PERSONAS CON DIABETES LEY PROTEGE LA COBERTURA EN UN 100%

La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, será del 100% (cien por ciento) y en las cantidades necesarias según prescripción médica.

Si vos estas sin cobertura hace tu consulta con el estudio jurídico cigorraga en forma virtual o en forma presencial.

1149707763 

EL ESTUDIO JURIDICO CIGORRAGA YA ES MARCA REGISTRADA POR EL INPI

ya es Marca Registrada

LEY DE MODERNIZACION LABORAL : NO SE APLICA A LOS TRABAJADORES DE PLATAFORMAS DIGITALES

La ley 27802 que entra en vigencia a partir del día de hoy 6 de marzo del 2026, EXCLUYE LA APLICACION DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO PARA LOS PRESTADORES INDEPENDIENTES DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS CONFORME A LA REGULACION ESPECIFICA.

REGULACION ESPECIFICA:

TÍTULO XII

Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas

Disposiciones generales

Artículo 119.- Objeto. El presente régimen tiene por objeto establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan a través de dichas plataformas, los servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes, productos u objetos.

Artículo 120.- Definiciones. A los fines del presente régimen se entiende por:

1. Servicio de Reparto a través de plataformas tecnológicas: comprende el retiro, traslado o entrega de bienes, productos u objetos, sin tratamiento o procesamiento, utilizando cualquier medio de transporte, incluyendo la prestación del servicio a pie, contratados a través de una plataforma tecnológica.

2. Servicio de movilidad de personas a través de plataformas tecnológicas: comprende el traslado de personas, concertado a través de una plataforma que conecta a usuarios y prestadores independientes por un precio de traslado convenido.

3. Prestador independiente de plataformas tecnológicas: persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y/o de movilidad de personas a usuarios a través de las plataformas tecnológicas de forma independiente.

4. Contrato de prestación del servicio de reparto a través de plataformas tecnológicas: contrato que se perfecciona con la aceptación a través de la plataforma entre un usuario consumidor que solicita un traslado y/o compra un bien a un particular y/o a un comercio adherido y/o solicita un servicio de reparto y un prestador independiente de plataformas que presta dicho servicio por el que recibe una retribución dineraria a través de la plataforma en la cual se registra este último.

5. Plataforma Tecnológica: aquella persona jurídica que, a título oneroso, administra o gestiona un código ejecutable en aplicaciones tecnológicas de dispositivos móviles o fijos que permite al prestador independiente de plataformas ofrecer y ser contratado por un usuario para ejecutar sus servicios de movilidad de personas y/o reparto de bienes, productos u objetos en un territorio geográfico específico y de forma independiente.

Artículo 121.- Libertad de conexión del prestador independiente a la plataforma tecnológica del servicio de movilidad de personas y reparto. El prestador independiente será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas, a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios de reparto y/o movilidad de personas durante los horarios y en el tiempo que estime convenientes, pudiendo el prestador libremente aceptar y/o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad. También será libre de definir el medio de transporte en que preste el servicio, siempre que cumpla con los requisitos legales y convencionales para ellos. Los prestadores independientes tendrán derecho a conocer los criterios utilizados por las plataformas para la agrupación de los mismos. Los criterios deberán ser expresados en lenguaje claro y deben estar disponibles de manera digital para su consulta en la máxima medida en que el derecho al secreto comercial de la plataforma lo permita.

Artículo 122.- Ámbito de Aplicación. El presente régimen rige en todo el territorio de la República Argentina respecto de las relaciones que se establezcan entre prestadores independientes que prestan sus servicios a través de plataformas, en tanto éstas tengan como objeto principal intermediar en el servicio de reparto y/o movilidad de personas.

Artículo 123.- Principio de libertad de formas. Las partes podrán acordar libremente los términos del contrato.

Artículo 124.- Obligaciones de las plataformas tecnológicas. Son obligaciones específicas de las plataformas tecnológicas:

1. Brindar a los prestadores independientes la información necesaria a efectos que pueda decidir aceptar o rechazar la prestación del servicio de movilidad de personas y/o reparto requerida por un usuario.

2. Respetar la libertad de conexión del prestador independiente.

3. Ofrecer, a través de medios digitales, información vinculada a la normativa en seguridad vial y a la prestación del servicio, destinadas a los prestadores independientes.

4. Facilitar el acceso a los elementos de seguridad vial aplicables según el tipo de vehículo.

5. Contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.

6. Arbitrar los medios para que los prestadores independientes tengan instancias de atención a través de operadores y/o recepcionistas, con un rol estrictamente de soporte auxiliar, en la cual puedan obtener justificaciones respecto a las decisiones que afecten su operatoria con las plataformas.

Artículo 125.- Obligaciones de los prestadores independientes. A los efectos de poder utilizar las plataformas, los prestadores independientes deben cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ser titular de la cuenta de usuario necesaria para prestar sus servicios a través de las diferentes plataformas de intermediación digital que utilice.

2. Estar inscripto debidamente ante las autoridades fiscales correspondientes y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social, notificando cualquier alteración en su situación fiscal. Asimismo, deberán hacer los pagos de los aportes respectivos a través de los cuales tendrán acceso a la Prestación Básica Universal (PBU), el retiro por invalidez o la pensión por fallecimiento, previstas en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones y a las prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud, entre otras, según corresponda en cada caso.

3. Tener cuenta bancaria o billetera electrónica cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) sea debidamente informada a la plataforma tecnológica, a fin de recibir las transferencias que correspondan por sus servicios.

4. Respetar las normas de tránsito al momento de la prestación del servicio.

5. Cumplir su prestación debidamente y realizar los viajes que libremente decida en beneficio de tantos usuarios como decida.

Artículo 126.- Derechos de los prestadores independientes. Los prestadores independientes de plataformas tecnológicas del servicio de movilidad de personas y/o reparto, tendrán derecho, sin que éstos impliquen un indicio de relación laboral, subordinación o dependencia, a:

1. Rechazar cualquiera de los pedidos y/o solicitudes que reciba por la aplicación, sin obligación de brindar justificativo alguno.

2. Recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite, parcial o totalmente, el acceso a la infraestructura digital. A su vez, tendrán derecho a interactuar con operadores y/o recepcionistas y podrán ejercer su derecho a réplica.

3. Solicitar la portabilidad de sus datos en un formato estructurado, genérico y de uso común.

4. Acceder a una capacitación en la cual se detalle el uso de la infraestructura digital, la interacción con los diferentes usuarios y a todo aquel conocimiento relevante para la prestación de sus servicios independientes. La misma será de acceso libre para los prestadores independientes, debiendo las plataformas asumir los costos asociados.

5. Acceder a una capacitación en aspectos de seguridad vial, con el objetivo de conocer las normativas de tránsito, las mejores prácticas de convivencia vial, y el correcto uso de los elementos de seguridad vial necesarios para su prestación de servicios. La misma será de acceso libre para los prestadores independientes, debiendo las plataformas asumir los costos asociados.

6. Acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas, el cual, en su cobertura mínima, deberá contemplar los riesgos asociados al fallecimiento accidental, la incapacidad total y/o parcial permanente derivada de la prestación del servicio, los gastos médicos y farmacéuticos, así como los costos funerarios.

La responsabilidad de la provisión de este seguro y los gastos asociados al mismo serán objeto de libre acuerdo entre las partes involucradas, sin establecer una responsabilidad exclusiva para ninguna de ellas, ni un indicio de relación laboral o dependencia entre las plataformas y repartidores. La ampliación de las prestaciones o la implementación de seguros adicionales no implicarán incumplimiento de lo dispuesto en esta normativa, ni serán considerados como indicio de laboralidad.

7. Recibir una retribución dineraria por la prestación de sus servicios de parte del usuario consumidor, a través de la plataforma por la que ofrece o presta los servicios de movilidad de personas y/o reparto; asimismo también tiene derecho a percibir el cien por ciento (100%) del monto que los usuarios agreguen en concepto de gratificación, recompensa o propina. Dicho monto puede ser sugerido por la plataforma, a efectos ilustrativos y preservando la posibilidad de modificarlo por parte del usuario.

8. Conectarse sin tener la exigibilidad de una periodicidad o frecuencia mínima.

9. Registrarse en la aplicación sin que ello implique asumir la obligación de conectarse y/o aceptar pedidos.

10. Interrumpir la utilización de la aplicación, sin tener que dar previo aviso a la plataforma, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda tener frente al usuario.

11. Prestar servicios durante el tiempo que el prestador independiente estime conveniente.

12. Conectarse a la aplicación y prestar los servicios dentro del ámbito de cobertura establecido por la plataforma tecnológica.

13. Decidir el mejor trayecto o recorrido, pudiendo valerse de la sugerencia de ruta que muestra la aplicación o utilizar otras aplicaciones de navegación de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), siempre que ello no perjudique al usuario.

Artículo 127.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo nacional, vía reglamentación, determinará la autoridad de aplicación del presente régimen.

Artículo 128.- Aplicación supletoria. Para los casos no previstos en este régimen y su reglamentación, en lo que respecta a la vinculación entre la plataforma digital y el prestador independiente de plataformas digitales, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.

FIJACION DEL HABER MINIMO A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Resolución 38/2026

RESOL-2026-38-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2026

VISTO el Expediente N° EX-2026-15108151--ANSES-DGDPYN#ANSES; las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.260, sus modificatorias y complementarias; los Decretos Nros. 110 de fecha 7 de febrero de 2018 y 274 de fecha 22 de marzo de 2024; la Disposición N° DI-2026-2-APN-SSSS#MCH de fecha 4 de febrero de 2026; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley N° 26.425, las cuales se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24 sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, estableciendo que los haberes se actualizarán mensualmente, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la fórmula que, como ANEXO, forma parte integrante del mismo.

Que, a su vez, dicho decreto dispone que, en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del mismo, la primera actualización se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024.

Que, a través de los Informes N° IF-2026-14875908-ANSES-DGPEYE#ANSES y N° IF-2026-14876540-ANSES-DGPEYE#ANSES, se detallaron las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) y el cálculo de la movilidad a considerar, respectivamente, la cual es de DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTÉSIMOS POR CIENTO (2,88 %).

Que, por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 110/18 -reglamentario de la Ley N° 27.426- facultó a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), establecido en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que, de igual modo, el precitado decreto puso en cabeza de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) la actualización del valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), según la variación del índice de movilidad establecido por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.

Que, en consecuencia, corresponde establecer los valores del mes de marzo de 2026 correspondientes a las prestaciones y conceptos previsionales, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a enero de 2026.

Que, por su parte, la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, por Disposición N° DI-2026-2-APN-SSSS#MCH, de fecha 4 de febrero de 2026, e Informe N° IF-2026-09667346-APN-DNPSS#MCH, de fecha 27 de enero de 2026, estableció los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo de 2026.

Que el Servicio Jurídico Permanente de esta Administración Nacional tomó la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del Decreto N° 2.741/91, el artículo 3° del Decreto N° 110/18 y el Decreto N° 69/25.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2026, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($369.600,88).

ARTÍCULO 2°.- Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2026, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 9° de la Ley N° 26.417 y 2° del Decreto N° 274/24, será de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.487.063,95).

ARTÍCULO 3°.- Establécense las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 -texto según Ley N° 26.222- en la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($124.481,49) y PESOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.045.590,45), respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2026.

ARTÍCULO 4°.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, aplicable a partir del mes de marzo de 2026, en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($169.075,53).

ARTÍCULO 5°.- Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prevista en el artículo 13 de la Ley N° 27.260, aplicable a partir del mes de marzo de 2026, en la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SETENTA CENTAVOS ($295.680,70).

ARTÍCULO 6°.- Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 28 de febrero de 2026 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de marzo de 2026, se actualizarán, a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados por la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL en la Disposición N° DI-2026-2-APNSSSS#MCH, de fecha 4 de febrero de 2026, y contenidos en el Informe N° IF-2026-09667346-APNDNPSS# MCH, de fecha 27 de enero de 2026, que como Anexo forma parte integrante de la referida disposición.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la Dirección General Diseño de Procesos y Normas de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración de requerimientos, normas y comunicaciones que fueran necesarias, para implementar lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese.

Fernando Omar Bearzi

e. 20/02/2026 N° 8706/26 v. 20/02/2026

Fecha de publicación 20/02/2026

IMPLEMENTACION EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR !!!

El 30 de septiembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 696/2025 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Allí se modificó el Decreto 1467/2011 del ex-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que reglamenta la Ley 26589 de Mediación y Conciliación ,y se sustituyó su Anexo 1.

La finalidad del Decreto 696/2025 es lograr una mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en los procesos de mediación, mediante el uso de herramientas digitales. Para esto, se prevé la creación de un Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria, que deberá ser implementado por el Ministerio de Justicia en un plazo 180 días corridos a partir de la entrada en vigencia del Decreto 696/2025, prorrogables por única vez por un plazo de 90 días corridos.
 

Las principales modificaciones ligadas a la digitalización del proceso de mediación son las siguientes:

• Las audiencias de mediación deberán celebrarse mediante el uso de herramientas digitales, siempre que se garantice la identidad de las partes y los principios que rigen el procedimiento de mediación. Subsidiariamente, de acuerdo con las particularidades del caso y a requerimiento de las partes, se podrán celebrar de manera presencial en la oficina del mediador. También, se permite al mediador variar la modalidad de realización de las audiencias siempre que fundamente la decisión y notifique a las partes involucradas.
• El acceso a la plataforma donde se celebrará la audiencia se encontrará restringido y estará disponible únicamente para las partes.
• Se prohíbe la grabación o transcripción de las audiencias y la transmisión de lo intercambiado entre las partes y el mediador (salvo dispensa expresa).
• El incumplimiento del deber de confidencialidad por las partes o sus letrados podrá dar lugar a la reparación de los daños causados.
• El pago del arancel de inicio se hará por medios electrónicos.
• El envío de la documentación respaldatoria del caso deberá realizarse al Domicilio Electrónico Constituido del mediador ante la Dirección Nacional de Mediación. Solo de modo subsidiario se prevé la posibilidad de remitirlo a la oficina del mediador.
• Se prohíbe la representación por poder de personas físicas siempre que la audiencia se celebre por medios digitales, exceptuando los casos en los que se celebre de manera presencial y a una distancia mayor a 150 km del lugar de la ciudad en la que se celebren las audiencias. En su caso, el apoderado deberá estar habilitado a tal efecto en el sistema informatizado. Esta regla no resulta aplicable a las personas jurídicas.
• En caso de incomparecencia a una audiencia, su justificación deberá ser presentada de forma electrónica a través del sistema informatizado.
• El acuerdo, junto con las actas de las audiencias, deberá ser registrado y archivado en el sistema informatizado.
• Todas las actas deberán ser firmadas electrónicamente por las partes y digitalmente por el mediador, las que quedarán certificadas a partir de su firma y registro en el sistema informatizado.

Por su parte, en lo relativo al régimen de notificaciones, se establece que es válida la notificación inicial del procedimiento al requerido que se curse al Domicilio Fiscal Electrónico constituido ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Como alternativa, de no encontrarse dicho domicilio registrado, se establece la notificación a través de medios fehacientes en formato físico. Tal notificación deberá incluir, entre otras cosas, los datos identificatorios de la videoconferencia y la plataforma en la que se realizará.

Asimismo, las casillas de correo electrónico de las partes desde las cuales se remita la información y documentación requerida en el artículo 8 del Decreto 696/2025, en forma previa a la primera audiencia, serán considerados como domicilios electrónicos constituidos y resultarán válidos para todas las notificaciones vinculadas al procedimiento.

Por su parte, se establece que las notificaciones que deban practicarse en el extranjero deberán llevarse a cabo por vía postal o consular, pudiendo pedir la intervención del juzgado a fin de aplicar la convención o instrumento internacional pertinente.

También se modificaron otros aspectos del procedimiento de mediación como: 

1. la posibilidad de acreditar la personería hasta al menos dos horas antes de la celebración de la primera audiencia;
2. la posibilidad del requirente de desistir del procedimiento antes de la celebración de la primera audiencia sin expresión de causa;
3. la facultad del mediador de concluir el procedimiento de oficio en caso de que se trate de una controversia excluida de mediación, entre otras.

Finalmente, el Decreto 696/2025 prevé que, hasta que se implemente el sistema informatizado, continuarán vigentes los sistemas informáticos que se encuentran en uso y que, durante un plazo de 365 días corridos a partir de la implementación del sistema, las notificaciones iniciales a las personas humanas citadas como parte requerida deberán cursarse tanto de manera electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico como en formato físico al domicilio denunciado por el requirente.

El Decreto entró en vigencia el 1.° de octubre de 2025.

NO TE RECONOCEN EL PAGO DE LAS VACACIONES? SABIAS QUE TE LAS TIENEN QUE PAGAR EN FORMA ANTICIPADA??

VACACIONES DE LOS TRABAJADORES/AS

TE LAS TIENEN QUE PAGAR EN FORMA ANTICIPADA Y TIENEN UN CALCULO CON UN PLUS!!

DEPENDE DE QUE ACTIVIDAD REALICES HAY QUE VER TU CCT O ESTATUTO PROFESIONAL

PARA EMPLEADOS PUBLICOS DEPENDERA DE LA LEY Y DE LOS CCT 

PARA MAS INFORMACION Y ASESORAMIENTO CONTACTATE CON EL LETRADO

AL SIGUIENTE MAIL: estudiocigorraga@fibertel.com.ar

SI SOS CONSUMIDOR TENES DERECHOS...DEFENDETE

CONSULTOR LEGAL EN LUJAN, BS AS. SAN MARTIN 528 OF 9 GALERIA JARDIN

TENES PROBLEMAS EN EL TRABAJO?

TENES PROBLEMAS CON TU PAREJA? 

TENES PROBLEMAS CON EL PADRE DE TU HIJA/O

TENES PROBLEMAS COMO CONSUMIDOR EN EL BANCO? 

SOLICITASTE UN CREDITO PERSONAL Y NO PUDISTE PAGAR? 

SI TE VAS A JUBILAR PODES MANTENER TU OBRA SOCIAL: "VER FALLO"

M, A c/ OSDE Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

La actora promovió acción de amparo para mantener su afiliación a la obra social tras su jubilación. El Juzgado Federal hizo lugar a la demanda, ordenando la continuidad de la afiliación y el respeto a las condiciones previas a la baja.https://www.mailing.jurisprudenciaarg.com/click2.aspx?utm_source=SWNvbW1hcmtldGluZw%3d%3d&utm_medium=ZW1haWw%3d&utm_content=MXN0&utm_campaign=YUM%3d&boton=MjAxMTU2MDU%3d&config=MjQ1NzQwMg%3d%3d&envionro=NTgwODA%3d&codEmail=NTgwODA%3d&email=ZXN0dWRpb2NpZ29ycmFnYUBnbWFpbC5jb20%3d&viral=MA%3d%3d&nombreProv=R21haWw%3d&link=https://jurisprudenciaarg.com/fallos/1111689-m-a-c-osde-y-otro-s-amparo-ley-16-986

DICTAMEN DEL PROCURADOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN FAVOR DEL ESTUDIO CIGORRAGA

https://web.facebook.com/emiliano.cigorraga.2025/videos/2064241524346233#:~:text=https%3A//www.facebook,LUJAN%2C%20BS%20AS

DEFENSA DEL CONSUMIDOR- BOTON DE ARREPENTIMIENTO

El 4 de septiembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 954/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Allí se reemplazó y unificó en un único texto la normativa reglamentaria aplicable al derecho de revocación de la aceptación, a la baja de servicios y a los servicios de atención al consumidor. Estas cuestiones se encontraban reguladas por la Resolución 316/2018 de la ex-Secretaría de Comercio y la Resolución 424/2020 de la ex-Secretaría de Comercio Interior.

En primer lugar, la nueva norma estableció que el link mediante el cual el consumidor puede revocar la aceptación de la oferta del producto o del servicio contratados a distancia (a través de páginas web o formato similar), denominado “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, debe estar a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso −sin requerir que este acceso sea desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los proveedores, tal como exigía la normativa anterior−.

Asimismo, consagró un régimen especial para el ejercicio de este derecho en caso de: adquisición de entradas para espectáculos, eventos deportivos o artísticos; y contrataciones efectuadas con fines turísticos con fecha determinada. En ambos supuestos, el plazo de 10 días corridos para ejercer el derecho se computará desde la entrega de la entrada o del comprobante de pago (lo que ocurra primero) y el consumidor deberá cursar la comunicación o notificación con, como mínimo, 24 horas de antelación a la fecha en que deba prestarse el servicio.

También, incorporó nuevas excepciones para el ejercicio del derecho de revocación:

1. productos que hayan sido efectivamente utilizados o consumidos por el consumidor;
2. productos o servicios adquiridos con fines de reventa y/o para ser integrados en procesos productivos;
3. productos perecederos.

Respecto de la baja de servicios, a diferencia del régimen anterior se dispuso que todos los proveedores −sin distinciones− que comercialicen bienes y servicios a distancia, a través de páginas web y/o canales digitales de comercialización o formato similar, deberán tener a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso, un link denominado “BOTÓN DE BAJA DE SERVICIO”. Tampoco aquí se requiere el acceso desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los proveedores. Asimismo, se suprimió la obligación anterior de mantener una base de datos con la información identificatoria del consumidor o usuario y los datos correspondientes a la baja del servicio.

Para ambos casos, al momento de hacer uso del “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO” y “BOTÓN DE BAJA DE SERVICIOS”, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite adicional. Asimismo, a partir de la solicitud efectuada por el consumidor, el proveedor deberá informar al consumidor el código de identificación o registración del trámite dentro de las 24 horas subsiguientes.

Por otro lado, se mantiene la previsión de que las empresas proveedoras de bienes y servicios que brinden atención telefónica o por cualquier medio informático a los usuarios, deberán establecer un horario de atención de consultas y/o reclamos que no sea inferior a los días y horarios en que operen comercialmente; y que, si la atención es exclusivamente telefónica y/o electrónica, no sea inferior a ocho horas por día, en días hábiles, de lunes a viernes. También, se mantiene la obligación de informar en sus páginas web el número telefónico o sitio electrónico para formular consultas y/o reclamos; debiéndose indicar en tal información el área responsable del servicio de atención al cliente. No obstante, se incorpora la posibilidad de identificar un canal alternativo de comunicación y se suprime la obligación de proveer dicha información en todos los puntos de atención al usuario.

Finalmente, se otorgó un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del 4/9/2025 para que los proveedores adecúen sus sitios de internet y canales digitales de comercialización y se dispuso que el incumplimiento será sancionado conforme a la Ley 24240 de Defensa del Consumidor.