martes, 17 de noviembre de 2026

EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PCIA DE BS AS EXIGIRA PRESENTAR FORMALIDADES QUE POR LEY NACIONAL SE PROHIBIO





La Provincia lo presenta como una herramienta de fiscalización. Nuestra lectura es otra: tal como está diseñado, el formulario reintroduce por vía reglamentaria una registración paralela que prohíbe expresamente el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la redacción que le dio la Ley 27.802.

Qué exige el formulario

Están obligados los empleadores que tengan domicilio legal o fiscal en la Provincia, que posean establecimientos en ella o que ocupen personal en relación de dependencia en su territorio. Cada mes deben presentar, a través del Portal de Trabajo:

  • El total de salarios abonados al personal habitual, eventual o extraordinario, discriminado en conceptos remunerativos, no remunerativos y neto
  • El método de control de jornada utilizado
  • Un archivo PDF con todos los recibos de sueldo y otro con los comprobantes de acreditación bancaria de los haberes
  • Los acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos sobre jornada, horas extra, banco de horas o descansos compensatorios

El formulario se presenta por mes vencido, hasta el último día hábil del mes siguiente. Es voluntario para diciembre de 2026 y obligatorio a partir de enero de 2027. La falta de presentación, presentación fuera de término y falsedad de datos se sancionan conforme a la Ley 10.149 y el Pacto Federal del Trabajo.

La registración laboral después de la reforma

La Ley 27.802 reemplazó el libro especial de sueldos por la registración de altas y bajas en los sistemas de ARCA y le dio un alcance preciso: esa registración basta a todos los efectos, y ninguna otra autoridad de aplicación puede exigir requisitos adicionales. Dispuso también que no puede exigirse a los empleadores llevar libros laborales, sea en soporte físico o digital. El Decreto 407/2026 reglamentó ese esquema.

La reforma también alcanzó al control de la jornada. El artículo 208 de la Ley 27.802 derogó el artículo 6 de la Ley 11.544, que obligaba al empleador a publicar los horarios y a llevar un registro de las horas suplementarias. Lo que subsiste en la ley es el nuevo artículo 197 bis de la LCT: el empleador que adopte un régimen de compensación de horas extra debe contar con un método fehaciente para controlar las horas trabajadas. Es un requisito de validez, no una obligación de informar a la autoridad. El F.U.T.U.R.O., en cambio, exige a todos los empleadores declarar su método de control de jornada.

Policía del trabajo o registración: dónde está la frontera

La Provincia esgrime un argumento que puede parecer atendible: las provincias no delegaron en la Nación el poder de policía del trabajo, y la fiscalización de la normativa laboral en su territorio es competencia propia. Sin embargo, la regulación del contrato de trabajo, incluidas las cargas documentales del empleador, es materia de fondo reservada al Congreso.

Dos rasgos del F.U.T.U.R.O. marcan la diferencia entre registración e inspección:

  • Periodicidad: es mensual y permanente, como lo era la rúbrica anterior
  • Sanción autónoma: se sanciona la sola falta de presentación, aunque no exista infracción laboral de fondo

Son rasgos propios de una registración, no de una inspección. Llamarla declaración jurada y presentarla por un portal no cambia su naturaleza.

Qué conviene hacer

Por ahora, lo prudente es esperar y seguir de cerca cómo evoluciona el tema. La obligación rige recién desde el período enero de 2027, que vence a fines de febrero, de modo que hay margen para definir una estrategia a la luz de lo que ocurra hasta entonces.

En el Estudio Cigorraga podemos ayudarlo a evaluar el impacto en su operatoria y a preparar los sistemas para cumplir el formulario si se mantiene la obligación.

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Ley 27742 - Ley Bases - Trabajadores de plataformas o apps (Rappi, Pedidos Ya, Glovo, Uber) - Trabajo no registrado - Daño notorio - Daños y perjuicios derivados de la irregularidad registral

Resulta procedente la reparación de los daños materiales y morales derivados de la falta de registración de una relación laboral y del incumplimiento del deber de abonar oportunamente las indemnizaciones por despido, pese a considerarse aplicables y constitucionalmente válidas las derogaciones de las sanciones previstas en las Leyes 24013, 25323 y 25345, por la Ley 27742. En el caso, DELIVERY HERO LOGISTICS S.A. y DELIVERY HERO E-COMMERCE S.A. mantuvieron durante más de tres años una relación laboral clandestina con la actora (repartidora de PEDIDOS YA), bajo la apariencia de contratos de locación de servicios, exigiéndole su inscripción como monotributista y la emisión de facturas para percibir sus ingresos, sin abonarle los sueldos anuales complementarios ni las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto justificado. La derogación de las sanciones tarifadas no elimina la antijuridicidad de los incumplimientos patronales ni impide reclamar la reparación de los perjuicios ocasionados, conforme al principio alterum non laedere, consagrado en el art. 19, Constitución Nacional y en los arts. 1737 y 1749, Código Civil y Comercial. La clandestinidad laboral provoca daños que resultan notorios de los propios hechos, en los términos del art. 1744, Código Civil y Comercial, al privar al trabajador de la protección de la seguridad social, dificultar el acceso a la cobertura de salud y al crédito, afectar sus derechos previsionales y generar incertidumbre respecto de su subsistencia. A ello se añade el perjuicio derivado de la falta de pago de las indemnizaciones, que obligó a la actora a promover una acción judicial para obtener créditos destinados a mitigar las consecuencias de la pérdida del empleo. La existencia de estos daños no requiere una prueba específica cuando surge de manera notoria de los incumplimientos acreditados, sin perjuicio de la posibilidad de demostrar consecuencias particulares de mayor entidad. En consecuencia, se condena solidariamente a las demandadas a abonar una reparación equivalente a 7 salarios, de los cuales 5 corresponden al daño material y 2 al daño moral, comprensiva de las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales de la clandestinidad laboral y de la falta de pago oportuno de las indemnizaciones.

Vargas, Mercedes Isabel vs. Delivery Hero Logistics S.A. y otro s. Despido /// Juzgado Nacional del Trabajo Nº 77, 02/11/2026; RC J 8540/26
FUENTE RUBINZAL CULZONI

DECLARAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 27541 ART. 55,56,57 Y 58 Y DEL DECRETO 163/20 (MOVILIDAD, REAJUSTE O ACTUALIZACION HABERES JUBILATORIOS



Movilidad, reajuste o actualización - Haberes previsionales - Leyes de emergencia - Declaración de inconstitucionalidad

Se rechaza la demanda de la actora tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 55, 56, 57 y 58, Ley 27541 y del Decreto 163/2020. Se destaca que respecto a las principales objeciones que plantea la actora respecto de lo dispuesto en la Ley 27541, la CSJN señaló que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva esa exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador fijar el mecanismo concreto de esa garantía teniendo en cuenta la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de derechos sociales. Asimismo, se advierte que con el dictado de las Leyes 27426 y 27541 no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el art. 17, Constitución Nacional, porque no hay violación cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados que corrían el riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico y financiero. Se expide en igual sentido respecto del Decreto 163/2020, ya que la sustitución del mecanismo de movilidad por otro de diferente naturaleza no irroga agravio constitucional alguno, pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes y reglamentaciones.

Boichuk, Irma Elena vs. Poder Ejecutivo Nacional s. Acción meramente declarativa /// Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 3, 06/11/2026; RC J 8447/26
FUENTE RUBINZAL CULZONI

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