 10). En este contexto normativo, y aún en el estado inicial en que se encuentran las actuaciones, encuentro acreditada la verosimilitud en el derecho, al menos para disponer parcialmente una tutela provisoria urgente de los bienes colectivos invocados, hasta tanto pueda disponerse de mayores elementos de convicción en el legajo. 5. [PELIGRO EN LA DEMORA] Que con relación al peligro en la demora, cabe destacar que a fin de que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la jurisprudencia exigen la concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos encontrarse morigerado por la fuerte presencia del otro. En efecto, se ha sostenido que los presupuestos mencionados se relacionan de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho, corresponde no ser tan riguroso en la apreciación del peligro del daño y –viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable la exigencia respecto del “fumus” se puede atemperar (en este sentido, Sala II del fuero, in re “Banque Nationale de París c/GCBA s/amparo [art. 14 CCBA]”, expte. EXP-6, del 21/11/2000 y Sala I del fuero, en autos “Ticketec Argentina S.A. c/GCBA” del 17/7/2001). Considero que, en el caso, el peligro en la demora estaría dado por el hecho alegado por los actores, y de público y notorio conocimiento, consistente en la extracción de numerosos ejemplares que integran el arbolado público de la Avenida 9 de Julio y en la proyectada disminución o supresión de espacios verdes existentes en su traza. Así, en este estado preliminar de la causa, y ante la posibilidad de que se consumen los alegados daños de irreparable o muy difícil subsanación ulterior, he de tener por configurado preliminarmente el requisito del peligro en la demora. Al respecto ha de recordarse que, como una derivación necesaria del mandato constitucional de preservar el medio ambiente (art. 41 CN y 26 CCABA), rigen en Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la materia los principios de precaución y prevención expresamente receptados por el art. 4 de la Ley General del Ambiente 25.675, norma de presupuestos mínimos en la materia y aplicable por ello a todas las jurisdicciones de la República 6. [INTERÉS PÚBLICO] Que tampoco la concesión de la medida preventiva solicitada implica una frustración del “interés público”. Por el contrario, estimo que el principal interés a tutelar en el caso radica en asegurar la no frustración de la adecuada protección de los bienes colectivos involucrados en autos en los términos de las normas constitucionales y legales referidas que han merecido un calificado tratamiento por parte de los órganos representativos. 7. [CONTRACAUTELA] Que en cuanto a la contracautela —requisito previsto expresamente en el art. 15, inc. 'd', ley 2145— cabe puntualizar que, en general, la contracautela debe guardar relación con la eventual responsabilidad del solicitante de la medida, razón por la cual, al momento de su fijación, debe analizarse no sólo la presencia de los presupuestos genéricos de la medida ordenada, sino además la magnitud del menoscabo patrimonial que pudiera derivarse de ella (FENOCHIETTO, CARLOS E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 1, págs. 716). Pero a su vez, no debe perderse de vista el mandato legislativo —enraizado en el derecho de defensa en juicio que garantizan los arts. 18, C.N.; y 13, inc. 3, CCABA— de conformidad con el cual no pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer (art. 6, segundo párrafo, ley 7). Así, a la luz de lo expuesto, he de concluir que atento la naturaleza de los derechos involucrados resulta suficiente la caución juratoria ofrecida por los actores en su escrito de demanda, y se la tiene por prestada con tal manifestación. Para ello no puede dejar de considerarse, por un lado, que la parte actora no procede en defensa de un interés individual y exclusivo, sino en protección de un derecho de incidencia colectiva cuya titularidad corresponde a todo habitante; y, por el otro, el peligro en la demora, y que también se halla reunida en medida suficiente la verosimilitud del derecho (en igual sentido, Sala 1 de la Cámara del fuero en autos “Pusso, Santiago contra GCBA sobre otros procesos incidentales”, Expte.: EXP 26089/1, del 26 de septiembre de 2007). Por todo lo expuesto, RESUELVO: I. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como medida precautelar, que arbitren las medidas correspondientes para materializar la inmediata suspensión de: a) cualquier actividad que implique la poda, transplante, remoción o destrucción del arbolado público existente en el área de la Avenida 9 de Julio afectada a las obras del “Metrobus Corredor 9 de Julio” y b) cualquier actividad que implique la supresión, limitación o reducción de espacios parquizados existentes en el área de la Avenida 9 de Julio afectada a las obras del “Metrobus Corredor 9 de Julio”. Todo ello hasta tanto se remita la información solicitada en el día de la fecha y se resuelva respecto de la medida cautelar solicitada en autos. II. Tener por prestada la caución juratoria ofrecida en el escrito de inicio. Regístrese, notifíquese a la actora personalmente y a la demandada por cédula por Secretaría con carácter de urgente con habilitación de días y horas inhábiles. A tal fin, desígnase como oficial de justicia ad hoc a la agente M ….., DNI …, legajo Nº … . Fdo. GUILLERMO SCHEIBLER. Juez. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°14 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

El REGIMEN DE CREDITO FISCAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Resolución 79/2013 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Bs. As., 7/02/2013 Fecha de Publicación: B.O. 14/02/2013 VISTO el Expediente Nº 1.2015.1544428.2012 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; la Ley Nº 22.317 y sus modificatorias, la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto Nº 438/92), sus complementarias y modificatorias, la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013 Nº 26.784, los Decretos Nº 660 del 24 de junio de 1996, 628 del 13 de junio de 2005 y Nº 2.054 del 29 de diciembre de 2010, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 696 del 14 de julio de 2006, Nº 708 del 14 de julio de 2010 y Nº 1094 de fecha 16 de noviembre de 2009, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 682 del 11 de septiembre de 2006, Nº 905 del 27 de julio de 2010, Nº 879 del 26 de mayo de 2011, Nº 1.134 del 30 de agosto de 2010, Nº 280 de fecha 7 de marzo de 2012 y Nº 1862 fecha 27 de septiembre de 2011, la Resolución de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL Nº 21 del 10 de agosto de 2010 y sus modificatorias, y CONSIDERANDO: Que es objetivo central de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional el promover un crecimiento sostenido de la actividad económica asociado con la generación de empleo de calidad para todos. Que para ello es necesario promover medidas que permitan la realización de prácticas formativas de carácter calificante, acompañadas de procesos de capacitación, la certificación de estudios y la evaluación de las competencias laborales para trabajadores desocupados u ocupados de las empresas y asociados de empresas autogestionadas y el fortalecimiento y/o certificación de la calidad de gestión de las Instituciones de Formación Profesional, en adelante IFP, o de las empresas autegestionadas con el objetivo de Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 promover la inclusión social de los trabajadores, incrementar sus oportunidades de inserción laboral o mejorar la calidad de su empleo. Que la coordinación de los esfuerzos entre el sector público y el privado resulta indispensable para implementar políticas activas de empleo que incrementen las oportunidades de inserción laboral y que mejoren las condiciones de empleo de los trabajadores. Que el REGIMEN DE CREDITO FISCAL a crearse por medio de la presente medida, tiene por fin promover la inclusión social, la calidad del empleo y la mejora de las trayectorias laborales de trabajadores desocupados y ocupados de nivel operativo a través de la aprobación de proyectos presentados por empresas o talleres protegidos de producción. Que el artículo 21 de la Ley Nº 26.784 fijó el cupo para el año 2013 referido por el artículo 3° de la Ley Nº 22.317 del Régimen de Crédito Fiscal y estableció, en su inciso d), la suma de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000) como monto del cupo anual de crédito fiscal que será administrado por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Que uno de los objetivos asignados a la SECRETARIA DE EMPLEO es proponer y ejecutar políticas, planes, programas y acciones para promover el empleo, la capacitación laboral y el mejoramiento de las condiciones de empleo y de empleabilidad de los desocupados en todo el territorio nacional. Que mediante Resolución de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL Nº 21 del 10 de agosto de 2010 y sus modificatorias; se establecen los parámetros según los cuales se clasifica a las empresas como micro, pequeñas, medianas y grandes. Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 31 de la Ley Nº 26.546 y por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (t.o. por Decreto Nº 438/92), sus complementarias y modificatorias. Por ello, EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE: Artículo 1° — El REGIMEN DE CREDITO FISCAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL está destinado a contribuir a que las empresas y/o talleres protegidos de producción mejoren su productividad y competitividad mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de su personal operativo en todos los niveles de calificación y/o que trabajadores desocupados tengan oportunidades de fortalecer sus calificaciones a partir de su integración en proyectos que combinen las modalidades formativas que se detallan a continuación: a) formación profesional; b) nivelación y certificación de estudios de nivel primarios, secundarios, terciarios o superiores; c) Procesos de evaluación y certificación de competencias laborales establecidos según parámetros metodológicos y procedimentales estipulados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; d) Prácticas formativas de entrenamiento para el trabajo para desocupados; e) Fortalecimiento y/o Certificación de la calidad de gestión de las IFP y empresas autogestionadas según Referencial correspondiente, del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (IRAM); f) Evaluación para la certificación de competencias laborales. Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Art. 2° — Los proyectos mencionados en el artículo precedente podrán ser ejecutados por empresas y/o talleres protegidos de producción en forma individual y/o asociada con otras que formen parte de su cadena de valor. Art. 3° — A los efectos de la presente, se considerará micro, pequeña, mediana y gran empresa a aquellas que se encuadren en lo establecido por la Resolución de la SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL Nº 21 de fecha 10 de agosto de 2010. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) podrán financiar proyectos mediante el REGIMEN DE CREDITO FISCAL por un importe equivalente al OCHO POR CIENTO (8%) de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones y sus respectivas contribuciones patronales, abonados entre los meses de enero y diciembre de 2012. Las grandes empresas podrán financiar proyectos mediante el REGIMEN DE CREDITO FISCAL por un importe equivalente al OCHO POR MIL (8 ‰) de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones y sus respectivas contribuciones patronales, que fueron abonados por la empresa responsable entre los meses de enero y diciembre de 2012. En ningún caso el monto financiable por el REGIMEN DE CREDITO FISCAL presentado a través del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, podrá ser superior a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) por empresa y por año. Art. 4° — Los Certificados de Crédito Fiscal sólo podrán ser utilizados para la cancelación de obliga iones fiscales emergentes del Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o impuestos internos, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Se excluyen expresamente de este REGIMEN los impuestos o gravámenes destinados a la Seguridad Social. Art. 5° — No podrán participar del REGIMEN DE CREDITO FISCAL aquellas empresas que tengan deudas fiscales y/o previsionales, ni las que hayan sido multadas por empleo no registrado o hayan incurrido en despidos colectivos en los últimos doce meses anteriores a la presentación o en cualquier etapa durante la ejecución del Proyecto. Art. 6° — Podrán computarse, neto del Impuesto al Valor Agregado, para el REGIMEN DE CREDITO FISCAL el financiamiento de los siguientes rubros, a) gastos de formación o actualización de instructores; b) honorarios de instructores; Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 c) honorarios de tutores, solamente, cuando éstos se asignen a las prácticas de entrenamiento para el trabajo para desocupados; d) insumos y material didáctico destinados a la certificación de estudios, prácticas de entrenamiento para el trabajo o de formación profesional, según corresponda, utilizados por todas las personas que participen de las acciones formativas propuestas en el proyecto; e) equipamiento nuevo para ser utilizado exclusivamente en las acciones de formación profesional o de certificación de estudios y que sea destinado a las instituciones educativas o de formación profesional o a Talleres Protegidos de Producción en la forma que establezca la reglamentación; f) Los procesos de evaluación y certificación de las competencias laborales de trabajadores, en base a normas técnicas de competencia laboral y con evaluadores, ambos, registrados en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; g) el costo de elementos personales de seguridad y ropa de trabajo de uso individual que la empresa entregue en forma definitiva a los participantes desocupados del proyecto aprobado en el marco del REGIMEN DE CREDITO FISCAL; h) El costo de las certificaciones efectuadas por Contador Público, requeridas por el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para la presentación de los proyectos y sus rendiciones; i) Los gastos en consultoría, publicaciones e Insumos incurridos en el fortalecimiento y/o certificación de la calidad de gestión de las IFP y/o empresas autogestionadas, según corresponda, en base a su respectivo Referencial del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (IRAM). Art. 7° — La Dirección General de Administración, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION, tendrá a su cargo el Registro de los Certificados de Crédito Fiscal. En el mismo se especificará la identidad de la empresa, la fecha de emisión del certificado, el ejercicio al que lo imputa y el monto del certificado de Crédito Fiscal emitido, y la transferencia de titularidad que correspondieren. Art. 8° — La empresa ejecutora del proyecto que desee transferir el Crédito Fiscal otorgado, podrá hacerlo por única vez. Las transferencias de Crédito Fiscal serán notificadas por Carta Documento a la Dirección General de Administración para su Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Registro. Art. 9° — Las empresas podrán obtener hasta dos certificados de Crédito Fiscal sobre los gastos previstos en el proyecto, ejecutados, supervisados, devengados y pagados. Para ello, las empresas podrán presentar hasta DOS (2) rendiciones de cuentas de los gastos. La primera rendición de cuentas se efectuará una vez ejecutado el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las acciones comprometidas. La segunda rendición se realizará una vez finalizadas las actividades técnicas contempladas en la propuesta. Con cada rendición aprobada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se extenderá el certificado respectivo. La ejecución será supervisada por Dirección de Seguimiento Técnico, Supervisión y Fiscalización. Art. 10. — Los recursos asignados y las acciones derivadas de lo previsto en la presente Resolución estarán sujetos al Sistema de Control previsto por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación). Art. 11. — Si por razones de fuerza mayor la empresa responsable debiera suspender el desarrollo del proyecto comunicará esta situación a la SECRETARIA DE EMPLEO en forma inmediata, remitiendo la información y documentación correspondiente al caso fortuito, con la finalidad de instrumentar las correspondientes modificaciones al proyecto que ambas partes estimen corresponder. Art. 12. — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL podrá realizar transferencias pecuniarias directas a los trabajadores desocupados que participen en los proyectos de entrenamiento para el trabajo en el Régimen de Crédito Fiscal, en concepto de ayudas económicas en las condiciones y modos que establezca la reglamentación. Art. 13. — La SECRETARIA DE EMPLEO difundirá y brindará asistencia técnica a las empresas interesadas en la elaboración y ejecución de proyectos vinculados con el REGIMEN DE CREDITO FISCAL descrito en la presente Resolución. Art. 14. — La SECRETARIA DE EMPLEO tendrá amplias facultades de seguimiento, supervisión y fiscalización del cumplimiento de todas y cada una de las acciones y obligaciones que la Empresa debe desarrollar conforme lo establecido en el proyecto, para Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 lo cual las Empresas deberán poner a su disposición toda la información y documentación relacionada con su preparación, desarrollo, ejecución y finalización. Art. 15. — Si en el ejercicio de las facultades descriptas en el artículo anterior se comprobara algún incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la empresa, la SECRETARIA DE EMPLEO podrá disponer, previa citación para efectuar el correspondiente descargo, la caducidad total o parcial del CREDITO FISCAL otorgado, que será comunicada a la Dirección General de Administración. Si el incumplimiento se produjera en la etapa de ejecución de los proyectos, la SECRETARIA DE EMPLEO podrá disponer además de la caducidad del beneficio otorgado, las sanciones que considere adecuadas establecer en su reglamentación en virtud de la gravedad o entidad del incumplimiento y su inscripción en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE). Art. 16. — Facúltese a la SECRETARIA DE EMPLEO para establecer la reglamentación de la Operatoria del Régimen de Crédito Fiscal en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para la cual fijará los procedimientos, pautas, mecanismos e instrumentos para la presentación, evaluación, aprobación, ejecución, seguimiento y supervisión de los proyectos de adhesión a dicho Régimen, como así también las tipologías y características de los proyectos admisibles. Art. 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese. — Carlos A. Tomada.

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Por si las moscas... ---------------------------- ¡Atención a ésto!!! De investigaciones recientes, se desprende que hay un grupo de delincuentes que se presentan en estacionamientos públicos y gasolineras como comerciales de ventas y y marketing y regalan llaveros y/o souvenires de reconocidas marcas o firmas. Los llaveros distribuidos gratuitamente, van equipados con un "chip electrónico" que les permite seguir los movimientos de la persona que lo lleva. No lo acepte. Los ladrones vigilan a esas personas y comprueban si son gente financieramente cómoda para identificarlas como posibles victimas. Si usted toma un llavero, es posible que puedan conocer su lugar de residencia o el auto, y se conviertan en potenciales victimas. Los llaveros están finamentes hechos, son atractivos y con distintas variables: Deportes, Turismo, Marcas de Vestimenta, etc. lo que hace que las personas podrían aceptarlos fácilmente. Se recomienda informar de todo esto a su familia, amigos y conocidos.

LEY PROVINCIAL BUENOS AIRES : CARACTER PENAL

Sistema Argentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 20123 LEY 14434 Fecha de sanción: 13 de diciembre 2012 Fecha de promulgación: 4 de enero de 2013 Fecha de publicación: B.O. 08/02/2013. El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de Ley ARTÍCULO 1º Modifícase el artículo 171 de la Ley N° 11.922 y sus modificatorias - Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 171: Denegatoria. En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148. Tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento. A fin de garantizar la correcta aplicación de las disposiciones precedentes y de lo normado en el artículo 189 bis apartado 2º párrafo octavo del Código Penal, a partir de la aprehensión la autoridad policial o judicial requerirá en forma inmediata los antecedentes del imputado.” ARTÍCULO 2°: Aplicación temporal. Las disposiciones de la presente Ley regirán en forma inmediata y se aplicarán aún respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos ni la validez de los actos cumplidos. Sistema Argentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 20123 ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil doce.

RESOLUCION DEL MTSS PARA CONCILIADORES

Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Resolución Conjunta 133/2013 y 53/2013 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Bs. As., 8/02/2013 Fecha de Publicación: B.O. 13/02/2013 VISTO el Expediente Nº 1.521.880/12 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.635 y el Decreto Nº 1169 del 16 de octubre de 1996 y sus modificatorias y complementarias, y CONSIDERANDO: Que el Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, aprobatorio del texto reglamentario del Régimen de Conciliación Laboral Obligatoria creado por la Ley Nº 24.635, precisó en su artículo 4° y en el artículo 22 del Capítulo I del Anexo a dicho Decreto, los honorarios a percibir por los conciliadores actuantes por su gestión en tales procedimientos, así como también los montos de los aranceles con destino al Fondo de Financiamiento previsto en el Capítulo III del Anexo I del citado Decreto. Que los valores de los honorarios y aranceles que se establecieran en el comienzo del sistema, han sido actualizados por las Resoluciones conjuntas M.T.E.y S.S. Nº 898 y ex M.J.S.y D.H. Nº 1390 del 15 de septiembre de 2006 y M.T.E.y S.S. Nº 1304 y ex M.J.S.y Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 D.H. Nº 3222 del 19 de noviembre de 2010, por lo que debido a la modificación de los costos, se hace preciso adecuar los aranceles previstos en el artículo 4° del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, los honorarios básicos y los honorarios de acuerdo conciliatorio homologado previstos en el artículo 22 del Capítulo I del Anexo I al citado Decreto, y la matrícula anual prevista en el inciso c) del artículo 29 del Capítulo II del Anexo I de la mencionada norma. Que teniendo en cuenta los datos de la situación social y económica como los objetivos de la Ley Nº 24.635, han tomado insuficientes los importe de los valores que colaboran a la efectividad y sostén del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en todas sus etapas. Que la ASOCIACION DE CONCILIADORES LABORALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL MERCOSUR (ACLARAM) en su calidad de entidad representativa de los intereses de los Conciliadores Laborales, ha formulado su presentación en el sentido expuesto, dando cuenta del incremento en los costos de los insumos que conlleva el ejercicio de la gestión de estos últimos. Que el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS han desplegado, en el ámbito de sus competencias, las acciones tendientes a verificar los extremos alegados por la entidad mencionada, en tanto que un eficaz y correcto funcionamiento del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) requiere también contar con un adecuado régimen de retribuciones y aranceles. Que en el sentido expresado, emerge conveniente y razonable proceder a corregir los importes de los rubros arancelarios contenidos en la norma indicada. Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídicos de los MINISTERIOS DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS han tomado la intervención que les compete. Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Que la presente medida se dicta uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias. Por ello, EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RESUELVEN: Artículo 1° — Determínase la pauta arancelaria prevista en el artículo 4° del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, fijándola en un arancel de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.), por cada trabajador que fuera parte del acuerdo conciliatorio. Art. 2° — Determínase el importe del honorario básico previsto en el primer párrafo del artículo 22 del Capítulo I del Anexo del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, fijándolo en la suma de PESOS OCHENTA ($ 80.). Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2013 Art. 3° — Determínase el importe del honorario básico previsto en el primer párrafo del artículo 22 del Capítulo I del Anexo del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, fijándolo en la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 950.). Art. 4° — Determínase el importe de la matrícula anual prevista en el inciso c) del artículo 29 del Capítulo II del Anexo I del Decreto Nº 1169/96 y sus modificatorias y complementarias, fijándolo en la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.). Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos A. Tomada. — Julio C. Alak.

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AMPLIACION DEL PLAZO PARA REDUCCION DE APORTES PATRONALES LEY 26476

Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 Decreto 125/2013 Bs. As., 29/01/2013 Fecha de Publicación: B.O. 6/02/2013 VISTO el Expediente Nº 1.356.888/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.476, el Decreto Nº 298 de fecha 29 de diciembre de 2011 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 95 de fecha 26 de enero de 2012, y CONSIDERANDO: Que el artículo 16 de la Ley Nº 26.476 establece que, por el término de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral, los empleadores gozarán, por dichas relaciones, de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a distintos subsistemas de la seguridad social. Que el beneficio mencionado consiste en que durante los primeros DOCE (12) meses sólo se deberá ingresar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las citadas contribuciones, y por los segundos DOCE (12) meses se pagará el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de ellas, siempre y cuando el empleador mantenga la cantidad de trabajadores integrantes de su nómina. Que el artículo 23 de la citada Ley prevé que el beneficio regirá por DOCE (12) meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la misma tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Que mediante el Decreto 298/11 se prorrogó, desde el 1° de enero de 2012, y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el plazo establecido en el artículo mencionado precedentemente. Sistema Agentino de Información Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 Que el beneficio otorgado por la Ley Nº 26.476 continúa teniendo una importante acogida por parte de los empleadores, dado que, finalizando el año 2011 se habían creado, desde la vigencia del régimen, más de UN MILLON DOSCIENTOS MIL (1.200.000.-) nuevos puestos de trabajo, cifra que, finalizando el año 2012, asciende a UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL (1.770.000.-) Que, por ello, queda demostrado que la inclusión de los referidos trabajadores al Sistema de la Seguridad Social, convierte a dicha Ley en una herramienta apta para extender y tornar operativo el concepto del “Trabajo Decente”, por lo que resulta oportuno prorrogar la vigencia del beneficio dispuesto en el Capítulo II, Título II de la Ley Nº 26.476, desde el 1° de enero de 2013, y hasta el 31 de diciembre de 2013. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 23 de la Ley Nº 26.476. Por ello, LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: Artículo 1° — Prorrógase desde el 1° de enero de 2013, y hasta el 31 de diciembre de 2013, el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 26.476. Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Carlos A. Tomada.

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FALLO DEL TRABAJO: MOBBING

Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88.266 CAUSA NRO. 2.586/11 AUTOS: “C., A. F. C/ CASA HUTTON S.A. S/ MOBBING” JUZGADO NRO. 62 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Noviembre de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo: I.- El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por la señora A. F. C., fundada en el derecho común, orientada al cobro de una indemnización que repare las consecuencias dañosas que en su salud psicofísica le provocara el trabajo desarrollado a favor de la demandada Casa Hutton SA. II.- Contra tal decisión, se alzan en apelación ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs. 382/387 y fs. 388/392. La demandada se queja por la valoración que el “a quo” efectuó de la prueba pericial psiquiátrica y de la prueba testimonial y por la regulación de honorarios. Por su parte, la actora objeta el quantum fijado en concepto de daño patrimonial y moral, por considerarlo exiguo. III.- El recurso interpuesto por la demandada no tendrá favorable recepción. Recuerdo que la actora trabajó como secretaria del directorio compuesto por dos personas: –sres. R. A. M. y H. R. G. S., desde el 07.07.2008 hasta el 17.10.2010 en que fue despedida sin causa. Su tarea consistía en preparar documentación para bancos, recibir llamados telefónicos, organizar la agenda, coordinar reuniones y viajes, etc por lo que debía estar en contacto directo con ambos directores. Con motivo de los constantes malos tratos proferidos por uno de ellos (H. R. G. S.) la actora comenzó a sufrir problemas de salud física y psíquica como angustia, depresión y agresión en su propia familia, situación que fue empeorando a partir del año 2009 en que el sr. M. enajena sus acciones quedando como único director el citado Sr. G. S. Como consecuencia de ello, comenzó a realizar terapia psicológica con la lic. G., quien le diagnosticó que padecía una cuadro de estrés producto de la deficiente relación laboral y los malos tratos recibidos a diario, por lo que la derivó con un psiquiatra. A partir del mes de diciembre de 2009, la actora comenzó tratamiento con el dr. P. quien Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 le diagnosticó “depresión mayor” y le prescribió medicación (ansiolítica y anticonvulsionante y un antidepresivo) medicación que fue variando con el transcurso de los meses porque no se veían mejoras en el cuadro de la actora. Mientras tanto, los constantes malos tratos, gritos y actitudes de desprecio de parte del mencionado director continuaban diariamente. Finalmente, el citado profesional le prescribió licencia por 15 días, la que fue cumplida, lo que motivó que a su regreso, el director, previo haber divulgado a todo el personal sobre la licencia de la actora refiriéndose a ella como “loca” o desequilibrada mental” según dichos de testigos, continuara con los malos tratos hacia ella de manera más persistente. Es así que le hacía realizar la misma tarea varias veces, para luego hacer revisar lo hecho por ella a otros empleados a fin de desacreditarla. El perito médico psiquiatra informó a fs. 254/259 y en su aclaración de fs. 336/339 que la actora presenta “reacción vivencial anormal neurótica” RVAN grado III por lo que otorgó incapacidad del 10% de la t.o. correspondiendo un 80% de ese porcentaje a causas laborales, es decir, que determinó un 8% de incapacidad laboral. El recurso de la accionada radica básicamente en reiterar las objeciones oportunamente interpuestas contra dicho informe. No obstante, considero que tales críticas resultan insuficientes para desacreditar los sólidos fundamentos del galeno. Al respecto, señalo que aún cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal y permiten al iudicante formar su propia convicción al respecto, es indudable que para apartarse de la valoración de los médicos actuantes el juez debe hallarse asistido de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al hombre de derecho. Y en el sub examine el apelante no ha acompañado prueba alguna que conduzca en forma fehaciente e inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que los médicos han hecho de su conocimiento científico. Desde tal perspectiva, la impugnación formulada en los agravios resulta una mera discrepancia con el aludido dictamen y se halla basada fundamentalmente en apreciaciones personales que no alcanzan a desvirtuar las consideraciones médico legales de la pericia médica producida en autos, que resulta suficientemente fundada y de la que surge que, entre las afecciones psíquicas y las tareas cumplidas a las órdenes de la demandada existe relación causal. En consecuencia, no encuentro mérito para apartarme de sus conclusiones, que acepto y comparto por provenir de expertos en la materia, terceros en cuanto a la cuestión debatida, que se han sustentado en los exhaustivos exámenes practicados y cuyos informes tienen garantizada la imparcialidad que ampara la actuación de los funcionarios judiciales (art.63 inc.a y d del dto.1285/58). Lo mismo sucede en relación con la prueba testimonial. Los testigos aportados por la actora fueron coincidentes, claros y precisos en cuanto a las Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 características del ambiente laboral en el que se desempeñaba la actora y detallaron los malos tratos proferidos por el sr. G. S., no sólo con la actora sino con todo el resto del personal. En efecto, A. (fs. 205), D. F. (fs. 207), y G. (fs. 209) dijeron que el sr. G. S. tenía un trato hostil para con todos, que era soberbio, irrespetuoso e intolerante y que a la actora la perseguía constantemente; que controlaba todo el tiempo a donde iba, incluso cuando iba al baño, la cantidad de papel higiénico que usaba; que le revisaba el escritorio cuando no estaba; que le gritaba delante de todos los empleados; que el hijo de G. S. también la trataba mal; que encontraron varias veces llorando a la actora y que una vez vieron cuando el director fue al escritorio de la actora , le revolvió todo y le arrancó los cables de la computadora y del teléfono que fue el día que la despidió. Encuentro tales testimonios claros precisos en cuanto a las características del ambiente laboral, por cuanto provienen de personas que tuvieron un conocimiento directo de los hechos que se debaten por tratarse de ex compañeros de trabajo, por lo que le otorgo pleno valor convictivo, no pudiendo ser desvirtuados por los dichos de los testigos aportados por la demandada quienes, además de ser todos dependientes de la demandada menos uno que trabajó allí hasta el año 2011- nada dijeron sobre el particular dado que llamativamente nunca vieron un trato fuera de lo normal para con la actora. (art. 386 CPCCN y 90 L.O.). A mi modo de ver, la actora ha aportado suficientes elementos de juicio que hacen altamente verosímil su postulación. En este sentido, con fundamento en lo establecido por el art. 6° inc c de la ley 26.485 sobre Defensa integral de la Mujer contra la violencia y su norma reglamentaria (decreto 1011/2010), comparto lo afirmado en grado en cuanto a la procedencia del reclamo. A mayor abundamiento, señalo que, como ya lo sostuve en otras oportunidades, sabido es que el stress sólo es destructivo si es excesivo, por lo que el stress profesional generado por presiones e invasiones múltiples y repetitivas puede desgastar a una persona e incluso conducirla hasta un burn out, es decir una “depresión por agotamiento”. Si a tal situación se suma además situaciones de maltrato y hostilidad hacia la persona por parte de otro dentro del mismo ambiente que además es un superior jerárquico, las consecuencias para la salud son mucho más graves generando un serio deterioro en la salud. Por todo lo hasta aquí dicho, considero que los testimonios han sido valorados adecuadamente por el “a quo” a la luz de las reglas de la sana crítica, con resultados que se comparten y por ello, este aspecto de la sentencia debe ser confirmado. No obstante, distinta suerte tendrá el planteo en relación a la procedencia de la multa prevista por el art. 80 LCT. De los certificados obrantes a fs.41/42 que fueran acompañados con el responde, surge que los mismos fueron confeccionados de Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 manera contemporánea con el despido, por lo que no habiendo sido acreditado que la actora hubiera concurrido a la empresa a retirarlos y que éstos le fueron negados, tengo a la demandada por cumplida con tal obligación. De esta manera, tal partida deberá ser detraída del monto de condena. IV.- La actora se queja por considerar exiguo el quantum fijado en origen en concepto de daño patrimonial ($70.000) y daño moral ($14.000). Tiene razón en su planteo. Conforme las facultades que reconoce el artículo 165 del CPCCN, tengo en cuenta, entre diferentes pautas, la edad de la trabajadora al momento de la toma de conocimiento del daño (37 años), el porcentaje de incapacidad laboral informado por el perito médico (8%), la frustración del proyecto de vida en lo profesional y en el amplio espectro de la vida de relación, y que la mejor remuneración registrada fue la de $4.178.- (correspondiente al año 2010). También memoro la doctrina de la Corte Suprema de Justicia del caso “Arostegui” (Fallos 331:570) donde señaló que: “La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable”, y como guía aproximativa, la fórmula que originariamente se desarrollara en la Sala III de esta Cámara en los autos “Méndez, Alejandro Daniel c. Mylba S.A. y otro”, sentencia del 28-4-2008 (Publicada en: DT, 2008, junio, Pág. 668; Revista La Ley 29-7-2008 e IMP, 2008, Junio, 982). Con ese marco, propongo que se difiera a condena, en concepto de daño patrimonial por las derivaciones dañosas de la lesión psíquica, la suma de $115.000.- con más la de $23.000 en concepto de daño moral, lo que totaliza un capital de $138.000.-, al que deberán adicionarse intereses establecidos en origen. V.- A influjo de lo normado por el art. 279 CPCCN., corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios, tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en su relación. VI.- Por todo lo expuesto, propongo en este voto: 1) confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $138.000.- al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN); 3) imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 4) regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito médico psiquiatra en el 17%, 14% y 8% respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (incluido capital e intereses); 5) regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 de la Ley 21839 y Decreto Ley 16638/57). El Doctor Julio Vilela dijo: Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $138.000.- al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art. 279 CPCCN); 3) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora, demandada y perito médico psiquiatra en el 17%, 14% y 8% respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (incluido capital e intereses); 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 de la Ley 21839 y Decreto Ley 16638/57). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Gabriela A. Vázquez Julio Vilela Jueza de Cámara Juez de Cámara Ante mi: Elsa I. Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE. Elsa I. Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma. Elsa I. Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara

CERTIFICADOS DE TRABAJO: OBLIGACION DE ENTREGARLOS POR EL EMPLEADOR AL EXTINGUIR EL VINCULO LABORAL

La Ley de contrato de trabajo le da la facultad al trabajador y le impone un deber al empleador respecto a la entrega por parte de este último de los certificaciones que dispone la ley en favor del trabajador. Se trata de tres certificaciones a saber: 1.- La certificacion de servicios y remuneraciones (anses) 2.- Certificacion de aportes y contribuciones (por lo general el empleador no las da nunca) 3.- El certificado de trabajo, que le sirve al trabajador como antecedente. Para el caso de que dentro del plazo de 30 dias de extinguida la relacion laboral el empleador no haga entrega de estas tres certificaciones existe la facultad en favor del trabajador para que lo intime al empleador a fin de que se los entregue. Si intimado el empleador este no lo hace el trabajador tiene derecho a percibir tres mejores sueldos y ademas para el caso de ir a la justicia y por la falta de entrega y hasta el efectivo cumplimiento el juez puede disponer una multa adicional por cada dia de retraso. A consultar: consultasjuridicascigorraga@hotmail.com

PERIODO DE PRUEBA Y TE DESPIDEN? ESTA TODO EN REGLA?

Para el caso de que te encuentres en PERIODO DE PRUEBA el empleador siempre te va a decir "...-a vos no te corresponde nada porque estas a prueba-...", OJO! ya que si el empleador no efectúa la REGISTRACION ante los organismos pertinentes y en forma paralela tanto en Afip como en la Obra social como ante Anses, el empleador pierde el beneficio del Periodo de prueba, y esto trae como consecuencia que el trabajador/a pueda reclamar conceptos que encontrandose en prueba no puede. Las diferencias son que en lugar de 15 dias de preaviso sean 30 dias (un mes),y la integracion del mes de despido, como tambien los haberes si han sido mal registrados. A consultar: consultasjuridicascigorraga@hotmail.com

SUMAS NO REMUNERATIVAS : NO SON VALIDAS POR CCT

Este fallo es un antecedente muy importante, por ejemplo en el Convenio Colectivo de Comercio siempre se dan sumas no remunerativas y este fallo advierte que ello NO ESTA BIEN!!!. Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 88300 CAUSA Nº 48357/09 AUTOS: “PILAR MARIA MERCEDES POR SI Y EN REP.DE SUS HIJOS MENORES M. J. Y V. S. PILAR C/ TELECOM ARGENTINA S.A. S/INDEMN. POR FALLECIMIENTO” JUZGADO Nº 16 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre De 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden: El Dr. Vilela dijo: I)- Contra la sentencia de fs.193/196 apelan ambas partes, presentando sus memoriales: la actora a fs.205/208 y la demandada a fs.210/213. El perito contador (fs.197) apela sus honorarios por estimarlos reducidos. II)-La parte actora apela porque no se incluyeron en el cálculo de la gratificación extraordinaria los aumentos no remunerativos que se concedieran en el marco del CCT 497/02. Cuestiona los alcances que se otorgaron al documento acompañado por la accionada al contestar demanda, de acuerdo al art.277 de la LCT, e insiste en que la demandada, en todo caso, debió haber pagado en el marco de la conciliación obligatoria, ante el abogado interviniente o en sede judicial. Apela el rechazo de las sanciones de los arts.80 de la LCT y 2 de la ley 25.323, así como la distribución de las costas. La demandada, a su turno, insiste en argumentar en torno de la insuficiencia del escrito inicial e invoca la violación al principio de congruencia, como consecuencia de la admisión de la inclusión del adicional no remuneratorio otorgado por medio del Acta Acuerdo del 11/6/09 por los períodos julio a noviembre de 2009 y el seguro de vida. Apela también la distribución de las costas. III)- Memoro que el Sr. S. se desvinculó de la demandada el 30 de noviembre de 2004, a tenor del acuerdo obrante en copia a fs.88/91 y en virtud del cual se convino que percibiría una gratificación extraordinaria de pago diferido, respecto de la cual se previó que sería reajustada en caso de producirse un aumento de las remuneraciones de las distintas categorías del CCT 497/02. Ambas partes discurren, en sus respectivos memoriales, acerca del alcance de este reajuste. Antes de continuar, es preciso puntualizar que S. falleció el 11 de julio de 2009, y que en el acuerdo de referencia se había previsto que, en caso de producirse tal contingencia, la empresa mantendría, a favor de sus derechohabientes, los beneficios pactados en el convenio, además de abonarle, en concepto de seguro de vida, un importe equivalente a dieciséis veces la última gratificación extraordinaria de pago diferido que hubiera abonado. Respecto de la queja de la demandada, dirigida a cuestionar Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 el carácter salarial acordado a las sumas “no remunerativas” pactadas a través de la negociación colectiva, en tanto la admisión de tal naturaleza implica incrementar la base sobre la cual se liquida la gratificación de pago diferido acordada, es preciso en primer lugar puntualizar que de la lectura del escrito inicial se desprende que la decisión adoptada por el Juez “a quo” no viola en modo alguno el principio de congruencia. Ello por cuanto el sentenciante de grado se limitó a admitir el incremento salarial pactado a través del Acta Acuerdo del 11 de junio de 2009, que ascendió a $545 mensuales, a favor de todo el personal comprendido en el ámbito del CCT 497/02, que es justamente el incremento puntualizado por la parte actora a fs.7vta. punto D.1) de la demanda. Esta Sala se ha pronunciado en un caso que guarda analogía con el presente, en orden a la naturaleza de sumas calificadas como “no remuneratorias” por las partes colectivas (entre otros, "Amendola Osvaldo Valentín c/ Telecom Argentina S.A. s/ Diferencias de Salarios", S.D Nº 88250 del 31/10/12) y teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Pérez Aníbal Raúl c/ Disco S..A. (sentencia del 1º de setiembre de 2009) donde se señaló que naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares, le atribuyan (doctrina de "Inta Industria Textil Argentina S.A. s/ Apelación", Fallos 303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomenjuris sería inconstitucional. No es admisible que por medio de un acuerdo de orden colectivo se atribuya carácter no remunerativo a sumas de dinero abonadas a los trabajadores en virtud del contrato de trabajo y como consecuencia del trabajo por ellos prestado, ya que la directiva del art. 103 de la L.C.T. tiene carácter indispensable y resulta la norma mínima de aplicación. Así pues, la validez de los acuerdos colectivos no se mensura en relación a su constitución sino con su ajuste o desajuste con las normas de rango superior y a la articulación propia del régimen de los convenios que sólo resultan aplicables en la medida que contengan beneficios adicionales o superiores a los previstos en las disposiciones legales imperativas. Aún cuando el acuerdo colectivo sea la fuente de tales beneficios, debe realizarse un juicio de compatibilidad a la luz de lo normado por los arts. 7, 8, 9 y conc. de la ley 14.250, debiendo remarcarse que los convenios colectivos de trabajos sólo resultan operativos y vinculantes en todo cuando no violen el orden mínimo legal o el orden público laboral. Con relación al argumento expuesto por la demandada en el sentido de que la gratificación debería ser incrementada de manera porcentual y no a través de la inclusión del importe de la asignación, observo que ello no fue introducido en el responde (art.277, CPCCN), a la par que en el acuerdo celebrado no se indicó mecanismo alguno de reajuste de la gratificación, a pesar de haberse referido expresamente que la gratificación se vinculaba con los incrementos salariales de convenio, los que fueron concedidos a través de sumas preestablecidas y no en función de porcentajes. Ahora bien, la parte actora insiste en que se admita también en la base salarial sobre la cual se calcula la gratificación en cuestión, una asignación de carácter extraordinario, pagada por única vez, mas me permito compartir lo expuesto por la Sala V sobre el particular, en tanto “….la prestación de pago diferido tiene como Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 fundamento de su actualización los incrementos remuneratorios, cualquiera fuera la causa que le diera origen. Pero para que exista actualización es menester que el incremento sea permanente y no por única vez. Además, la prestación de pago diferido no es remuneración aunque para su cálculo y el de la actualización se hayan utilizado distintos niveles remuneratorios…” (CNAT, Sala V, “Yannone, Mario c/Telecom Argentina SA”, SD 75051 del 13/4/2011). En consecuencia, concuerdo con el Juez “a quo”, ya que la solución adoptada en origen procura preservar los beneficios del salario que hubiera correspondido percibir al causante hasta la fecha límite aplicable en autos, en función del fallecimiento del beneficiario, en las condiciones previstas en el acuerdo individual de desvinculación llevado a cabo. Propongo pues confirmar la sentencia en cuanto a la admisión del incremento pactado colectivamente y su naturaleza salarial, y el rechazo de este segmento de la queja de la parte actora. IV)- La parte actora cuestiona los alcances otorgados al documento acompañado por la demandada a fs.18, cuya firma fuera reconocida por la actora a fs.110, que consiste en un recibo de pago del beneficio por fallecimiento, de fecha 14 de diciembre de 2009. Como señala el sentenciante, el presente pleito fue iniciado el 22 de diciembre de ese año (cargo a fs.9), luego de transitado y finalizada la instancia administrativa previa ante el SECLO. No existía obligación alguna de la demandada de depositar los importes en el juicio cuando éste no había sido aún iniciado, dado que las actuaciones en sede administrativa son obligatorias en cuanto instancia previa, mas no obligan al requirente a llevar adelante un pleito, ni implica ello que, más aún luego de cerrada esa instancia, las partes no puedan, de manera privada, realizar un pago. Destaco esto último porque no se ha invocado que el pago no hubiera sido realizado, sino que el recurrente señala que debió haber sido hecho bajo ciertas formalidades que no se encuentran previstas legalmente salvo, claro está, que el juicio hubiera sido iniciado, presupuesto ineludible de aplicación del art.277 de la LCT, dado que la finalidad de la norma es la de garantizar a los trabajadores y sus derechohabientes el pago de los créditos obtenidos judicialmente (por sentencia u homologación de acuerdo conciliatorio), mediante depósito bancario a la orden del tribunal interviniente (cfr. Ley de Contrato de Trabajo Comentada, dirigida por A. Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, To.III, pàg.648). Despejada esta cuestión, no encuentro mérito para soslayar el descuento de lo ya abonado, en el marco del art.260 de la LCT, efectuado por el Juez “a quo”, con criterio que comparto, máxime que la imputación que surge del recibo de fs.18 se vincula directamente con el fallecimiento del ex dependiente de la empresa. V)- En cuanto a la sanción del art.80 de la LCT, en el pronunciamiento de grado se concluyó que el reclamo de la entrega del certificado de trabajo se encuentra prescripto (art.256, LCT), circunstancia que no fue materia de apelación, por lo que llega firme a esta instancia. En consecuencia, si la acción para requerir la entrega de la certificación se encuentra prescripta, mal puede pretenderse que se aplique una sanción que, a su vez, deriva de manera directa de una supuesta omisión Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 que, en autos, no es tal, por carecer la recurrente de acción para requerir el cumplimiento de una obligación inherente a dicha sanción. Ello amén de la clara observación efectuada por el Dr. González a fs.195vta. de su sentencia, en tanto verificó que la parte actora goza del beneficio de pensión directa, derivada de la muerte de su cónyuge, lo cual evidencia que la demandada cumplió con la entrega del certificado, como fuera pactado en el acuerdo de desvinculación. VI)- La sanción del art.2 de la ley 25.323 se dirige a castigar la mora en el pago de las indemnizaciones derivadas de un despido, modo de extinción contractual que no se verifica en autos, toda vez que el causante se desvinculó de mutuo acuerdo –expreso- de quien fuera su empleadora, en el año 2004. No hubo, reitero, despido alguno, a lo que se agrega que aquello que constituye materia del presente reclamo es consecuencia del fallecimiento de S. y de su derecho a percibir una gratificación preacordada, por lo cual tampoco ello guarda relación con una ruptura unilateral e intempestiva. VII)- Por último, la parte actora apela la distribución de las costas. Sobre el particular, es jurisprudencia de esta Sala que en su distribución no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y los rubros que resultaron procedentes (cfr. esta Sala in re “Salaberry Yatchino Juan c/Piso Uno SA s/despido”, SD 58448 del 19/5/90). En el sub-examine, el monto por el que prospera la demanda es bastante inferior al reclamado, circunstancia que no es posible soslayar, en tanto se relaciona con el hecho de que la demanda prosperó parcialmente, al haberse rechazado una porción sustancial de los rubros reclamados. En consecuencia, atendiendo a los antecedentes expuestos, no encuentro mérito para apartarme de la distribución de las costas dispuesta en origen (arts. 68, 71 y conc. CPCC; art. 38 y 155 LO). VIII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido a la representación letrada del actor y al perito contador, apelados por elevados, y los regulados al contador también por bajos, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que lucen adecuados y deben ser confirmados (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57). IX)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado en atención al resultado de los respectivos recursos (art.71, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432). La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos. Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 A mérito de lo resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- Declarar las costas de Alzada en el orden causado en atención al resultado de los respectivos recursos (art.71, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia (art.38, LO; leyes 21.839 y 24.432). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Julio Vilela Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí: Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de cédulas. Conste. Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste. Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara

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La realidad diaria nos indica y nos enseña que al existir una relacion laboral no registrada (gran porcentaje de la poblacion laboral activa) al reclamar el trabajador la registracion el empleador PROCEDE A NEGAR TODO, es correcto hacer esto?. Por lo general el empleador, y esto es tipico del argentino, tira la pelota para adelante, es normal esa conducta, por lo tanto el NEGAR LA RELACION ES CONSECUENTE CON SU ACTITUD COTIDIANA. Juridicamente si el empleador da cumplimiento a la registracion lo que hace es cumplir con la ley y su consecuencia es que SE LIBERA DE LAS MULTAS QUE LE RECLAMA EL TRABAJADOR. Ejemplo un caso de tres años: deberia pagar una multa por no estar registrado de la cuarta parte de todas las remuneraciones devengadas durante toda la relacion laboral, y a ello se sumaria la duplicacion de la indemnizacion por despido, mas lo dispuesto en el art. 2 de la ley 25.323 (intimacion fehaciente) lo que le agrega al reclamo un 50% sobre los rubros indemnizatorios, en mi opinion el empleador lo deberia pensar bien antes de sufrir esta consecuencia.

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SI CUMPLE EL EMPLEADOR ESTA LIBRE DE MULTAS!!!

Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 88270 CAUSA Nº 18.368/10 AUTOS: “IBARRA DAMIAN EDUARDO C/ MELLINO NICOLAS CARLOS Y OTROS S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” JUZGADO Nº 17 SALA PRIMERA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de noviembre de 2012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden: La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo: I.- La señora Juez de primera instancia rechazó en lo principal la demanda orientada al cobro de diferencias salariales y otros rubros de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que no se demostraron las irregularidades denunciadas en el emplazamiento efectuado por el trabajador y tampoco la existencia de diferencias salariales a su favor. II.- Contra tal decisión se alzan en apelación ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 315/316 y fs. 317/321. Por su parte, la representación letrada de los codemandados objeta la regulación de sus honorarios por estimarla reducida. Trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte actora, quien se queja, en concreto, porque se rechazó la multa prevista por el art.8º de la Ley 24013, las diferencias salariales reclamadas, porque se rechazó la demanda dirigida contra las restantes personas físicas demandadas y por la distribución de las costas. Adelanto, que por mi intermedio, el recurso articulado no tendrá favorable recepción. De las constancias de la causa surge que el actor intimó telegráficamente a la patronal el 24.02.2009 a efectos que efectuara el registro de la relación laboral y que éste contestó el 30.03.2009 afirmando que lo iba a cumplimentar, circunstancia que finalmente sucedió recién el 11.01.2010, como surge de la informativa a la Afip y de la constancia de alta acompañada con el responde. De esta manera, más allá de que el empleador efectuó el registro de la totalidad del vínculo tardíamente, es decir, transcurrido con creces el plazo otorgado para su cumplimiento, lo cierto es que éste efectivamente cumplió con su obligación y, en consecuencia, con la finalidad de la norma que es precisamente la eliminación del trabajo clandestino. Por ello, es que corresponde tener por cumplimentada la obligación del empleador, lo que obsta la viabilidad de la partida en cuestión. Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 No enerva el ánimo de la suscripta el argumento esgrimido por el apelante en relación a que no fue registrada la verdadera fecha de ingreso (que dijo fue el 01.10.2004) sino que se lo inscribió como ingresado el 01.11.2004 (1 mes después) porque no fue probado que el actor ingresara efectivamente en fecha anterior a la registrada, carencia ésta que deberá afrontar en los términos del art. 377 CPCCN. Tampoco puede prosperar el planteo por el rechazo de los rubros diferencias salariales y vacaciones 2007, 2008, 2009 porque no se explicó en la demanda el fundamento de tal petición. En efecto, del escrito de inicio surge que no se precisó si las vacaciones fueron gozadas, ni tampoco el origen de las diferencias reclamadas, lo que obsta la viabilidad del reclamo por tales conceptos (art. 65 inc 2, 3, 4, y 5 L.O.). De lo informado por la Afip a fs. 208/214 surge que al actor se le abonó el sac correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009 por lo que el planteo en su relación debe ser desoído. Finalmente, el rechazo de la extensión de condena a las restantes personas físicas, debe ser confirmado. El quejoso no se hace cargo de los argumentos por los cuales la “a quo” determinó la responsabilidad de Nicolás Mellino (último empleador) y de Armando Raúl Sisto (desde el ingreso hasta el 31.03.2008), esto es que, quedó demostrado con la prueba testimonial e informativa, que ambos fueron los únicos empleadores del actor en distintos momentos de la relación, sin que el apelante aportara elementos de prueba que pudieran desvirtuar tales circunstancias (art. 116 L.O.). III.- El demandado Mellino se queja por la procedencia de las asignaciones familiares reclamadas. En primer término cabe señalar que no fueron negadas por ninguna de las demandadas, las circunstancias de hecho que tornarían procedente el derecho del trabajador a percibir dicho beneficio. Dicho esto, señalo que si bien el trabajador debió acreditar ante su empleador el derecho a percibir la asignación familiar mediante la presentación de la documentación pertinente, no puede desconocer el empleador que también era deber de su parte notificar al personal las normas que rigen el régimen de asignaciones familiares, conforme lo dispone el artículo 6° del Anexo de la Resolución N ° 112/96 de la Secretaría de Seguridad Social – BO del 9-12-1996- (que instrumenta las normas complementarias y aclaratorias de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares y su decreto reglamentario N ° 1245/96) en los plazos y formas allí establecidos. Esta notificación no ha sido arrimada a la causa y lleva a concluir que dicha normativa no fue observada por el demandado. Tal omisión resulta relevante, pues en ningún caso el empleador puede invocar el incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de beneficios de la seguridad social, si la observancia de tales obligaciones dependiese, como en el supuesto en examen, de la iniciativa del empleador y éste no probase haber cumplido con las que estuviesen a su cargo (conf. art. 79 de la LCT, ley. 24.714, en sentido concordante sentencia N ° 71.950 del 19.7.96, en autos "Cortez, Luis Alberto c/ Fraga Gladys Nelly s/ despido", del registro de la Sala III de esta CNAT). Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 Desde esta perspectiva, estimo que corresponde confirmar la procedencia de las asignaciones por hijo y la asignación por escolaridad correspondiente a los años que duró el vínculo como fue determinado en origen. Las restantes argumentaciones vertidas por el apelante no satisfacen los recaudos previstos por el art. 116 L.O. por lo que deberán ser desoídas. Por último, respecto al planteo efectuado en relación a la multa prevista por el art. 275 LCT, en el caso, no observo un uso desaprensivo de la jurisdicción –litigar con la conciencia de la sin razón- o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho. La demandada registró tardíamente el vínculo y se le reclamaron distintos rubros de naturaleza laboral, cuestión de hecho que debía elucidar el Juez conforme a las pruebas producidas en la causa, y más allá del resultado obtenido, observo que la recurrente hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional). En suma, por lo hasta aquí dicho, corresponde confirmar lo resuelto en grado. IV.- La forma de distribución de las costas es adecuada por lo que propongo la misma sea mantenida. Las apelantes hacen hincapié en un criterio meramente aritmético por lo que haciendo uso de uno que enfatiza en lo jurídico, y teniendo en cuenta que sólo a través de un pronunciamiento judicial, el actor obtuvo el reconocimiento de su crédito, tal distribución ha sido correcta. V.- La representación letrada de ambas demandadas objetan las regulaciones de honorarios asignadas a favor de todos los profesionales intervinientes. Considero las mismas lucen exiguas en atención al mérito, calidad y extensión de los trabajos realizados por lo que propongo éstas sean modificadas. VI.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide excepto lo resuelto en materia de honorarios; 2) Imponer las costas de alzada por el orden causado en atención a los vencimientos mutuos (arts. 68 y 71 CPCCN; 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios asignada a la representación letrada de la parte actora y demandada y fijarla en el 18% y el 14%, respectivamente sobre el monto de condena, incluido capital más intereses; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25%, 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57). La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide excepto lo resuelto en materia de honorarios; 2) Imponer las costas de alzada por el orden causado en atención a los vencimientos mutuos (arts. 68 y 71 CPCCN; 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios asignada a la representación letrada de la parte actora y Sistema Argentino de Informática Jurídica www.infojus.gov.ar INFOJUS - 2012 demandada y fijarla en el 18% y el 14%, respectivamente sobre el monto de condena, incluido capital más intereses; 4) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25%, 25% y 25% de lo que le fue asignado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (arts. 6º y 14 Ley 21839 y Decreto 16638/57). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Gabriela Alejandra Vázquez Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara Jueza de Cámara Mab Ante mí: Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se dispone el libramiento de Cédulas. Conste. Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara En de de 2012 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste. Elsa Isabel Rodríguez Prosecretaria Letrada de Cámara

RESPONSABILIDAD DEL SEGURO FALTA DE PAGO DE LA POLIZA

Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L L 602.254 (Expte. n° 63.577/08) “Picone Daniel Néstor c/ Salomone Carlos Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios” -juz 65- En Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre del año dos mil doce, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “Picone Daniel Néstor c/ Salomone Carlos Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Galmarini dijo: I.- Según relataron los actores, el 1° de diciembre de 2007, Luis Picone circulaba con el rodado Peugeot 206 (propiedad de su hijo, el coaccionante Daniel Picone) por la calle Marcos Paz de esta ciudad y al llegar a la intersección con la av. Álvarez Jonte detuvo la marcha para facilitar su cruce y cuando estaba traspasando la mitad de la bocacalle, es embestido a la altura de la puerta trasera izquierda por el rodado Fiat Uno, dirigido por el demandado. La magistrada condenó a Carlos Osvaldo Salomone a pagar a Luis Picone la suma de $ 12.700 y a Daniel Néstor Picone $ 38.500. Asimismo admitió la excepción de falta de cobertura planteada por la citada en garantía. Contra dicho pronunciamiento obrante a fs. 543/62 se alzó disconforme la parte actora expresando agravios a fs. 605/10, que han sido contestados a fs. 640/1. El demandado se agravió por los fundamentos de fs. 614/19, las réplicas obran a fs. 623/25 y 636/8. II.- La Sra. juez hizo un correcto y prolijo análisis de las pruebas colectadas para concluir que en el caso cedió la prioridad de paso con que contaba el emplazado por circular por una avenida, pues el actor se encontraba más avanzado en el cruce. Pese a la claridad de la decisión, el demandado cuestiona su responsabilidad, no obstante ningún argumento de peso formuló en el escrito de fs. 614/9. A diferencia de lo planteado por el recurrente, con la declaración testimonial de Tarpin obrante a fs. 350/2 se demuestra que el demandado conducía a excesiva velocidad y embistió al rodado del actor. En efecto el testigo relató que estaba por cruzar la av. Álvarez Jonte, caminando, y pasó un Fiat Uno a “altísima velocidad y creo que al instante siento el impacto a mi mano izquierda”. Dijo que el Fiat Uno fue el rodado embestidor y chocó con la trompa “del medio para atrás practicamente le pega en la puerta trasera” del vehículo Peugeot 206 y aclaró expresamente que vio al Fiat Uno colisionar al Peugeot 206. El perito mecánico informó que el Peugeot 206 resultó embestido en el lateral izquierdo con el frente del Fiat Uno (fs. 334 vta.). Ver asimismo fotografías de fs. 20/1 de la causa penal. De lo expuesto se infiere que quien comenzó antes el cruce de la intersección fue el actor, según surge de la localización de los daños en los rodados. Por ello, como lo entendió la magistrada, la circunstancia de que la prioridad de paso hubiera favorecido al demandado por circular por una avenida se desvanece (art. 6.7.2 ap. a) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 2148). El derecho de prioridad de paso no habilita a desentenderse de las obligaciones generales y especiales que imponen las leyes de tránsito, dado que dicha preferencia debe ejercerse apropiadamente y en función de las circunstancias, sin que esa prioridad autorice a arrasar con lo que se encuentra en el camino. (conc. CNCiv., Sala “E”, “Giudice de Anitua, Nelly c/ Transporte Villa Adelina s/ daños y perjuicios”, mayo 19/1.989, B 151, doc. 470). Como señalé, los elementos aportados permiten presumir que los rodados no han llegado en forma simultánea a la bocacalle, sino que el actor inició el cruce antes y fue embestido por el demandado. Consecuentemente, la decisión de la magistrada respecto a la responsabilidad ha sido acertada y las distintas quejas que plantea el apelante carecen de sustento probatorio y por ello voto porque se desestimen y se confirme el fallo de primera instancia en este punto. III.- Incapacidad física: Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L Se quejó el actor porque la Sra. juez desestimó esta partida por considerar que los daños físicos que padece Luis Picone no tienen relación causal con el hecho. Surge de la pericial médica de fs. 422/28 que el actor padece síndrome cerebral orgánico definitivo con un 70 % de incapacidad, la capacidad restante es 30 % y respecto del accidente posee una incapacidad parcial y permanente del 9 %. Aclaró la experta que la patología medular es multifactorial y este hecho es un factor desencadenante de la sintomatología y no tiene un nexo causal exclusivo. La pericial fue impugnada a fs. 441/3 y la experta respondió a fs. 455 y 457/6 que la patología cervical que el coactor presenta es una etiología de tipo crónico degenerativo y el accidente actuó como desencadenante para su signo-sintomatología. Además explicó: “Tenga presente V.S. que existe un nexo de relación causal entre el accidente y la MANIFESTACIÓN CLÍNICA de una patología preexistente que, en ausencia de factores traumáticos desencadenantes, puede cursar de manera asintomática” (fs. 455 vta.) En razón de lo expuesto, surge claro que el actor padece incapacidad parcial y permanente con motivo de este hecho. La circunstancia de que este accidente hubiera agravado la patología de Luis Picone y por ello hubiera dejado de ser asintomática, provoca un daño que debe ser resarcido y es el responsable del evento quien debe cargar con esta indemnización. Por ello, no comparto la decisión de la magistrada al respecto y juzgo que corresponde conceder la indemnización por incapacidad sobreviniente solicitada. En relación al monto del perjuicio, ha de valorarse las circunstancias personales de la víctima (tenía 73 años al momento del evento) y las secuelas físicas permanentes que padece en relación concausal con el hecho. De allí y en virtud a lo previsto por el art. 165 del Cód. Procesal, estimo justo fijar esta partida en la suma de $ 20.000. Daño moral: Cuestionó la parte demandada que se hubiera fijado esta partida en la suma de $ 12.000, pretende que se disminuya ese importe. A diferencia del daño material que resulta cuantificable pecuniariamente en relación al precio de las cosas inutilizadas o la disminución del valor de la cosa menoscabada, cuando se trata de daños extrapatrimoniales cuya apreciación pecuniaria es incierta, la cuestión encierra una dificultad considerable. En la jurisprudencia se registra una notable variación en los montos que otorgan los diversos tribunales en relación a daños extrapatrimoniales similares, por lo que alguna doctrina ha sido proclive a que se establezcan pautas objetivas. Bien se ha dicho que por su carácter personal el daño moral es uno de los perjuicios más difíciles de estimar, ya que no está sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente valoración del juez sobre la lesión a las afecciones legítimas de los damnificados y a los padecimientos que experimentan, aunque existen factores que coadyuvan a valorar el perjuicio sufrido (conf. Carlos A. Parellada en “Responsabilidad Civil”, El Daño Moral. La evolución del pensamiento en el derecho argentino, director Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Rubinzal- Culzoni, pág. 373). El daño moral es inmaterial o extrapatrimonial y representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho generador. Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medios sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico (CNCiv., Sala C, octubre 13/1992, “Varde c/ Ferrocarriles”, voto del Dr. Cifuentes; id. Sala C, noviembre 27/1992, “Vinaya c/ Empresa Ferrocarril Argentino”. LL. T. 1993-D-p.278, fallo n° 91.559; CNCiv, Sala F, octubre 31/2005 L.426.420 “Schaff Rubén Daniel c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios”). De acuerdo a las lesiones sufridas en relación concausal con el hecho, y valorando las variaciones económicas sufridas desde el momento que el actor estimó el monto de este perjuicio, juzgo adecuado fijar esta partida en la suma de $25.000.(art. 165 del Cód. Procesal). Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L IV.- La Sra. juez de grado admitió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Mapfre Argentina Seguros SA, con fundamento en que la póliza se encontraba suspendida por falta de pago de la prima. Asimismo, señaló la magistrada que mal puede el demandado invocar que con anterioridad a la citación en garantía, la empresa aseguradora no se pronunció acerca del derecho del asegurado en virtud a lo previsto por el art. 56 de la ley 17.418, ello por cuanto la denuncia del siniestro fue efectuada siete meses más tarde y una vez cumplida la mediación previa obligatoria, a más de señalar que la póliza se encontraba impaga. Las objeciones de la actora y de la demandada se centran en que debió primar el silencio de la aseguradora frente a la falta de pago, ello en virtud a lo dispuesto por el art. 919 del Cód. Civil. No se encuentra discutido que la póliza se encontraba impaga y que la denuncia de siniestro fue tardía, pues así lo afirman los recurrentes y surge de la pericial contable de fs. 393/9 (la cuota que vencía el 5/11/07 no fue pagada, la póliza fue anulada el 4/12/2007 por falta de pago y rehabilitada el 9/1/08 –el hecho ocurrió el 1/12/2007- y la denuncia se efectuó el 25/6/08, según señaló el perito). Tampoco existen dudas de que la compañía aseguradora no declinó su responsabilidad en el plazo que prevé el art. 56 de la ley 17.418. Ahora bien, un nuevo estudio de la cuestión relacionada con los supuestos en los que resulta aplicable el art. 56 de la ley 17.418, especialmente cuando se trata de suspensión de cobertura por falta de pago de la prima contemplada en el art. 31 de la misma ley, me ha llevado a modificar el criterio sustentado al emitir pronunciamiento en esta Sala en los autos “Collar, Sergio Rafael y otro c/ Rinaldi, Jorge Enrique y otro s/ daños y perjuicios” L. 562.213, el 27 de septiembre de 2011, pues comparto, en lo sustancial, el criterio expresado por el Dr. Liberman en los autos de esta Sala “Rey, Severino y otros c/ Castelli, Carlos s/ daños y perjuicios” del 23 de junio de 2008, L. 433.437. En este precedente, mi colega señaló que es tardía la defensa opuesta por la aseguradora de falta de cobertura al no haberse pronunciado expresamente con anterioridad a la contestación del traslado de demanda y que a los fines del plazo previsto por el mencionado art. 56 no es intrascendente la citación a mediación, por lo que entiendo que el plazo comenzó a correr desde la audiencia de mediación en la que la aseguradora tomó conocimiento del siniestro. Sobre esta materia se han sustentado distintos criterios enunciados y explicados en el voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en el pronunciamiento emitido por la Suprema Corte de Mendoza el 21 de diciembre de 1995, en los autos “Triunfo Coop. De Seguros Ltda. c/ Interguglielmo Víctor” (L.L. T. 1996-D, p. 181/193, fallo n° 94.607). En ese voto se describen tres posiciones doctrinarias, las tesis extremas en cuanto a la inaplicabilidad o a la aplicabilidad del citado art. 56 en supuestos de no seguro, en razón de las cláusulas de exclusión o de caducidad de cobertura; y la tesis intermedia a la que adhiere la autora del voto, según la cual dicho artículo rige también en supuestos de ausencia de cobertura, salvo que el asegurado pretenda indemnización por riesgos manifiestamente excluidos, o si medió dolo del asegurado, o si el asegurador no tuvo posibilidad material de determinar la exclusión en el plazo previsto en el art. 56 (ver p. 190 y doctrina allí citada). En ese precedente también se citó a Morello en tanto señaló que el acreedor siempre querrá salir indemne de la relación contractual, trasladándole la responsabilidad al deudor y éste procurará cancelar las consecuencias que para él han de ser reputadas ajenas al incumplimiento (pág. 190). Concerniente a la cuestión en estudio Rubén S. Stiglitz en su obra Derecho de Seguros, Tomo II, 4ta. edición actualizada y ampliada, Ed. La Ley, junio 2004, ha dicho que en principio el asegurador debe pronunciarse siempre que haya una denuncia de siniestro y aun cuando considere que ha sido efectuada tardíamente, pues si no se pronuncia por el rechazo, en función de las previsiones contenidas en los artículos 46-1 y 47, Ley de Seguros, su omisión “importa aceptación” en los términos del art. 56, in fine, Ley de Seguros, la que es factible de ser aplicada de oficio, pues el silencio presupone, entre otras razones, la falta de objeciones en el plazo legal (pág. 280) Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L El autor explica las excepciones al deber de pronunciarse, entre las que enumera: que no se hubiera formalizado ningún contrato de seguro; que el siniestro denunciado se produjo antes de la vigencia o extinguido el contrato, que no se incluyó en el contrato el riesgo cuyo siniestro se denuncia o que el siniestro denunciado no corresponde con el riesgo (rama) objeto del contrato celebrado y por último, cuando la compañía decida cumplir con la garantía comprometida y no sea necesario requerir información complementaria. En cambio, no constituye excepción al deber de pronunciarse el siniestro denunciado por el asegurado y que el asegurador considera que se halla –expresa o tácitamente- excluido cobertura. Si así no fuera, el art. 56, Ley de Seguros, carecería de función, ya que si el asegurador se hallara liberado de pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, cabe preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, ya que bastaría con guardar silencio (art. 56, in fine) (ver págs. 280/1). Expuso Stiglitz que no constituye excepción al deber de pronunciarse el estado de suspensión de cobertura, como cuando existe mora en el pago de la prima que originó la automática suspensión de la garantía y el asegurador está eximido de cumplir su obligación de indemnizar (conf. art. 31, Ley de Seguros), pues tal extinción del derecho del asegurado no se produce ipso iure, sino cuando el asegurador invoca la existencia de la suspensión para liberarse, dentro del plazo otorgado por el art. 56 de la ley 17.418. La falta de pronunciamiento del asegurador le impide luego invocar en juicio circunstancias obstativas al derecho del asegurador. En el particular, existe una colisión entre dos normas imperativas, en tanto el art. 31-1, Ley de Seguros establece “...el asegurador no será responsable...” y el art. 56 dice “...el asegurador debe pronunciarse...”. En tal caso expresa el autor que resulta razonable que el asegurador se pronuncie adversamente sobre los derechos del asegurado, ya que hacerlo no lo perjudica y no hacerlo puede tener como consecuencia la aplicación de la última parte del art. 56. En los supuestos en que el pago de la prima se efectivice por el sistema de débito automático de tarjeta de crédito, “la falta de acreditación de las cuotas por la entidad bancaria no legitima a la aseguradora para rescindir el contrato y contabilizar las operaciones en sus registros, omitiendo notificar al deudor tal circunstancia. Ante el acaecimiento del siniestro y silencio del asegurador, éste debe igualmente responder en tanto con su arbitraria conducta desnaturalizó el convenio celebrado con su cliente” (págs. 282/4). Por otro lado, es de recordar que en el seguro contra la responsabilidad civil, si bien es cierto que la carga recae, normativamente, sobre el asegurado (art. 115 Ley de Seguros) y que su inejecución es inoponible a la víctima art. 118 Ley de Seguros), nada impide que el damnificado o sus derecho - habientes lo denuncien, aun cuando carezcan de acción directa contra el asegurador del responsable civil, fundado en que el estatuto legal los autoriza a citarlo en garantía (Stiglitz, ob. cit., T° II, p. 214, n° 699). En la especie, el pago de la prima se realizaba mediante el sistema de débito automático (ver fs. 251/9) y según surge de la pericial contable, la cuota que vencía el 5/11/07 se encontraba impaga y la póliza se canceló el 4/12/07. El siniestro ocurrió el 1ro. de diciembre de 2007 y su denuncia se efectuó el 25/6/08 (ver fs. 396 de la pericial contable). La actora plantea en sus agravios que la denuncia fue realizada el 21/4/08, según surge de la copia de fs. 124/5. Sin embargo tal diferencia de fechas carece de importancia, pues lo trascendente en el caso, como se vio, es que el plazo para que la compañía aseguradora se pronuncie acerca del derecho del asegurado comenzó a correr desde la audiencia de mediación (la fecha de la primer audiencia que concurrió Mapfre, fue el 7/3/08, ver fs. 23/5). La aseguradora no respondió en ese plazo y de todos modos he de destacar que no cumplió en ningún momento con la carga prevista por el art. 56 ley de seguros. Es decir aceptó el siniestro sin ninguna objeción. En razón a todo lo expuesto y de acuerdo al principio de buena fe que debe imperar en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos (conf. art. 1198 Código Civil), corresponde precisar que resulta intrascendente que la denuncia de siniestro hubiera sido tardía, pues reitero que el primer momento en que la aseguradora conoció la existencia Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L de este accidente fue en aquella audiencia del 7 de marzo y a partir de ahí comenzó a correr el plazo de 30 días previsto por el art. 56 in fine ley de seguros, máxime si se aprecia que la póliza fue cancelada 3 días más tarde de ocurrido el hecho cuando se pagaba por débito automático; reglas de buena fe importaban que la compañías notificara al asegurado tal circunstancia, pero en el caso no ocurrió y la suspensión por falta de pago de la prima cede ante la aceptación tácita de la compañía, pues nada impide que con su silencio admita su responsabilidad. Por ende, en razón de las particularidades del caso, no obstante la falta de pago, juzgo que el incumplimiento de la carga prevista por la última parte del art. 56 ley de seguros implicó la aceptación de la cobertura de este accidente, pues la extinción del derecho del asegurado no se produce ipso iure, en el instante mismo del incumplimiento, sino recién cuando la aseguradora invoca su existencia para liberarse. En definitiva, voto porque se admitan estos agravios y se desestime la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, condenándola por este juicio en la medida del seguro, con costas. Así voto porque se revoque este aspecto del pronunciamiento de grado. V.- Intereses: Es cierto que la Sra. juez de grado no fijó intereses, como remarcó la parte actora en sus agravios. Sin embargo no existió tal omisión, sino que no fueron reclamados al inicio, circunstancia que impide su otorgamiento. Motivo por el cual y en virtud al principio de congruencia, voto por desechar esta petición. VI.- Costas: Pretende la demandada que se impongan las costas por su orden. Pero ningún argumento aportó el apelante para fundar su queja, incumpliendo de esa forma con lo previsto por el art. 265 del Cód. Procesal. No obstante he de señalar que la circunstancia de que se hubiera desestimado algún rubro no modifica la calidad de vencido en el pleito de la parte demandada y por ello debe cargar con la totalidad de las costas. Por todo lo expuesto, voto porque se confirme la sentencia en lo que fue materia de agravios salvo en cuanto al monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, estableciendo la suma de $ 20.000 y el del daño moral que se eleva a $25.000 y en lo concerniente a la excepción de falta de legitimación opuesta por la citada en garantía, que se rechaza y consecuentemente corresponde que se haga extensiva la condena a Mapfre Argentina Seguros SA, en los términos del art. 118 de la ley 17.418 con las costas de ambas instancias a cargo de ésta última (art. 69 del Código Procesal). Las costas de alzada sobre el fondo del asunto son a cargo de la demandada y de la citada en garantía por resultar substancialmente vencidas (art. 68 del Cód. Procesal).- Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Galmarini, el Dr. Liberman vota en el mismo sentido. La Dra. Pérez Pardo no firma por encontrarse en uso de licencia (art.109 del RJN). Con lo que terminó el acto. Firmado: José Luis Galmarini y Víctor Fernando Liberman. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala. Jorge A. Cebeiro Secretario de Cámara ///nos Aires, de noviembre de 2012. Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: confirmar la sentencia en lo que fue materia de agravios salvo en cuanto al monto fijado en concepto de incapacidad sobreviniente, estableciendo la suma de $ 20.000 y el del daño moral que se eleva a $25.000 y en lo concerniente a la excepción de falta de legitimación opuesta por la citada en garantía, que se rechaza y Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL L consecuentemente corresponde que se haga extensiva la condena a Mapfre Argentina Seguros SA, en los términos del art. 118 de la ley 17.418 con las costas de ambas instancias a cargo de ésta última (art. 69 del Código Procesal). Las costas de alzada sobre el fondo del asunto son a cargo de la demandada y de la citada en garantía. Difiérese conocer de los recursos deducidos por honorarios y los correspondientes a la alzada hasta tanto exista liquidación aprobada en los términos de ley 24.432. Regístrese, notifíquese y devuélvase. JOSE LUIS GALMARINI VICTOR FERNANDO LIBERMAN (P.A.S.)