FIJACION DEL HABER MINIMO A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Resolución 38/2026

RESOL-2026-38-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2026

VISTO el Expediente N° EX-2026-15108151--ANSES-DGDPYN#ANSES; las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.260, sus modificatorias y complementarias; los Decretos Nros. 110 de fecha 7 de febrero de 2018 y 274 de fecha 22 de marzo de 2024; la Disposición N° DI-2026-2-APN-SSSS#MCH de fecha 4 de febrero de 2026; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley N° 26.425, las cuales se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24 sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la fórmula que, como ANEXO, forma parte integrante del mismo.

Que, a su vez, dicho decreto dispone que, en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del mismo, la primera actualización se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024.

Que, a través de los Informes N° IF-2026-14875908-ANSES-DGPEYE#ANSES y N° IF-2026-14876540-ANSES-DGPEYE#ANSES, se detallaron las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) y el cálculo de la movilidad a considerar, respectivamente, la cual es de DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (2,88 %).

Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 110/18 -reglamentario de la Ley N° 27.426- facultó a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), establecido en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que, de igual modo, el precitado decreto puso en cabeza de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la actualización del valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), según la variación del índice de movilidad establecido por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que, en consecuencia, corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026.

Que, por su parte, la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, por Disposición N° DI-2026-2-APN-SSSS#MCH, de fecha 4 de febrero de 2026, e Informe N° IF-2026-09667346-APN-DNPSS#MCH, de fecha 27 de enero de 2026, estableció los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo de 2026.

Que el Servicio Jurídico Permanente de esta Administración Nacional tomó la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del Decreto N° 2.741/91, el artículo 3° del Decreto N° 110/18 y el Decreto N° 69/25.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2026, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($369.600,88).

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2026, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.487.063,95).

ARTÍCULO 3°.- Establécense las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($124.481,49) y PESOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.045.590,45), respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2026.

ARTÍCULO 4°.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de marzo de 2026, en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($169.075,53).

ARTÍCULO 5°.- Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prevista en el artículo 13 de la Ley N° 27.260, aplicable a partir del mes de marzo de 2026, en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SETENTA CENTAVOS ($295.680,70).

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de marzo de 2026, se actualizarán, a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados por la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL en la Disposición N° DI-2026-2-APNSSSS#MCH, de fecha 4 de febrero de 2026, y contenidos en el Informe N° IF-2026-09667346-APNDNPSS# MCH, de fecha 27 de enero de 2026, que como Anexo forma parte integrante de la referida disposición.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Procesos y Normas de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración de requerimientos, normas y comunicaciones que fueran necesarias, para implementar lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese.

Fernando Omar Bearzi

e. 20/02/2026 N° 8706/26 v. 20/02/2026

Fecha de publicación 20/02/2026

IMPLEMENTACION EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR !!!

El 30 de septiembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 696/2025 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Allí se modificó el Decreto 1467/2011 del ex-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que reglamenta la Ley 26589 de Mediación y Conciliación ,y se sustituyó su Anexo 1.

La finalidad del Decreto 696/2025 es lograr una mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en los procesos de mediación, mediante el uso de herramientas digitales. Para esto, se prevé la creación de un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, que deberá ser implementado por el Ministerio de Justicia en un plazo 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia del Decreto 696/2025, prorrogables por única vez por un plazo de 90 días corridos.
 

Las principales modificaciones ligadas a la digitalización del proceso de mediación son las siguientes:

• Las audiencias de mediación deberán celebrarse mediante el uso de herramientas digitales, siempre que se garantice la identidad de las partes y los principios que rigen el procedimiento de mediación. Subsidiariamente, de acuerdo con las particularidades del caso y a requerimiento de las partes, se podrán celebrar de manera presencial en la oficina del mediador. También, se permite al mediador variar la modalidad de realización de las audiencias siempre que fundamente la decisión y notifique a las partes involucradas.
• El acceso a la plataforma donde se celebrará la audiencia se encontrará restringido y estará disponible únicamente para las partes.
• Se prohíbe la grabación o transcripción de las audiencias y la transmisión de lo intercambiado entre las partes y el mediador (salvo dispensa expresa).
• El incumplimiento del deber de confidencialidad por las partes o sus letrados podrá dar lugar a la reparación de los daños causados.
• El pago del arancel de inicio se hará por medios electrónicos.
• El envío de la documentación respaldatoria del caso deberá realizarse al Domicilio Electrónico Constituido del mediador ante la Dirección Nacional de Mediación. Solo de modo subsidiario se prevé la posibilidad de remitirlo a la oficina del mediador.
• Se prohíbe la representación por poder de personas físicas siempre que la audiencia se celebre por medios digitales, exceptuando los casos en los que se celebre de manera presencial y a una distancia mayor a 150 km del lugar de la ciudad en la que se celebren las audiencias. En su caso, el apoderado deberá estar habilitado a tal efecto en el sistema informatizado. Esta regla no resulta aplicable a las personas jurídicas.
• En caso de incomparecencia a una audiencia, su justificación deberá ser presentada de forma electrónica a través del sistema informatizado.
• El acuerdo, junto con las actas de las audiencias, deberá ser registrado y archivado en el sistema informatizado.
• Todas las actas deberán ser firmadas electrónicamente por las partes y digitalmente por el mediador, las que quedarán certificadas a partir de su firma y registro en el sistema informatizado.

Por su parte, en lo relativo al régimen de notificaciones, se establece que es válida la notificación inicial del procedimiento al requerido que se curse al Domicilio Fiscal Electrónico constituido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Como alternativa, de no encontrarse dicho domicilio registrado, se establece la notificación a través de medios fehacientes en formato físico. Tal notificación deberá incluir, entre otras cosas, los datos identificatorios de la videoconferencia y la plataforma en la que se realizará.

Asimismo, las casillas de correo electrónico de las partes desde las cuales se remita la información y documentación requerida en el artículo 8 del Decreto 696/2025, en forma previa a la primera audiencia, serán considerados como domicilios electrónicos constituidos y resultarán válidos para todas las notificaciones vinculadas al procedimiento.

Por su parte, se establece que las notificaciones que deban practicarse en el extranjero deberán llevarse a cabo por vía postal o consular, pudiendo pedir la intervención del juzgado a fin de aplicar la convención o instrumento internacional pertinente.

También se modificaron otros aspectos del procedimiento de mediación como: 

1. la posibilidad de acreditar la personería hasta al menos dos horas antes de la celebración de la primera audiencia;
2. la posibilidad del requirente de desistir del procedimiento antes de la celebración de la primera audiencia sin expresión de causa;
3. la facultad del mediador de concluir el procedimiento de oficio en caso de que se trate de una controversia excluida de mediación, entre otras.

Finalmente, el Decreto 696/2025 prevé que, hasta que se implemente el sistema informatizado, continuarán vigentes los sistemas informáticos que se encuentran en uso y que, durante un plazo de 365 días corridos a partir de la implementación del sistema, las notificaciones iniciales a las personas humanas citadas como parte requerida deberán cursarse tanto de manera electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico como en formato físico al domicilio denunciado por el requirente.

El Decreto entró en vigencia el 1.° de octubre de 2025.

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DEFENSA DEL CONSUMIDOR- BOTON DE ARREPENTIMIENTO

El 4 de septiembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 954/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Allí se reemplazó y unificó en un único texto la normativa reglamentaria aplicable al derecho de revocación de la aceptación, a la baja de servicios y a los servicios de atención al consumidor. Estas cuestiones se encontraban reguladas por la Resolución 316/2018 de la ex-Secretaría de Comercio y la Resolución 424/2020 de la ex-Secretaría de Comercio Interior.

En primer lugar, la nueva norma estableció que el link mediante el cual el consumidor puede revocar la aceptación de la oferta del producto o del servicio contratados a distancia (a través de páginas web o formato similar), denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, debe estar a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso −sin requerir que este acceso sea desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los proveedores, tal como exigía la normativa anterior−.

Asimismo, consagró un régimen especial para el ejercicio de este derecho en caso de: adquisición de entradas para espectáculos, eventos deportivos o artísticos; y contrataciones efectuadas con fines turísticos con fecha determinada. En ambos supuestos, el plazo de 10 días corridos para ejercer el derecho se computará desde la entrega de la entrada o del comprobante de pago (lo que ocurra primero) y el consumidor deberá cursar la comunicación o notificación con, como mínimo, 24 horas de antelación a la fecha en que deba prestarse el servicio.

También, incorporó nuevas excepciones para el ejercicio del derecho de revocación:

1. productos que hayan sido efectivamente utilizados o consumidos por el consumidor;
2. productos o servicios adquiridos con fines de reventa y/o para ser integrados en procesos productivos;
3. productos perecederos.

Respecto de la baja de servicios, a diferencia del régimen anterior se dispuso que todos los proveedores −sin distinciones− que comercialicen bienes y servicios a distancia, a través de páginas web y/o canales digitales de comercialización o formato similar, deberán tener a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso, un link denominado “BOTÓN DE BAJA DE SERVICIO”. Tampoco aquí se requiere el acceso desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los proveedores. Asimismo, se suprimió la obligación anterior de mantener una base de datos con la información identificatoria del consumidor o usuario y los datos correspondientes a la baja del servicio.

Para ambos casos, al momento de hacer uso del “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO” y “BOTÓN DE BAJA DE SERVICIOS”, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite adicional. Asimismo, a partir de la solicitud efectuada por el consumidor, el proveedor deberá informar al consumidor el código de identificación o registración del trámite dentro de las 24 horas subsiguientes.

Por otro lado, se mantiene la previsión de que las empresas proveedoras de bienes y servicios que brinden atención telefónica o por cualquier medio informático a los usuarios, deberán establecer un horario de atención de consultas y/o reclamos que no sea inferior a los días y horarios en que operen comercialmente; y que, si la atención es exclusivamente telefónica y/o electrónica, no sea inferior a ocho horas por día, en días hábiles, de lunes a viernes. También, se mantiene la obligación de informar en sus páginas web el número telefónico o sitio electrónico para formular consultas y/o reclamos; debiéndose indicar en tal información el área responsable del servicio de atención al cliente. No obstante, se incorpora la posibilidad de identificar un canal alternativo de comunicación y se suprime la obligación de proveer dicha información en todos los puntos de atención al usuario.

Finalmente, se otorgó un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del 4/9/2025 para que los proveedores adecúen sus sitios de internet y canales digitales de comercialización y se dispuso que el incumplimiento será sancionado conforme a la Ley 24240 de Defensa del Consumidor.

ASESORAMIENTO PREVENTIVO TRABAJADORES Y CONSUMIDORES

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Síntesis: Se establece que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2025 será de $ 326.298,38. Emisor: Administración Nacional de la Seguridad Social Publicación en el Boletín Oficial: 25/09/2025

 Resolución 317/2025 - Haber mínimo garantizado - Actualización

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